El caso de gatillo fácil se registró en 1994 en Avellaneda y los acusados llegan en libertad al debate del juicio. El pedido de justicia de los familiares.

Una fiscal pidió este miércoles que sean condenados a prisión perpetua siete expolicías bonaerenses acusados de ser coautores de la denominada “Masacre de Wilde”, un emblemático caso de “gatillo fácil” cometido en 1994 en esa localidad del partido de Avellaneda, donde cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos policiales vestidos de civil que presuntamente los confundieron con delincuentes y los mataron a sangre fría.

El pedido fue formulado por la fiscal Viviana Simón al alegar ante el Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, a cargo del debate.

Los acusados son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el exoficial Osvaldo Lorenzón; los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, quienes llegaron al debate en libertad y acusados de asesinar a Edgardo Cicutín, Roberto Corbo, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa y de intentar matar al único sobreviviente Claudio Díaz.

Durante su alegato, la fiscal manifestó que en base a todos los elementos mencionados, analizados y valorados en el juicio se puede “tener por acreditado no solo el hecho sino también la coautoría penalmente responsable en el mismo de todos los procesados”.

Para Simón existió entre los imputados un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”, a las que emboscaron en la zona de Wilde.

“La acción de cada imputado no es de un mero partícipe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho”, aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como “un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado”.

Por tal motivo, Simón pidió que los siete expolicías que son sometidos a juicio sean declarados “coautores penalmente responsables del delito de ‘homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”.

El juicio empezó el 17 de octubre de este año y continuará este jueves a las 9 con transmisión en vivo a través del canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando sea el turno del alegato del abogado Ciro Annicchiarico, quien representa a Raquel Gazzanego, esposa de Edgardo Cicutín, uno de los hombres asesinados en el hecho, a sus hijos y a Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre.

“Fue un ‘pelotón de fusilamiento´ contra el auto de Claudio (Díaz, el único sobreviviente de la Masacre, quien fue uno de los testigos claves del juicio, que trabajaba y manejaba el auto en el que iba Cicutín el día del hecho), contra Edgardo y contra el auto de Norberto Corbo donde iban Bielsa y Mendoza”.

“Pone en claro que no es solamente culpable aquel que haya gatillado contra alguien en concreto sino que hace responsable a todos y, principalmente, también nombra a la falta de respuestas del Estado, no solamente por la falta de Justicia, que tuvimos que esperar mas de 28 años. sino la indefensión por parte del Estado a todas nosotras, a todas las víctimas”, concluyó Gazzanego.

La “Masacre de Wilde”

Ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Norberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Eduardo Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces clon pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.

Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, por la única víctima del ataque que sobrevivió.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.