Luego de dos meses de toma y tras una orden judicial, unos 300 efectivos avanzaron con una topadora municipal para desalojar el predio de Villa Cordobita, en la localidad bonaerense de Tandil, y destruyeron las precarias construcciones que habían sido levantadas por personas que ocupaban el lugar.

La tensión en la zona fue máxima durante varias horas donde más de 80 personas resistieron al desalojo dictado a través de una orden judicial. Pese a que esta mañana la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil, recibió a uno de los líderes de la toma, Jorge “Mono” Lezica, la orden de desalojo siguió vigente y fue acatada por el personal policial presente.

“Este desalojo es político”, aseguró Lezica. En ese mismo sentido, otra de las referentes de la toma, Griselda Altamirano, denunció: "Acá hay un negocio y si a -al intendente- Lunghi no le gusta que tomemos terrenos vamos a ir a la municipalidad. Si a ellos no les importa cómo vivimos nosotros a nosotros no nos importa que tengan miedo, es el precio político que tendrán que pagar”.

En anteriores oportunidades, Altamirano había apuntado contra la gestión del intendente de la UCR al considerar que en la ciudad “gobiernan inmobiliarias, abogados y escribanos corruptos; hay un gran acuerdo inmobiliario”.

Las construcciones que habían sido levantandas durante los dos meses de ocupación, fueron destruidas por la topadora que se encontraba en el lugar. Los ocupantes prometieron marchas y escraches permanentes al considerar la actitud como una muestra política del gobierno de turno, de origen radical pero ahora alineado en Cambiemos.

Antes de la llegada de los efectivos, Altamirano, dijo que a las familias “no” se las “notificó sobre el desalojo“.

“Solamente se puede llevar a adelante el desalojo si la sentencia está firme. Estaríamos dispuestos a desocupar voluntariamente los lotes que marcaba el fallo de la jueza”, dijo Altamirano. En tanto, desde el municipio confirmaron que “varias familias ya dejaron la zona por su propia voluntad”.

El conflicto por una toma de tierras en el barrio Villa Cordobita de Tandil, que involucra unas 130 familias, se agravó luego de que el intendente Miguel Lunghi oficializara una denuncia penal contra Griselda Altamirano, referente de la agrupación 1º de Octubre que lleva a cabo la ocupación.

El jefe comunal de Cambiemos la acusa por “sedición” y “alteración del orden público”. En conferencia de prensa, Lunghi explicó que la denuncia contra Altamirano se debió a “la comisión de delitos que atentan contra el orden público, es decir, que atropellan la tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil”.

Tras la acusación que ahora está en manos de la justicia, la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo respondió que “el intendente avanza con la criminalización de la protesta social, a la vez que por omisión convalida el fraude y la estafa con títulos apócrifos”.

En dialogo con El Eco de Tandil, Altamirano dijo que “intentan transformarme en una presa política”. “Me hago cargo de la ocupación, porque la organicé y programé. No estoy cometiendo ningún delito, fue público, pacífico y a plena luz del día”, se defendió.

Asimismo apuntó contra la gestión del intendente de origen radical al considerar que en la ciudad “gobiernan inmobiliarias, abogados y escribanos corruptos; hay un gran acuerdo inmobiliario”.

Las 130 familias iniciaron la ocupación el pasado viernes 11 de septiembre sobre lotes que pertenecían a Tandilia SRL. Según un comunicado de la agrupación, “esta empresa quebró en 1960, con lo cual los lotes quedaron con titularidad acéfala”.

Entre los puntos centrales del comunicado, la agrupación consigna el rechazo “a cualquier intento de uso de la fuerza pública para desalojar a los ocupantes, así como las causas penales a los dirigentes sociales”. Y añade el reclamo a que “la Municipalidad arbitre los medios para comenzar el trámite de expropiación en el marco de la Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat”.

En tanto, el diputado provincial Mauricio D´Alessandro, del Frente Renovador, habló de “conurbanización” de la ciudad serrana y condenó la toma de terrenos: “Está claro que no hay una toma espontánea sino un plan cuidadosamente elaborado con pasos legales cuidadosos”.

“Desde el Frente Renovador queremos ser claros y contundentes. Desalojo ya para los usurpadores y política de ‘suelo urbano’ transparente. Para que el ´Tandil soñado´ no se convierta en una pesadilla”, pidió en un guiño irónico hacia el slogan del intendente.

El conflicto repercutió más allá de la ciudad serrana y las familias recibieron el apoyo de referentes sociales, como es el caso del líder qom Félix Díaz.

Como consecuencia de la crisis habitacional en la provincia de Buenos Aires, en la última semana se produjeron tomas de terrenos en las ciudades de Mar del Plata y Tandil. Desbordados, los intendentes salieron a denunciar penalmente a los involucrados en las tomas. La alarma por el déficit de viviendas también se encendió en Junín.

En Mar del Plata un grupo de vecinos tomó ayer un predio de cinco manzanas, con el fin de lotear para luego construir allí sus viviendas. Como respuesta, el intendente Gustavo Pulti realizó una denuncia penal para pedir que investiguen “la instigación política de las usurpaciones”.

Según señaló el portal 0223, las familias son más de 500 y provienen de los barrios Autódromo, General Belgrano y José Hernández, aledaños a los terrenos usurpados. Las familias pidieron “ayuda al municipio para poder comprarlos y construir sus casas”.

El director de Asistencia a la Víctima local, Gastón Herrera, se acercó al predio para remediar la situación. No obstante el intendente Pulti decidió impulsar una denuncia penal, debido a la “relación evidente que tienen estos hechos con circunstancias de tipo político”.

El jefe comunal, perteneciente a Acción Marplatense y aliado al FpV, radicó la denuncia en la Fiscalía General e informó también a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Una situación similar, pero con ribetes más dramáticos, se vive por estas horas en la localidad de Tandil. En la ciudad serrana el intendente Miguel Ángel Lunghi, que integra el frente Cambiemos, también denunció penalmente a quienes están tomando terrenos en Villa Cordobita.

El jefe comunal solicitó a la justicia que investigue la “instigación política de las usurpaciones” de los terrenos del barrio José Hernández y “responsabilizó a los sectores políticos que promueven desde el anonimato un clima propicio para la comisión de ese delito en el que se aprovechan de la desinformación de muchos”.

“Existe una intencionalidad por la que algunos, aprovechando la inocente desprevención de mucha gente, provocan un estado de agitación promoviendo las usurpaciones”, dijo el jefe comunal.

Días atrás, el candidato a intendente del FpV, Pablo Bossio –hermano del titular de ANSES, Diego Bossio- avisó que se comunicaría con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, si fuera necesario desocupar la zona.

El concejal adelantó que Berni estaba a disposición para enviar efectivos de Gendarmería en caso de necesitar liberar los terrenos. Sin embargo, se encargó de explicar que “un conflicto no se soluciona con represión, sino con diálogo” y aclaró que “si intervienen fuerzas federales tiene que pedirlo la Justicia”.

Los dueños del predio en disputa aseguran que la líder de la toma es Griselda Altamirano, una militante de la agrupación “1 de Octubre”, vinculada a la CCC y a políticos locales.

En tanto, la crisis habitacional también está en el eje de la tormenta en la localidad de Junín, conducida por Mario Meoni, del Frente Renovador. Allí el concejal y candidato a intendente del FpV, Gustavo Traverso, denunció en el diario Democracia que hay un déficit de 4.000 casas y que en el municipio hay unos 2 mil pedidos de terrenos. Asimismo, dijo que el 18% de las familias del distrito alquila.

Desde la UOCRA de Junín también se ha alertado sobre la necesidad de un plan de viviendas sociales, destinado a las familias que por su bajo nivel de ingresos y condiciones laborales informales no pueden acceder a un préstamo estatal como el PROCREAR y menos aún aquellos provenientes de bancos privados.