La reforma previsional se convirtió en ley esta mañana por 127 votos afirmativos, 117 negativos y 2 abstenciones, lo que significará un recorte de 100 mil millones anuales. Se calcula que la jubilación mínima perderá unos 900 pesos por mes en 2018.

Con el apoyo de sus diputados de Cambiemos y aliados del justicialismo, el Gobierno de Mauricio Macri logró que la Cámara de Diputados sancionara la reforma previsional que saquea a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensionados por discapacidad y ex combatientes de Malvinas.

El proyecto del Poder Ejecutivo, que se convirtió en ley esta mañana con 127 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones, aumenta la edad jubilatoria, baja los haberes iniciales de nuevos pasivos y recorta en casi un 9% los ingresos previsionales, es decir unos 100 mil millones anuales. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con el cambio de la fórmula de movilidad vigente, la jubilación mínima perderá unos 900 pesos por mes en 2018.

Entre los peronistas que respaldaron la iniciativa, se encuentran los legisladores del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner (Salta), Beatriz Ávila (Tucumán), Juan José Bahillo (Entre Ríos), Juan Brugge (Córdoba), Paulo Cassineiro (Córdoba), Mayda Cresto (Entre Ríos), Verónica Derna (Misiones), Daniel Di Stéfano (Misiones), Jorge Franco (Misiones), Martín Llaryora (Córdoba), Gladys Medina (Tucumán), Flavia Morales (Misiones), Juan Mosqueda (Chaco), Alejandra Vigo (Córdoba), Ricardo Wellbach (Misiones), Pablo Yedlin (Tucumán) y Miguel Zottos (Salta). También se sumaron los diputados del Frente Cívico de Santiago del Estero, el Movimiento Popular Neuquino y hasta el salteño Alfredo Olmedo.

En contra votaron el Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador, el Peronismo para la Victoria, Libres del Sur, el Frente de Izquierda y parte del Bloque Justicialista, como el ex titular de la ANSES, Diego Bossio.

La sanción de la reforma se produjo luego de una masiva manifestación frente al Congreso que fue reprimida con balas de goma, palazos, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, dejando un centenar de heridos y decenas de detenidos.

Más tarde, miles de personas se expresaron en contra del ajuste a los jubilados con cacerolazos en Plaza de Mayo, el Congreso, la Quita Presidencial de Olivos y las principales ciudades del país. Durante la madrugada, la policía arremetió contra la protesta en las inmediaciones del Parlamento con balas de goma y gases.

Los nuevos legisladores asumirán formalmente en sus cargos el 10 de diciembre, iniciando su labor con el debate de las reformas regresivas impulsadas por el Gobierno en materia previsional y tributaria. El tratamiento de las modificaciones laborales quedaría para el año que viene.

La Cámara de Diputados tomó juramento hoy a los 127 diputados que fueron elegidos en los comicios del 22 de octubre.

Los nuevos legisladores asumirán formalmente en sus cargos el 10 de diciembre, en pleno debate de las reformas impulsadas por el Gobierno de Mauricio Macri, que busca que los legisladores aprueben modificaciones regresivas en materia previsional y tributaria.

Se estima que la reforma laboral quedará para 2018, ante la negativa del Senado de avanzar con el tratamiento de una ley que atrasa casi un siglo.

Con el ingreso de los diputados electos en octubre, Cambiemos se consolidará como primera fuerza con 108 escaños propios, con lo cual estará sólo a una veintena del quórum propio de 129 miembros.

El Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana continuará como segunda fuerza con 65 bancas, siete menos que las que posee actualmente, y estará encabezada por el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Por su parte, el ex embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, que regresa a la Cámara baja, y la radical Carla Carrizo, formarán un bloque propio denominado UCR-Evolución, que ya resolvió que no se sumará al interbloque oficialista Cambiemos.

El bloque de diputados del FpV había convocado a una sesión especial tras la represión de Prefectura en Villa Mascardi, donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel. Sin embargo, el oficialismo no bajó al recinto y bloqueó el quórum.

La oposición intentó debatir hoy en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, pero el bloque de Cambiemos lo frenó de plano.

Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), encabezados por Héctor Recalde, habían convocado a una sesión especial luego del asesinato del joven Rafael Nahuel, quien recibió un balazo por la espalda durante la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Este caso se sumó al de Santiago Maldonado, en cuya desaparición y muerte está involucrada la Gendarmería.

La convocatoria contaba con el apoyo de diputados de Libres del Sur, Peronismo para la Victoria, el Frente de Izquierda y Alfredo Olmedo, pero no logró prosperar porque los legisladores de Cambiemos no bajaron al recinto y bloquearon el quorum.

El temario de la sesión especial también incluía la declaración de emergencia laboral en Fabricaciones Militares, una ley que crea un régimen para la detección precoz y tratamiento de la trombofilia, un proyecto de declaración de emergencia pública por violencia de género en todo el territorio nacional y cambios en la ley de Defensa al Consumidor.

Se aprobó durante la madrugada por amplia mayoría, tras una sesión que fue calificada como "histórica". La norma habilita a que el 50% de las listas legislativas estén compuestas por mujeres.

La Cámara de Diputados sancionó bien entrada la madrugada del jueves la ley de paridad de género, la cual obliga a las fuerzas políticas en todo el país a intercalar hombres y mujeres en las listas a cargos electivos legislativos.

El proyecto había sido aprobado el año pasado en el Senado, tenía dictamen pero aún no había ingresado en el temario de las sesiones, cosa que finalmente sucedió cuando a las 2 de la mañana Victoria Donda pidió apartarse del reglamento e incluirlo.

Si bien Monzó y Negri, autoridades de la Cámara, rechazaron en un primer momento salirse del temario, la insistencia de Donda y el apoyo de la mayoría hizo que la discusión se hiciera presente.

En ese sentido, la legisladora radical Karina Banfi pidió la palabra y disparó. "Estamos a favor de la paridad y hay compromiso de nuestras autoridades de llevarlo a labor parlamentaria y discutirlo como corresponde. Queremos un debate, pero no vamos a permitir que nos vengan a manejar a las 2 de la mañana la agenda. Respetamos los acuerdos políticos. No somos un cachivache", gritó la diputada.

Quien le respondió fue Graciela Camañao: “Esto me hace acordar a aquella sesión en la que 14 diputadas paramos el presupuesto para aprobar la ley de cupo. Si no lo hacíamos, muchas no serían diputadas. Estamos aprovechando una oportunidad”.

Tras ser votada la incorporación en el temario como último punto, las mujeres solicitaron que se votara de forma inmediata, lo que fue aceptado por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Con 165 votos a favor y 4 en contra, de los diputados de izquierda, el proyecto finalmente se convirtió en ley y las diputadas que lo impulsaron festejaron el hecho como una “sesión histórica”.

Con la nueva ley, las listas de las próximas elecciones legislativas deberán intercalar hombres y mujeres sucesivamente.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja se informará in situ sobre la desaparición forzada del joven, el curso de la investigación judicial y los ataques que padecen las comunidades originarias.

Legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Victoria Donda, llegarán este jueves a la ciudad de Esquel con una amplia agenda en torno al caso de Santiago Maldonado, que incluye reuniones con los familiares de la víctima y la posibilidad de mantener un encuentro con el juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral.

La Comisión se constituirá a las 19 horas en la sede del SOEME, ubicada en calle 25 de Mayo y O´Higgins, según se informó.

Los diputados también prevén reunirse con referentes de la comunidad mapuche de Cushamen, donde se produjo el 1 de agosto la brutal represión de Gendarmería que terminó con la desaparición de Santiago. Además, visitarán al lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala, detenido en el penal de Esquel.

En tanto, el viernes durante la mañana, los legisladores intentarán mantener un encuentro con el juez Lleral.

Además de Donda, los legisladores que confirmaron su presencia son Santiago Igón, Juan Carlos Giordano, Pablo Sebastián López, Oscar Anselmo Martínez, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Walter Marcelo Santillán, Silvia Reneé Horne, Horacio Alonso y Nathalia González.

El viaje fue confirmado este martes, durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, donde el bloque de Cambiemos asistió por primera vez con el objetivo de oponerse a la iniciativa.

“Hay un nuevo juez y la causa se está reordenando. Nuestra presencia haría más ruido y generaría más confusión en una causa que requiere justamente todo lo contrario”, fundamentó el diputado del PRO José Luis Patiño.

El diputado Santiago Igon (FpV-PJ), autor del proyecto original para que la comisión se constituya en Esquel, expresó que ese acto sería por parte de los diputados “la mejor forma de demostrar que esto no es una cuestión partidaria”.

“Está claro que el que obstaculiza la causa es el Gobierno, que ha puesto todas las trabas para que esto se esclarezca, con Patricia Bullrich a la cabeza”, dijo Pablo López, del Partido Obrero, para defender la iniciativa.

No fue el único proyecto que rechazaron los diputados de Cambiemos. Durante la reunión de este martes trató  de impedir que prosperara la iniciativa que dispone la apertura de todos los archivos sobre el caso de la desaparición de Jorge Julio López.

Pese a la postura del oficialismo, el proyecto logró dictamen favorable. “Esto demuestra la voluntad real que hay sobre el esclarecimiento de la desaparición de Julio López”, destacó Donda.

La prórroga de la norma, que frena los desalojos de las comunidades originarias por otros cuatro años, ya tiene aprobación del Senado. Llaman a los legisladores a sancionarla “lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”.

Distintos pueblos originarios expresaron su preocupación por las versiones que indican que la Cámara de Diputados no votaría la prórroga de Ley 26.160, al menos hasta después de las elecciones, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.

En las últimas horas se informó que las Comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de Diputados realizarán un plenario el próximo martes, desde las 17.30, aunque aún resta saber cuándo llegaría al recinto.

El Senado ya le dio media sanción por unanimidad el pasado 27 de septiembre, y en caso de obtener sanción definitiva en la Cámara Baja los desalojos de las comunidades serán frenados por otros cuatro años.

La ley, que vence el próximo 23 de noviembre, suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde su sanción, en 2006, sólo el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento terminado.

José Sajama, de la comunidad de la Puna, advirtió hoy que “se corre el riesgo de que la prórroga no sea aprobada por la presión que ejercen los terratenientes”

“No nos olvidemos que el oficialismo de Cambiemos tiene mayoría en la Cámara de Diputados y la políticas que tienen para los pueblos originarios no es buena. Entonces corre riesgo la aprobación de la prórroga“, apuntó a FM La Voz del Cerro.

Por su parte, Jorge Angulo, coordinador provincial de la Organización de Comunidades Originarias Llanka Maki y presidente de las Comunidades Originarias Colla Tawasuyu, pidió que el proceso continúe sin interrupciones.

“Han hecho circular versiones de que se tratará después de las elecciones. No podemos manejar esos tiempos, se tiene que dar lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”, sostuvo y alertó que una demora significará “desalojos, amenazas y maltrato por parte de los terratenientes”.

Intendentes, referentes políticos, sociales y sindicales. Mirá quienes fueron los que participaron ayer del acto de CFK en Arsenal.

El acto que encabezó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el estadio de Arsenal de Sarandí donde lanzó el frente Unidad Ciudadana, pero no confirmó su candidata a senadora nacional, contó con la presencia de la mayor parte de los intendentes peronistas bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales y sindicalistas.

Ubicados en una tribuna, estuvieron presentes en primera línea los intendentes peronistas Julio Pereyra (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Patricio Mussi (Berazategui), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Walter Festa (Moreno), Francisco Durañona (Areco) y Ariel Sujarchuk (Escobar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), entre muchos otros del interior de la provincia.

A pesar de que el frente de Unidad Ciudadana no incluye formalmente al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en la práctica eso sucede y por eso en el acto estuvo presente el titular del PJ bonaerense Fernando Espinoza y la vicepresidenta Cristina Álvarez Rodríguez.

Los diputados nacionales que dijeron presente fueron Máximo Kirchner, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde, Teresa García, Carlos Castagneto, Edgardo Depetri y otros, mientras que la única senadora nacional fue la camporista Anabel Fernández Sagasti.

Entre los ex funcionarios estuvieron Agustín Rossi (Defensa), Carlos Tomada (Trabajo), Horacio González (Biblioteca Nacional) y Teresa Parodi (Cultura) mientras que los sindicalistas que asistieron fueron Víctor Santa María (Suterh), Hugo Yaski (CTA de los Trabajadores) y Omar Plaini (Canillitas), entre otros.

Otro de los dirigentes políticos que dieron su apoyo al frente de Unidad Ciudadana fue el radical Leopoldo Moreau al igual que lo hizo la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, mientras que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, envió una carta de adhesión.

La Cámara baja resolvió además que a partir del año que viene se ajustarán por inflación. Con este cambio, el sueldo bruto de un diputado nacional pasará de 127.000 a 137.610 pesos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmó una resolución por la cual las sumas en concepto de gastos de representación que perciben los legisladores se duplicarán este año y a partir del próximo la actualización de los montos quedará atada automáticamente a la evolución del índice de precios del INDEC.

Con este cambio, el sueldo bruto de un diputado nacional pasará de 127.000 a 137.610 pesos, lo cual se traduce en un aumento de bolsillo de alrededor de 7 mil pesos (de 88.000 pasarán a cobrar 95.000 pesos).

A esta suma, luego hay que añadirle los gastos por desarraigo, que ascienden a 18.230 pesos netos, y los canjes de pasajes.

Respecto a esto último, la resolución rubricada por Monzó autorizó un aumento de más del 100 por ciento del valor de los canjes de dinero por los tramos terrestres y aéreos de aquellos diputados que no hagan uso de esos pasajes: antes tenían a disposición 19.300 pesos de canje por pasajes no utilizados y con esta resolución la cifra se eleva a 40.000.

Desde el 2011 hasta este año, los diputados nacionales podían canjear hasta 20 tramos terrestres por un valor de 295 pesos cada uno, y 20 tramos aéreos por un monto de 670 pesos cada uno, en tanto que con la reforma, los valores se actualizan a 650 y 1350 pesos respectivamente.

También se dispuso que a partir del año que viene estos valores para el canje de pasajes terrestres y aéreos se ajusten de acuerdo a la variación de los precios del tramo Buenos Aires-Córdoba.

A partir de esta medida, que corregirá automáticamente el valor de estos ítems conforme a los movimientos de los precios del mercado, el oficialismo busca terminar con la polvoreda que se levanta todos los años cada vez que se plantea un aumento.

Este año la discusión se dio principalmente con el Frente Renovador y el Frente de Izquierda, que se negaron a firmar un documento que prestaba conformidad a los aumentos previstos por Monzó, y que sí contó con el visto bueno de los jefes de los bloques Frente para la Victoria-PJ, UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo para la Victoria.

Fue sancionada por unanimidad en el Senado. La iniciativa llegó con media sanción de Diputados, que ayer obtuvo 211 votos a favor y uno solo en contra, del salteño Alfredo Olmedo, mientras que Elisa Carrió se ausentó del recinto.

El proyecto que le pone un freno al fallo de la Corte Suprema, que con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco habilitó el 2×1 a los genocidas del terrorismo de Estado, fue convertido en ley esta tarde por el Senado de la Nación.

La nueva norma, sancionada por 56 votos, consta de tres artículos y modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -derogada en 2001- para especificar que “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según derechos interno o internacional”.

También prevé que el cómputo del 2×1 “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad” durante el período que existió la norma, entre 1994 y 2001; y por último dispone que “los artículos anteriores son la interpretación auténtica del artículo 7 de la Ley 24.390”.

El texto, que ayer obtuvo media sanción de Diputados, se unificó a partir de siete proyectos presentados por los distintos bloques parlamentarios para contrarrestar el fallo PROgenocida de Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco que benefició al represor Luis Muiña con una conmutación de pena a través de una ley que estuvo vigente entre 1994 y 2001.

Luego de respaldar la decisión de la Corte, al Gobierno de Mauricio Macri y a sus legisladores de Cambiemos no les quedó otro remedio que dar marcha atrás debido al contundente rechazo de la sociedad a dejar libre a los genocidas.

En la Cámara Baja, el proyecto de ley contra el 2×1 a criminales de lesa humanidad fue aprobado por 211 votos a favor y uno solo en contra, del salteño Alfredo Olmedo. Mientras que Elisa Carrió decidió irse del recinto a la hora de votar.

Antes de la marcha convocada por los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo para exclamar al Gobierno y a la Corte “Nunca Mas, ningún genocida suelto”, quien finalmente dio la cara y habló sobre el tema fue el presidente Macri.

“Estoy totalmente en contra porque estoy en contra de cualquier ley a favor de la impunidad y más aún en delitos de lesa humanidad”, expresó con gran hipocresía el mandatario, que no sólo eligió a dos de los cortesanos del 2×1 (Rosatti y Rosenkrantz), sino que además en sus diecisiete meses de gobierno hizo todo lo posible por retroceder en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

Mediante un comunicado,el bloque de senadores del Frente Para La Victoria y los bloques de diputados Frente Para la Victoria, FPV-PJ y Peronismo Para la Victoria – FPV cuestionaron el veto al artículo de la ley de Presupuesto que le permitía a la oposición realizar un control de la obra pública.

El bloque de senadores bonaerenses del Frente Para la Victoria (FpV) repudió el veto de la gobernadora María Eugenia Vidal al artículo de la ley de Presupuesto que establecía la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura con el objetivo de recomendar y orientar la obra pública en la Provincia.

A través de un comunicado, los legisladores consideraron que la decisión de vetar el inciso 1 del artículo 45 de la Ley de Presupuesto "nuevamente va en contra de las promesas realizadas por ella misma a los bonaerenses de mayor transparencia, consenso y diálogo democrático".

Así mismo los senadores manifestaron que "Con este nuevo veto, Vidal no sólo ignora que la creación de esta Comisión Bicameral propuesta en un principio por el Bloque Peronista fue consensuada por todos los bloques en ambas cámaras, incluido el oficialismo, sino además pone un nuevo manto de sospecha sobre la obra pública contratada en su gestión, ya que no existe ninguna explicación que pueda darse de cara a la sociedad sobre por qué la Gobernadora decide evitar que hayan mayores controles".

"El control y la posibilidad de opinar y asesorar desde esta Legislatura en las obras que tanto necesitan los bonaerenses es fundamental. Por eso avanzaremos junto a todos los sectores de la oposición que coincidan en lo desacertada que es la decisión de la Gobernadora en un trabajo de consenso para de ser posible promover una sesión durante el receso legislativo y rechazar desde la Legislatura elegida por el voto de todos los bonaerenses este nuevo veto de Vidal", finaliza el escrito difundido por el FpV.

De igual forma, los bloques de diputados Frente Para la Victoria, FPV-PJ y Peronismo Para la Victoria – FPV rechazaron el veto de Vidal y afirmaron a través de un comunicado en conjunto:  "No  encontramos argumentos jurídicos o políticos que fundamentan una decisión que va en contra de los intereses de los bonaerenses y de la transparencia en la asignación de recursos"

Leé el comunicado completo del bloque de Senadores del FpV:

Comunicado de los bloques de diputados Frente Para la Victoria, FPV-PJ y Peronismo Para la Victoria – FPV: