El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, junto al Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, desoyen la orden inmediata de la ONU de liberar a Milagro Sala.

Con declaraciones similares, tanto German Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, cuestionan la resolución del organismo defensor de los DDHH y dependiente de la ONU. Mientras Gerardo Morales, en un comunicado publicado el viernes por la noche, sostienen que "Milagro Sala se ha robado todo", Garavano, en diálogo con La Red, dijo ser "respetuosos de la CIDH pero también de los jueces de Jujuy". Lo cierto, es que en nuestro sistema constitucional, las resoluciones planteadas por la CIDH son de carácter obligatorio y se encuentran en la punta de nuestra pirámide constitucional, junto a la Constitución Argentina, ley fundamental del Estado.

Por su parte, el ministro sostiene que el caso de Milagro Sala “no tiene que ser analizado políticamente. Acá hay una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción" y explico que "Hay que leer esta recomendación en una tónica humanitaria. La morigeración de la prisión preventiva es por las condiciones en las que encontraron a Sala", al tiempo que enfatizo en que "se están cumpliendo" con todas las medidas para "asegurar la integridad" de la líder de la Tupac.

En un comunicado, el Gobernador de Jujuy reafirma el compromiso de la provincia de Jujuy de preservar "las garantías individuales" de la jefa de la Tupac Amaru, al tiempo que entiende que la resolución de la Comisión hace hincapié en "adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES". Además, Morales sostiene que "en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención son satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos, entre otros, lo que da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala".

El organismo nacional lo componen secretarios de todas las provincias del país. Piden el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales como la ONU, OEA y la CIDH, que se manifestaron por la liberación de la dirigente política.

El Consejo Federal de Derechos Humanos en su último encuentro firmaron un acta en la piden al Estado nacional cumplir con las resoluciones de Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación a la liberación de Milagro Sala.

El acta lleva las firmas de los Secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz y La Pampa.

En el acta se puntualiza: El Consejo Federal de Derechos Humanos, reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 12 y 13 de diciembre de 2016 en su XXV Reunión Plenaria manifiesta, su adhesión a las recomendaciones y observaciones emitidas por los organismos internacionales respecto de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy y a las declaraciones del Secretario General de la OEA de noviembre de 2016 entendiendo que las mismas deben ser atendidas y consideradas para velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en materia de Derechos Humanos, en el marco del sistema federal, republicano y democrático del Estado Argentino”.

El acta va con copia a la Presidencia de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el tribunal Supremo de Justicia de esa provincia norteña y a los organismos internacionales a través de la Cancillería argentina.