Los delegados del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) , Elina Steinerte y Roland Adjovi, manifestaron hoy en una conferencia de prensa que "hubo un entramado de acusaciones consecutiva e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo.
A través de un texto indicaron que en el caso "se vulnera la independencia judicial", para luego subrayar que "no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad".
En ese sentido, Adjovijo: "El Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan" y que Sala "por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención".
Para fortalecer su pedido, el funcionario de la ONU, indicó: "Confiamos y no dudamos de la buena voluntad del gobierno argentino de escuchar nuestra recomendación, ya que fue el propio Gobierno el que nos invitó a esta visita".
Asimismo, deslizaron un duro informe, en el cual remarcaron que se hace un uso excesivo de la prisión preventiva, advirtieron que las fuerzas de seguridad tienen "amplias facultades para detener" y que "sectores humildes, LGBTI, migrantes e indígenas" son más proclives a ser detenidos por la Policía. Incluso, mostraron preocupación por el DNU anti-inmigratorio del Gobierno de Macri y puntualizaron que las detenciones en cuestiones migratorias deben ser excepcionales.
De esta manera, los funcionarios de la ONU presentaron los informes preliminares sobre la situación de detenciones arbitrarias en el país, los cuales habían sido invitados por el Gobierno nacional ante la ola de críticas por la situación de la líder de la Tupac Amaru. Además, explicaron que, de no cumplirse con la liberación de la activista política, eso aparecerá en el reporte anual que elaboran ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, del cual dependen dentro del organismo supranacional.
Además, dejaron en claro que "las obligaciones del gobierno federal deben cumplirse en todos los niveles" de cada administración. Para decirlo en pocas palabras: es el Estado nacional el que debe hacer cumplir con los estándares internacionales también a los estados provinciales. El "federalismo" no es excusa para esto yratificaron su postura respecto al caso puntual de Sala. "La opinión emitida el año pasado sigue vigente", señaló Elina Steinerte.
Vale destacar que los representantes del Alto Comisionado del organismo internacional remarcaron que la visita a nuestro país no fue para "revaluar" el tema de la detención de la líder jujeña, sino para hacer un análisis de la situación carcelaria general. Es por esto que recorrieron cárceles, instituciones de atención de la salud y comisarías de Buenos Aires, Jujuy, Santiago del Estero y Chubut.
