"Hemos visto los desalojos violentos en el Indoamericano y en el barrio Papa Francisco y no queremos violencia", dijeron los delegados de los vecinos en un comunicado, en el que también insistieron en el deseo de "acceder a una vivienda, que es un derecho que hoy nos es negado".

"Frente a la necesidad de acceder a un techo, miles de familias tomamos tierras que llevaban años deshabitadas y ante el cambio de gobierno y ante la incertidumbre de lo que pasará, le pedimos a los gobiernos salientes y entrantes que garanticen una solución pacífica y de dialogo al reclamo", señalaron los ocupantes.

"Después de que terminó el censo de la gente hace diez días nosotros nos enteramos por los diarios que Desarrollo Social de la provincia había mantenido reuniones con los dueños de las tierras pero ni siquiera tenemos claridad de cuanto son", dijo Anahí, una de las 60 delegados de manzanas que coordinan la toma.

Agregó que los vecinos reclamaron un informe de dominio a la Subsecretaria de Acceso al Hábitat bonaerense pero hasta el momento no tuvieron respuesta.

"Queremos saber cuantos dueños son y si tienen intenciones de vender las tierras al gobierno para que a su vez nosotros podamos comprarla en cuotas", indicó la delegada.

“Ya nos contactamos con los dueños de las tierras ocupadas y el lunes a las 16 nos reuniremos con ellos, con sus abogados y con gente de Vivienda en la sede porteña del Banco Provincia para hacer una oferta” por los terrenos, explicó el ministro en declaraciones formuladas a Télam.

Sostuvo que intentarán "en el marco de la Ley de Hábitat" que el Estado compre las tierras, "luego haga lotes sociales, que son de bajo costo para los actuales ocupantes y los vecinos puedan tener lotes con servicios”.

“Empezamos trabajando con una mesa conformada por nosotros y el municipio e hicimos un censo, que terminamos ayer y ahora estamos pasando en limpio para hacer un expediente”, afirmó.

El funcionario explicó que el relevamiento determinó que “hay más de 2.000 familias" y agregó que a continuación pasarán al juzgado la ficha censal ya que están "bajo las órdenes de la Justicia".

"La Fiscalía Nº 4 de Morón nos pidió abordar lo social y lo sanitario”, precisó.

Detalló que en la zona “hay un tráiler del Ministerio de Salud con una carpa sanitaria asistiendo” y añadió que “la Policía bonaerense están custodiando para que nadie entre ni salga y para que se mantenga el orden, por lo que no hubo desmanes”.

No obstante, Aparicio opinó que los ocupantes “están fuera de la ley", por lo que el Ejecutivo provincial evaluará "cómo sigue judicialmente el tema porque el fiscal puede ordenar un desalojo”.

“Ellos no quisieron irse después del censo, por lo que nosotros vamos a reunirnos con los dueños y, si acceden a la venta, les vamos a pedir a los usurpadores que se vayan y que luego se realice el procedimiento como corresponde”, dijo, y remarcó que se le está “brindando la herramienta de que dispone el Estado, pero ellos van a tener primero que desalojar y luego pagar los lotes”.

"Estamos ante una situación muy injusta para los vecinos circundantes que se sienten invadidos y han tenido que padecer situaciones de inseguridad; y para los ocupantes porque están viviendo en condiciones indignas", dijo Gustavo Menéndez en diálogo con Télam.

El intendente apuntó que "es verdad que subyace en el fondo de la cuestión una necesidad básica que es tener un lugar donde vivir"

Además cuestionó que "en los últimos años no hubo una política poblacional en el municipio de Merlo, como sí lo hubo en otros distritos que han podido hacer mucho".

A su vez, sostuvo que "es injusto para quienes tenemos que asumir el próximo 10 de diciembre y para Daniel Scioli, quien ha tenido que estar en la campaña presidencial respondiendo sobre estas cuestiones que son meramente internas de Merlo".

Finalmente, apuntó al intendente actual del distrito: "No sorprende que Othacehé haga este tipo de cosas. Sabíamos que no iba a ser fácil como no fue fácil militar estos últimos 24 años en la oposición en Merlo".

Guillermo Kane, diputado provincial del Frente de Izquierda, pidió que sea tratado por la legislatura bonaerense el proyecto de expropiación de los terrenos del Barrio Nueva Esperanza en Merlo.

“La Legislatura está cerrada, a la espera del balotaje, pero la crisis social no espera. Le hemos transmitido a la presidencia de la Cámara de Diputados la necesidad de reunirnos. Pero podríamos también convocar una sesión extraordinaria con el acuerdo de 24 diputados de la oposición, si como dice (María Eugenia) Vidal, están interesados en resolver la situación”.

“Rechazamos la represión, reclamamos el retiro de las tropas y damos un camino de solución. Desde el Frente de Izquierda, hemos presentado un proyecto de expropiación de los terrenos, urbanización y construcción de viviendas, consensuado con asambleas de los ocupantes" reveló Kane.

"Hemos incluido a pedido de los trabajadores una cuota mensual para pagar las viviendas, que tenga un techo del 10% de los ingresos mensuales de cada familia.”, planteó Kane.

“Que la Cámara se convoque y trabaje para darle una salida a un reclamo genuino de miles de bonaerenses sin acceso a una vivienda propia. El asentamiento de 2000 familias en Merlo Gómez no puede ser adjudicado a internas del oficialismo, es la expresión del enorme déficit habitacional que han logrado los Scioli, Massa y Macri en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Kane.

"Iniciamos hoy (por ayer) el relevamiento de las familias con el compromiso de que desistan de mantenerse en la ocupación cuando concluya el censo para evitar mayor conflictividad”, dijo a Télam Ricardo Spalletti, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

Aseguró que los canales de diálogo con las familias “están abiertos” y sostuvo que deben "reflexionar sobre la necesidad de retirarse para evaluar y hacer un proyecto a futuro con una urbanización ordenada".

El funcionario explicó también que es necesario diseñar un plan hídrico “porque el predio está atravesado por un arroyo”, aunque insistió en que “no se puede urbanizar con las familias en el lugar”.

Las 3.000 familias tomaron el predio de 60 hectáreas hace 22 días, y ayer por la mañana comenzó a realizarse un censo como parte de un operativo llevado a cabo por los propios delegados de las familias, quienes le acercan los datos a las autoridades provinciales y municipales para encontrar una respuesta a la demanda habitacional.

Por instigar a la toma está señalado el intendente saliente de Merlo, Raúl Othacehé, a quien se lo apunta de sembrar caos social para condicionar la gestión de quien debe asumir ese cargo en diciembre, Gustavo Menéndez.

El intendente electo de Merlo, Gustavo Menéndez, confirmó que avanza un principio de acuerdo para solucionar la problemática de cerca de 3000 familias que tomaron un predio de 60 hectáreas y aunque aclaró que "no se puede infringir la ley", reconoció que "hay vecinos que tienen necesidades reales después de 24 años donde no hubo una política habitacional fuerte" del actual jefe comunal Raúl Othacehé.

“Ha empezado a funcionar la maquinaria del Estado y eso es alentador. Hemos tomado contacto con vecinos circundantes que se sienten amenazados e invadidos, también con vecinos que participan de la toma que tienen necesidades reales después de 24 años donde no hubo una política habitacional fuerte, pero está claro que no se puede infringir la ley”, explicó el Intendente electo a Radio Provincia.

Además, detalló que "el juez de la causa que investiga la toma de terrenos dispuso impedir nuevos ingresos al asentamiento y por ende en el poco tiempo el conflicto va a disminuir".

"Se han desplegado 600 efectivos de la Policía Bonaerense, lo que actuó como disuasorio de la toma y muchas personas salieron pacíficamente, y el ministro de Desarrollo Social bonaerernse, Eduardo Aparicio, se reunió con las autoridades municipales actuales y después se hizo presente en la toma y habló con quienes la lideran llegando al acuerdo de realizar un censo y la gente estaría dispuesta a dejar la toma", destacó.

Menéndez remarcó que las autoridades municipales actuales “estaban desaparecidas”, ya que “tienen un encono con nosotros por haber perdido, pero a la gente no le importa lo que opine un político del otro sino que podamos tener una solución”.

Fuentes policiales indicaron esta mañana que el censo se realizará por fuera del espacio de 60 hectáreas, sobre la ruta 1003, en un lugar designado por la Fiscalía General de Morón, y advirtieron que luego de contabilizados los ocupantes no podrán reingresar al lugar.

"Estamos desde el día de ayer con el ministro (Eduardo) Aparicio, de Desarrollo Social, el ministro (Alejandro) Granados, de Seguridad, con instrucción precisa del gobernador (Daniel) Scioli de generar una solución pacífica y sin violencia", indicó hoy la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez.

"Repudio absoluto a cualquier tipo de toma de predios, no es la solución para un problema que existe que son las familias con necesidades habitacionales, también hay vivos que se aprovechan y el uso político", comentó en declaraciones a Radio 10.

"Esto está judicializado; en el mientras tanto, la decisión de Scioli es realizar junto a Eduardo Aparicio un censo sujeto a la ley de hábitat provincial", añadió.

En sintonía, el subsecretario de Urbanismo Social bonaerense, Ricardo Spalletti, indicó hoy que “se determinará la necesidad de la gente a partir del estudio censal”.

“Se expropiaría el predio y se haría el análisis del censo en función a las necesidades sociales”, sostuvo al canal TN.

Detrás de la ocupación hay un trasfondo político, según denunció el intendente electo de Merlo por el Frente para la Victoria, Gustavo Menéndez, que responsabilizó a Othacehé de "la utilización de los más humildes mediante la toma de terrenos en forma simultánea con el fin de generar caos social".