La CTA Provincia de Buenos Aires cuestionó el Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, y buena parte de sus pares provinciales.

“Estas normas limitan la protesta social, violan derechos y garantías de los ciudadanos y pone en peligro la integridad de las personas”, consideró María Reigada, Secretaria de Derechos Humanos de la central gremial.

En tanto, desde la CTA bonaerense se exigió que “las autoridades se atengan a la legislación vigente y a los tratados internacionales que garantizan el derecho a la protesta”.

También se manifestó en este sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que considera que este Protocolo es contrario a "los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta", ya que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ’orden público’ por encima de todo".

"Según la resolución, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad", señala.

Para el CELS, este protocolo "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social". En ese sentido, "no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones". Tampoco obliga al "uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

"Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta", agrega.