La flamante ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, al igual que la Defensoría del Pueblo bonaerense, debieron salir a presionar a las droguerías bonaerenses ante el faltante de medicamentos. Es así que dictó una resolución fundamentada en el artículo 36 inciso 8º de la Constitución Provincial, que reconoce al medicamento, por su condición de bien social, como parte integrante del derecho a la salud.

Hacen mención a que, de conformidad con el artículo 1º de la Ley Nº 10.606, "la farmacia es un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar".

Es que las empresas que abastecen a las farmacias de la Provincia habían decidido unilateralmente suspender la provisión los sábados a la tarde, domingos, feriados y días no laborables.

A raíz de esa situación, la cartera sanitaria provincial fijó una audiencia de la que participaron autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia; de la Defensoría del Pueblo, que en las últimas horas obtuvo de la Justicia un amparo para normalizar la provisión de remedios; y las droguerías, con la intención de acercar posiciones y garantizar el abastecimiento de medicamentos todos los días del año.