El diario La Nación informó que el presidente Mauricio Macri se reunió con Gustavo Arribas, de la ex SIDE, Gustavo Garavano, ministro de Justicia, y con Daniel Angelici, uno de los operadores judiciales de Cambiemos. ¿El motivo? Acordar la estrategia para presionar sobre el juez federal Ariel Lijo, que lleva adelante la causa por el Correo Argentino, que tiene como imputado al propio Macri.

Tras esa reunión, se canceló el llamado al Consejo de Magistratura de Alfredo Lijo (foto), hermano de Ariel. "Freddy" es un operador judicial que, entre otras irregularidades, es señalado por tener cuentas en Suiza por 1,7 millones de dólares.

Con la suspensión, desde el macrismo buscan una negociación implícita con el juez federal Ariel Lijo, que podría resumirse así: "No te tocamos a tu hermano, vos no investigás el Correo Argentino". Se sabe: la causa del Correo investiga si el presidente buscó beneficiar con una condonación de deuda de 70 mil millones de pesos a la empresa de su familia. "Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien", aseguró La Nación que dijo Angelici sobre los hermanos Lijo.

Mientras tanto, Cambiemos le enviará otro mensaje a Lijo y a toda la justicia federal: la citación al Consejo de Daniel Rafecas, a quien se cuestiona por un fallo que disgustó a la Casa Rosada. El mensaje es claro y puede leerse con una metáfora futbolera: o jugás en nuestro equipo, o te desempeñas en el bando rival. Y como se sabe, al enemigo ni justicia.

Muchos rumores circularon en las últimas horas cerca del Gobierno: entre ellos, uno que indica que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso su renuncia a disposición del presidente Mauricio Macri. Pase lo que pase con ella, el Gobierno de Cambiemos decidió cambiar la estrategia sobre el caso. En primer lugar, decidió correrla del centro de la escena.

En los últimos días, el Ejecutivo puso a otro vocero al frente del tema: se trata de Gustavo Garavano, ministro de Justicia. No se trata solo de un cambio de nombres: Garavano tiene una opinión diferente sobre cuál pudo haber sido el rol de Gendarmería en los hechos que terminaron con la desaparición de un joven en Esquel, Chubut. Bullrich, por su parte, se niega a aceptar cualquier hipótesis que responsabilice a la fuerza que responde a ella.

Así las cosas, el Gobierno de Cambiemos empieza a aceptar que Maldonado pudo haber sido desaparecido por la Gendarmería, la teoría que desde siempre mantuvieron los familiares del joven y los organismos de Derechos Humanos. Además, la Justicia investiga hace semanas una posible desaparición forzada de persona. Solo el macrismo alentaba versiones alternativas, como un posible enfrentamiento con un puestero, hipótesis ya descartada por los investigadores.

Cerca de Macri, señalan que el cambio también tiene que ver con el impacto que el caso Maldonado empieza a tener en las encuestas que a diario consumen los funcionarios nacionales. El tema se volvió una crisis política.

Mientras tanto, la Justicia avanza en dos direcciones que incomodan a Cambiemos. Por un lado, la causa en el sur se direcciona casi exclusivamente hacia la hipótesis de la desaparición forzada. Por otro, un fiscal federal inició una investigación para saber si el Gobierno encubrió esa desaparición. La semana pasada, la diputada Victoria Donda aseguró que Bullrich le dijo que "por ahí a un gendarme se le fue la mano". ¿La ministra sabía e igualmente prefirió proteger a la fuerza? Esas preguntas, entre otras, buscará desentrañar la Justicia a 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado.

La medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Milagro Sala es contundente: pide que el Estado argentino ordene la "liberación inmediata" de la dirigente social encarcelada hace casi dos años. Sin embargo, el ministro de Justicia, Gustavo Garavano, desconoció al prestigioso tribunal. "Respetamos las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy", afirmó.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, fue más allá. Señaló que "Sala se robó todo" (sic). De esa manera justificó el arresto de una opositora en Alto Comedero. Hasta el momento, la propia justicia provincial, que muchos vinculan al gobernador, no pudo demostrar esos cargos que Morales describió.

La dirigente de la Tupac está presa hace un año y siete meses. Una comisión de la ONU y ahora la CIDH exigieron su liberación. El Estado argentino sigue desoyendo esos pedidos y la Corte Suprema se ha negado a intervenir.

Mientras tanto, Sala es expuesta a un encierro arbitario que pone en riesgo su salud. “El hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su integridad psíquica, moral, y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y su integridad", reconoció Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH en diálogo con el diario Página 12.