Otra vez, un funcionario envuelto en un posible caso de evasión fiscal, con empresas off shore y propiedades en Miami.

Es Gustavo Deleersnyder, miembro del gabinete del Ministerio de Transporte a cargo de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, bajo la órbita de Guillermo Dietrich.

"La denuncia que hizo propia la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA, la unidad de la Procuraduría General de la Nación que investiga hechos de corrupción de los funcionarios del Poder Ejecutivo) y que derivó en una causa penal por evasión por parte Gustavo Deleersnyder advierte sobre la creación de empresas off shore y cuentas en el extranjero para facturar servicios prestados localmente, incurriendo en el delito de evasión fiscal", afirma la nota que difundió el portal Trade News.

"Deleersnyder es práctico del río Paraná. Antes de ingresar en la función pública integró distintas cooperativas. Los prácticos son contratados por las agencias marítimas, que representan a los armadores (dueños y/u operadores de buques extranjeros) ante las autoridades argentinas. Para el ingreso de estos buques en los puertos y para navegar en aguas argentinas, las agencias marítimas contratan en nombre de aquellos armadores todos los servicios necesarios: remolques, amarraderos, prácticos y pilotos. Los prestadores de estos servicios le facturan localmente a las agencias marítimas argentinas (en pesos o dólares), y éstas, a su vez, le facturan a los armadores extranjeros. Una vez ingresadas las divisas, el agente marítimo cancela los servicios locales de practicaje, remolques, etc. Según documentos que justifican la denuncia, Deleersnyder habría trabado especial relación con una agencia marítima en particular: Rioplat", cuenta la nota sobre el funcionario.

"Los servicios prestados por Deleersnyder a los buques representados por Rioplat no se facturaban, pero se cobraban en una cuenta personal abierta en el Banco Santander de Uruguay. La causa aporta un listado de los embarques de Deleersnyder en los buques agenciados por Rioplat", agrega y desnuda la maniobra.

"Durante un tiempo, esta práctica fue habitual. Hasta que los armadores extranjeros comenzaron a exigir mayor transparencia, reclamándole a la Agencia Marítima Rioplat las facturas por los servicios de practicaje prestados por Deleersnyder. Fue entonces que el práctico abrió una sociedad off shore en Bahamas –River Inside Services– y una cuenta corriente en el banco Winterbhotam del mismo paraíso fiscal (que cuenta con sucursal en Uruguay)".

Y revela la trama: "Con la sociedad off shore en marcha, Deleersnyder les hacía firmar a los capitanes de buques extranjeros (a los que asesoraba como práctico) un remito y luego confeccionaba la factura correspondiente de River Inside Services. La agencia Rioplat cancelaba luego la factura en el banco Winterbhotam. Luego, los dólares eran girados desde la casa matriz en Bahamas a la sucursal de Uruguay. Y desde allí, a la cuenta personal de Deleersnyder, según la denuncia".

“La sociedad creada en el extranjero no tenía otro giro que éste, y su constitución fue al solo efecto de evadir al fisco argentino”, amplía.

Para prestarle su servicio a Rioplat, Deleersnyder pagaba sus gastos de traslado, embarque y desembarque en lanchas de prácticos en Zona Común y en los puertos del Paraná “sin cobrar nada por su labor”, señala la denuncia, tras concluir que “resulta incomprensible y contrario a los propios intereses que se paguen todos los gastos necesarios para poder llegar al buque y luego no se facture ni emita recibo por el servicio”.

Agrega que Deleersnyder creó 2 sociedades off shore en Miami, con las que compró 3 inmuebles. El actual funcionario figuraba, al momento de la denuncia (2016) como director de Paraná Delta Shipping Corp y presidente de Paraná Delta Services Corp, ambas con propiedades en Miami, pero de las que “no consta su explotación, percepción de cánones locativos, origen de fondos, etc.”

Fuente: Trade News, El Destape

Cuando asumió como Secretario de Finanzas en 2015 (luego se convirtió en ministerio) Luis Caputo mintió en sus declaraciones juradas de 2015 y 2016 y ocultó que tenía acciones en dos compañías offshore y era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami. Esa omisión constituye un delito.

Según reveló el diario Perfil, Caputo ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Así lo revelan documentos oficiales de la Securities and Exchange Commision (SEC), la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos.

El funcionario fue, entre agosto de 2009 y julio de 2015, el principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán. Tenía más del 75% de las acciones pero Caputo omitió consignar esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al ingresar a la función pública en diciembre de 2015, cuando debía comunicar sus bienes y acciones del período fiscal 2014. Perfil reveló que también volvió a ocultar la información en 2016, cuando debió informar su patrimonio correspondiente al inicio de 2015. La omisión de este tipo de datos es un delito y puede ser penada con hasta dos años de prisión.

Su participación en Princess International Group es clave y vuelve a poner en evidencia cómo los paraísos fiscales facilitan el ocultamiento de bienes, información y dinero. A través de esta compañía, Caputo era el dueño de entre el 50% y el 74% de otra offshore: Affinis Partners II, también radicada en Caimán y dueña de Noctua, la gerenciadora de fondos de inversión radicada en Delaware y Miami.

La estructura societaria de Noctua funciona como las Mamushka: una sociedad dueña de otra sociedad que controla a otra sociedad. Esa misma arquitectura se denunció en su momento para el caso de las sociedades offshore de la familia de Mauricio Macri. En este último caso, la Justicia desistió de investigar al presidente.

La participación accionaria de Caputo en estas offshores vuelve a exponer un posible conflicto de intereses. Noctua se dedica a administrar fondos de inversión de alto riesgo en Caimán, donde impera el oscurantismo financiero. Hasta seis meses antes de asumir en el gabinete de Mauricio Macri en diciembre de 2015, Caputo tenía un rol central, como accionista y administrador de estas inversiones secretas, que incluyeron bonos de la deuda argentina en default.

Luego, en 2016, Caputo estuvo a cargo de la negociación con los fondos buitre que reclamaban el pago de los bonos de la deuda argentina en default. Luis Caputo es primo de Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri, según el propio presidente. Además, Nicolás es uno de los empresarios más beneficiados por el Gobierno de Cambiemos. Ahora las sospechas caen sobre Luis.

Antes de su detención, el rey de La Salada buscaba impulsar una lista en Lomas de Zamora para competir en las PASO dentro de Cambiemos. Hasta concurrió a la cena de recaudación por el lanzamiento de la candidatura de Martín Lousteau. Además, tiene una sociedad en Panamá con los mismos socios que las de Mauricio Macri.

Si bien en un primer momento se lo intentó ligar al kirchnerismo, lo cierto es que Jorge Omar Castillo, estaba muy cerca de Cambiemos en términos políticos como económicos.

Tras su detención, trascendió una entrevista que había brindado en mayo a AM1300 La Salada, donde aseguró que impulsaría una lista en Lomas de Zamora para competir en las PASO dentro de Cambiemos, con la empresaria Andrea Mach a la cabeza.

En ese momento, con críticas al intendente Martín Insaurralde, Castillo fundamentó que había decidido presentar lista para “ver si hacemos el cambio”.

“Si no nos preocupamos nosotros por cuidarnos el negocio, esto no se soluciona. Acá nadie hace nada si no le metés presión, pero si vamos miles de personas al municipio, el tipo (por Insaurralde) te va a atender. Mientras, no tenemos forma”, completó.

Días más tarde, Castillo concurrió a la cena de recaudación por el lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires de la candidatura de Martín Lousteau, a quien le adjudicó el “comienzo de un nuevo radicalismo”.

No era su primer acto político. En 2011, el Rey de la Salada participó del lanzamiento de Ernesto Sanz en el teatro Gran Rex y lo apoyó tenazmente en la interna contra Ricardo Alfonsín.

Pero sus vínculos a Cambiemos no se agotan en la política. Mientras respaldaba la candidatura de Sanz, Castillo abría con su esposa, Natalia Luengo, una estructura offshore con sede en Panamá, según reveló el portal El Destape.

En la operación aparecen como suscriptores las firmas Cheswick Inc. y Eastshore Inc., ligadas a Macri Group Panama SA, Bf Corporation S.A, Pymore Ventures Holding S.A y Rockford Holding Group S.A., sociedades que en la investigación de los Panamá Papers apuntan al presidente Mauricio Macri y su familia.

Castillo fue capturado ayer en su mansión de Haras Argentino Farm Club, donde disparó con una escopeta a los policías que realizaron el operativo. Hubo un total de 55 allanamientos y otras 30 detenciones.

El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, explicó que las medidas fueron tomadas tras una investigación iniciada en abril de 2015 por asociación ilícita contra tres bandas que obstaculizaban “el tránsito y la circulación en los alrededores de la feria”, y “explotaban de manera ilegal los puestos” del predio, donde “cobraban un canon por seguridad”.

Los investigadores también dieron a conocer un video en el que varias mujeres en ropa interior eran brutalmente golpeadas con cinturones, una práctica común contra quienes consideraban “mecheras”.

De acuerdo al expediente, los castigos no eran por el robo en sí, sino por haberlo hecho sin autorización de alguna de las bandas. “Querían tener el control total del accionar de las mujeres que se dedican a robar a los eventuales clientes y a los puesteros”, explicaron desde la Fiscalía.

Una fiscal pidió abrir una investigación contra el presidente, la vicepresidenta  y varios funcionarios del Gobierno nacional por la presunta comisión de ilícitos en el marco de la firma del polémico memorándum entre Argentina y Qatar. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses por 1300 millones de dólares.

Hoy la fiscal Paloma Ochoa solicitó abrir una investigación contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios de su gobierno por la firma del memorandum de entendimiento entre Argentina y Qatar y la presunta comisión de ilícitos en su firma.

La investigación se centra en los supuestos delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público, según la denuncia original.

La denuncia se realizó semanas atrás contra Macri, Michetti, la canciller Susana Malcorra, Luis María Blaquier, director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Horacio Reyser , asesor del Presidente en Inversión Extranjera, José Ortiz Amaya, director general de Relaciones Internacionales del Senado.

El tratado predice la creación de una estructura "offshore", y que tendría acceso a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La fiscal ordenó además que no se de comienzo o en su caso, se interrumpa la ejecución del Memorandum.

La fiscal en su dictamen justificó: "Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional, transferir a través de una plataforma off shore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantia de Sustentabilidad hacia un paraíso fiscal, todo lo cual se encontraría prima facie adecuación típica en delitos" previstos en el código penal.