El legislador radical, Gustavo De Pietro, detalló que el proyecto de ley de Ética Pública amplía el universo de funcionarios comprendidos en el régimen –que incluye al Gobernador, Diputados, Senadores, Jueces, Fiscales y todo empleado público que tenga por función administrar un patrimonio público-”.

Y afirmó que “obliga a presentar la declaración jurada patrimonial a las 72 horas de haber asumido en el cargo, a renovarla anualmente y a comunicar dentro de los 30 días de producida cualquier modificación sustancial del patrimonio”.

Además se incorpora el deber de presentar una última declaración jurada a los 30 días de haber cesado en el cargo, a la par que mantener actualizada la información hasta 2 años después de ese hito”.

La iniciativa establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios públicos bonaerenses, renueva íntegramente el régimen de declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar, ampliando el universo de las personas comprendidas y reformando el sistema de presentación, conservación y publicidad de las mismas.

El proyecto, además, impulsa la creación de la Comisión Provincial de Ética Pública, que estará encargada de la recolección de la información y actuará como contralor del cumplimiento de la ley, determinando el destino de los obsequios que reciban los funcionarios públicos, prohibiendo la publicidad oficial que implique la promoción personal de los funcionarios, y promoviendo las denuncias necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma.