El fiscal federal Franco Picardi investigará a los diputados de Cambiemos por mantener reuniones secretas y al ministro de Defensa. El ex embajador argentino en Washington será citado como testigo.

La Justicia imputó a los legisladores de Cambiemos Eduardo Amadeo, Luciano Laspina y al ministro de Defensa, Julio Martínez, por el extenso listado de equipamiento militar que Argentina solicitó a los Estados Unidos a mediados del año pasado, entre los que se incluían aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros.

La decisión fue tomada por el fiscal Picardi, quien decidió abrir una investigación contra esos funcionarios por los posibles delitos de “fraude”, “violación de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad y perjuicio a la administración pública”, en el marco de la compra del armamento, en el que habrían participado los tres hombres del Gobierno.

Laspina y Amadeo habrían participado de una reunión en Washington con el congresista estadounidense Pete Visclosky, a quien la embajada luego entregó una carta  con el listado del armamento requerido por el país. Los dos diputados declararon sus viajes ante el Congreso para participar de la asamblea del FMI, pero no mencionaron ese encuentro.

A su vez, el fiscal decidió descartar la imputación del presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes también figuraban como denunciados, ya que podrían no haber participado del acto, así como tampoco será investigado, en principio, el ahora exembajador Martín Lousteau, quien habría sido el intermediario de la operación.

Sin embargo, el líder de Eco será citado como testigo para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la lista de armamento que pidió el Gobierno argentino.

La denuncia fue realizada por los diputados del bloque FPV-PJ Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, quienes aseguraron que la compra de ese armamento es "una clara violación de la ley 22.520, que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones", y pidieron que el Gobierno explique “por qué está realizando la mayor compra de armas de la historia”.

Fotos del día de hoy de un agente de las fuerzas de seguridad probarían la adquisición de armas de guerra por parte de Mauricio Macri a los EEUU.

Hace unas semanas se difundió la noticia sobre un pedido de adquisición de armas de guerra por parte del gobierno en más de 2 mil millones de pesos. En la lista entregada por el ex embajador en EEUU, Martin Lousteau, al congresista Peter Visclosky de los EEUU, se solicitan entre otras cosas, 12 unidades de Helicópteros Cobra del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, armas anti aéreas y 182 tanques de guerra StryKer. El escándalo generó diversas posturas en la opinión pública que se preguntó durante varios días porqué el gobierno que dice no tener plata para docentes decide aumentar el gasto en defensa.

El martes 28 de marzo un grupo de diputados nacionales del bloque FPV-PJ, presentaron una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau; y los diputados nacionales involucrados en el hecho, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina. Argumentaron que el pedido de armas no fue previamente consultado en el Congreso de la Nación y cuestionan que excede lo permitido por la ley de seguridad interior.

Hoy durante una movilización en el centro porteño se vieron imágenes de la capital federal que probarían la llegada de algunas de las armas Made in USA a la argentina.

FOTOS: CheCámara

La ex ministra de Defensa de la Nación se refirió de esa manera a la escandalosa compra de armamento a Washington.  Tras la primera versión oficial que el Gobierno intento instalar que no se trataba de una compra sino de una “donación”.

“Obviamente, el complejo militar industrial que está detrás del Departamento de Defensa de Estados Unidos quiere vender, no donar”, dijo la ex ministra de Defensa y actual diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV), Nilda Garre, en declaraciones al diario Contexto.

“La compra no está hecha, pero sí el requerimiento ante las autoridades norteamericanas. Uno querría saber dónde se planificó todo esto porque, además, hay dos diputados involucrados que no tienen especialización en materia de Defensa, ni fueron mandatados por el Congreso. Ni siquiera integran la Comisión de Defensa de la Cámara Baja”, señaló Garré en alusión a Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, los legisladores de Cambiemos que se reunieron con Visclosky antes de que el embajador formulara el pedido de material bélico por canales formales.

A Garré también le llamó la atención la magnitud del armamento, que de ningún modo se justifica para combatir “el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, como alegó Lousteau en su carta.

Allí se solicitan, entre otras cosas, 64 helicópteros Cobra AH1, Chinook, Black Hawk UH60 y Bell 412; más de 300 tanquetas de guerra, entre las que se destacan las StryKer M1128, M1130, M1132, M1134 y M1139, equipadas con ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y cañones de 105 milímetros; 24 vehículos anfibios AAVR7A1; 80 lanzamisiles Javelin; 14 aviones caza F16C, con cañones M61 y soportes para misiles, bombas y tanques de combustible suplementarios; y 2 aeronaves Orion P-3C de combate antisubmarinos.

“La cantidad de blindados que se establece en la lista es como para cinco ejércitos y los helicópteros son los mismos que se utilizaron en las guerras de Vietnam, el Golfo Pérsico, el Líbano y Afganistán. Sería inimaginable utilizar uno de esos helicópteros para combatir el narcotráfico y no es Defensa la encargada de hacer eso, sino las fuerzas de seguridad. Tampoco se puede hablar de terrorismo porque no tenemos. Así que cuesta entender cuál es la hipótesis de conflicto que ven o para la que se preparan desde el Gobierno”, enfatizó la diputada.

Para Garre, una posible explicación es que traten de “alinearnos a la colaboración que pueda pedir Estados Unidos”, con una política de Defensa conjunta cada vez más alejada de América Latina, como ocurría durante los noventa, cuando Carlos Menem envió tropas a Medio Oriente y los Balcanes.

“La Defensa tiene que ser con la región, no con Washington. Esa alianza militar sería contradictoria, absurda e inviable”, sostuvo la ex ministra al recordar que “Estados Unidos fue nuestro contrincante en la Guerra de Malvinas”.

Por eso mismo, reclamó que Macri explicite lo que Marcos Peña se negó a trasparentar en su último informe ante el Congreso: “Cuando vino el jefe de Gabinete dijo que el Plan Nacional de Defensa existía, pero que era secreto. Puede haber una pequeña parte que justifique ser secreta por alguna situación estratégica, pero en líneas generales el plan debe ser público. Lo tiene que conocer el Congreso y toda la sociedad”.

Mientras el Gobierno ocultaba el escándalo, el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, probaba in situ algunos de los armamentos que ahora Martínez dice que su cartera nunca pensó adquirir. El funcionario viajó la semana pasada a Estados Unidos junto a oficiales superiores del Ejército y la Fuerza Aérea, con quienes visitó la casa matriz de Bell Helicopter, cerró los acuerdos por los Texan T6 y se jactó de “varios proyectos en común” con Lockheed para incrementar “el poder aéreo nacional”.

La primera versión oficial que hizo rodar la Casa Rosada trató de instalar la idea de que no se trataba de una compra sino de una “donación”, algo que fue rápida y ampliamente reproducido por los medios hegemónicos que suelen blindar a Cambiemos.

El bloque de diputados del FpV pudo presentar una denuncia penal contra el propio presidente y los funcionarios involucrados, así como un pedido de interpelación al ministro Julio Martínez y la canciller Susana Malcorra.

Tampoco se habla de “donación” en la carta que le envió el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, al senador demócrata Peter Visclosky, integrante de la comisión estadounidense encargada de aprobar la exportación de armas a través del programa Foreign Military Sales (FMS), ni en la autorización del Departamento de Estado para avanzar en “una posible venta militar extranjera a la Argentina”, documentos dados a conocer por el canal de noticias C5N.

Defensa reconoció el martes la compra de doce aviones de entrenamiento Texan T6, pero negó el resto del armamento por más de 2.000 millones de dólares que figura en los anexos de la carta de Lousteau. Según el ministro Martínez, el listado con unos cien ítems “tiene carácter exploratorio, genérico y público, y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”.

Diputados de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay se mostraron en estado de alerta y manifestaron su preocupación por la millonaria compra en armamento militar que intenta realizar la Argentina a los Estados Unidos. Piden que la Argentina informe cuales son las hipótesis de conflicto.

El diputado federal por el Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Pimenta expresó su “preocupación frente a las informaciones sobre esta gran compra de material bélico y equipamiento de guerra”.

“Brasil es un país hermano de Argentina. Somos miembros del Mercosur, tenemos una relación histórica importante y naturalmente en un periodo donde no estamos viviendo un enfrentamiento externo con nadie a los países aliados y vecinos nos extraña un gasto como este”, señaló Pimenta, quien actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de de DDHH del parlamento brasilero.

Para el legislador brasileño, las acciones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri se realizaron “sin la explicación debida a los países vecinos”, por lo cual, indicó: “exigen un diálogo amplio desde el punto de vista internacional para que podamos comprender realmente que hay detrás de esta relación y de esta decisión del gobierno argentino de firmar este compromiso con los EEUU”.

En la misma línea, el diputado nacional uruguayo por el PS –FA, Gonzalo Civila, calificó como “preocupantes” las acciones del gobierno argentino, al tiempo que manifestó que desde su país quieren saber “cuáles son las hipótesis de conflicto que se manejan” ya que, explicó: “En Argentina vemos una problemática de recesión económica y crisis social y una situación de este tipo realmente parece sorprendente”.

“Nos alarma porque para la región es preocupante que se esté gestionando la adquisición de un armamento de estas características que es más típico de una guerra de despliegue territorial”, agregó.

Por su parte, el diputado chileno Hugo Gutiérrez aseguró que “la decisión del gobierno de Mauricio Macri de comprar armamento a EE.UU por una suma millonaria es sin duda una demostración palpable de que el complejo industrial armamentístico americano sigue operando para estimular o generar guerras en América Latina”.

En este sentido, el legislador agregó que estas compras se están realizando bajo “cualquier excusa”, como por ejemplo “la burda excusa que esboza Macri del combate contra el terrorismo comprando tanques, misiles de largo y mediano alcance y helicópteros de guerra como los que se usaron en la Malvinas”, lo cual “no es verdad”, resaltó.

Finalmente, el diputado Ricardo Canese, miembro del Parlasur por parte de Paraguay, explicó que la situación es “preocupante” ya que “el riesgo es que se preparen intervenciones militares en el marco de países neoliberales y conservadores como ocurrió con la operación Cóndor en su momento”.

“Denunciamos este hecho y llamamos la atención para que todos los pueblos de Latinoamérica condenemos esta carrera armamentística que irresponsablemente está emprendiendo el gobierno neoliberal de Macri en la Argentina”, culminó.

Diputados nacionales del bloque FPV-PJ, encabezados por su titular Héctor Recalde, presentaron hoy una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau y los diputados nacionales, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

La denuncia penal por la presunta comisión de delitos en el marco de la compra por más de 2.000 millones de dólares de armamento de uso bélico para combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, en una clara violación de la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi.

Los diputados nacionales Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, quienes también son firmantes de la denuncia, en la presentación se preguntan por qué el gobierno está realizando la mayor compra de armas de la historia. La denuncia es consecuencia de un informe que el periodista Roberto Navarro emitió por la señal de noticias C5N el domingo 26, en la que reveló con datos fidedignos los planes secretos del gobierno nacional.

La revelación de la carta que el embajador Lousteau enviara al congresista norteamericano, Pete Visclosky, es la clave que pone al descubierto una fenomenal compra de armamentos bélicos cuyo listado figura en el anexo que el diplomático adjunto a la misiva. Es preciso aclarar que Visclosky integra con un cargo jerárquico la Comisión de Defensa del Congreso de los Estados Unidos y sería quien maneja el “Foreign Military Sales – FMS”, programa de venta de armas a Fuerzas Armadas extranjeras de los Estados Unidos.

Hay dos preguntas fundamentales que este bloque se formula y que pide que se investiguen: ¿Por qué se está realizando la mayor compra de armas de la historia? ¿Por qué las negociaciones son secretas?

Según indica el embajador Lousteau en la nota enviada y que luego  confirmó, la compra de material bélico sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, al advertirse el listado de armas surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin.

El embajador también señaló que la Embajada Argentina ofició de nexo entre el gobierno argentino y el de los Estados Unidos y particularmente entre los legisladores argentinos y el congresista norteamericano.

No se comprende la participación de los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, en las gestiones de compra de armamento. Incluso, la participación del diputado Amadeo no se limitó exclusivamente a la reunión con el congresista norteamericano sino que además hizo un seguimiento vía e-mails con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, preocupándose por la órbita oficial por donde se realizaría la operación comercial.

La justicia deberá investigar porqué las tratativas se hicieron en secreto cuando es importante destacar que existe el Servicio Logístico de la Defensa que es el organismo que asume bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto (Ley N 22.520).

Por lo tanto, en medio de un país sumido en una recesión económica que el gobierno no reconoce y que el déficit fiscal aumenta, ¿qué lleva al gobierno nacional a destinar multimillonarias sumas de dinero en estos ítems? No tienen dinero para los maestros pero se gastan miles de millones en compra de equipamiento para la guerra.

Aunque el país no sea un escenario donde actúen grupos con esas características, el embajador argentino en Washington defendió la adquisición de material bélico realizado por el Gobierno.

Hoy se conoció que el representante diplomático argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, envió una nota dirigida al congresista Peter Visclosky, en la que adjuntó el listado de equipamiento en materia militar solicitada por el país para "combatir el terrorismo" e hizo alusión a una reunión que mantuvo con los diputados de Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

El armamento comprado por el gobierno argentino  trata de 12 helicópteros de ataque Cobra AH1, utilizados por el Ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam, la del Golfo y unos 10 helicópteros modelo Chinook, utilizados en la guerra de Malvinas.

Además también se solicitaron unas 182 tanquetas de guerra tipo StryKer, modelos M1128, M1130, M1132, M1134 y M1139, que son utilizadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel.

A la lista se le suman 24 aviones de caza Texan T6, de los cuales ya se compraron 12. Los Texan son aviones de entrenamiento que fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial y durante las décadas posteriores.

Además otros 12 aviones de caza F-16 FightingFalcon, desarrollados por EEUU como material exclusivo de exportación utilizados en la Guerra del Líbano, de Afganistán y en la invasión de Estados Unidos a Irak, entre otros conflictos armados.

Por último, los aviones Orion, utilizados por los estadounidenses en la década del 60, cuando realizaron numerosas patrullas de bloqueo en las costas de Cuba, así como también fueron partícipes en las guerras de Vietnam y del Golfo.