El diputado nacional expreso con respecto a Frigerio que "desconoce o miente el ministro al afirmar que Santa Cruz fue gobernada durante los últimos 25 años por la misma familia. Quizás estas declaraciones le sirvan para las redes sociales, pero le restan seriedad a su calidad de ministro".

Además, Máximo Kirchner sostuvo que: "Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz 12 años y dejó de ser gobernador el 25 de mayo del 2003 para asumir como presidente de todos los argentinos luego del desastre dejado por la Alianza conducida por De La Rúa".

También, el diputado recordó que "puede, si no recuerda el ministro, consultar con Patricia Bullrich o Federico Sturzenegger el desastre económico en el que dejaron sumergido al país".

Con respecto a la gestión del gobierno apuntó: "Debería ser más humilde el ministro en sus aseveraciones ya que van 500 días de gestión con el manual de excusas. No debería olvidar que el lunes siempre llega por más que cuenten con el beneplácito del poder económico, el blindaje del aparato mediático y la escudería judicial. Aún así los resultados solo son buenos para una pequeña minoría y muy, muy malos para la inmensa mayoría".

Asimismo, el diputado nacional advirtió que "igual, para ser justos, sabemos que su margen de acción es poco ya que son Peña, Quintana y Lopetegui son quienes gobiernan y el margen de gestión del ministro no es propio del cargo que ostenta".

Para concluir, manifestó que "la situación que vive Santa Cruz es similar a las de otras provincias, con la diferencia que se la somete a una asfixia producto de la miopía política de la claque que rodea al presidente".

El economista liberal, José Luis Espert, salió a pegarle duro al duo Quintana-Lopetegui. "No podés poner ocho ministerios de economía a ser coordinados por dos tipos que saben hacer plata y no entienden nada de economía”, disparó.

José Luis Espert, el economista liberal, le pegó duro al macrismo evidenciando que las críticas le llegan también por derecha. Espert sostuvo que hace falta un ajuste y apuntó sus cañones a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, y Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas, como los dos responsables de la falta de aciertos económicos.

“La economía es una ciencia. No podés poner ocho ministerios de economía a ser coordinados por dos tipos que saben hacer plata y no entienden nada de economía”, sostuvo Espert sobre los funcionarios.

Sin embargo, el economista amplió los destinatarios de sus dichos, ya que, según su criterio, “todos son parte del error de diagnóstico que se ha cometido” en materia económica desde que Cambiemos asumió el mando.

“Cuando estaba en el llano, en 2014 o 2015, los economistas de Macri hacían un diagnóstico bastante compartido por ellos, que era que acá no había que hacer ningún ajuste fiscal, y que con bajar la inflación la economía mágicamente despegaba, y comenzaba a crecer”, criticó.

El economista explicó que “si bien es un problema monetario, la inflación no se puede combatir sólo con política monetaria, porque el problema de la inflación es un problema de oferta monetaria, pero también es un problema de demanda monetaria”.

“La demanda de pesos, que es clave para explicar la inflación, depende de infinidad de cosas, entre ellas si es sustentable o no la situación fiscal por la que estás atravesando. Y acá el equipo de Macri decide que no hay que hacer ningún ajuste fiscal”, agregó.

Para finalizar, Espert criticó el déficit fiscal, que, según él, se encuentra alrededor del 8 por ciento del PBI, y sostuvo que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “está sacrificando nivel de actividad para llegar a la meta de inflación del 12 al 17% este año”.

(Por Eduardo Porto) Es por el convenio que acelera la aprobación de patentes de ese país, en Argentina, y que derogaría "de hecho" la Ley nacional que regula el precio y la disponibilidad a medicamentos esenciales para la población. Denuncian "Defraudación al Estado Nacional en beneficio de corporaciones monopólicas".

"Defraudación" y "Negociaciones incompatibles con la función pública" son los fundamentos de la denuncia presentada ante el juzgado federal del Juez Sebastián Casanello, a principios de abril, y que tiene en la mira el accionar de cinco altos funcionarios del gobierno nacional, a partir de la firma del acuerdo "piloto" rubricado, en febrero, entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO).

La denuncia penal, realizada por Fernando Miguez, solicita, en principio, una medida cautelar que suspenda el acuerdo hasta que se investigue las supuestas irregualaridades en el accionar de los funcionarios nacionales y las incompatibilidades que la rúbrica tiene con la Ley Nacional de Medicamentos y Patentes.

Los nombres apuntados en la demanda penal son Carlos Grosso, sindicado asesor del presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto a dos de los principales asesores de su área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, autor de la firma del acuerdo, Dámaso Pardo "por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769".

PRIMEREANDO dialogó con Fernando Miguez, quién recalcó que el acuerdo "deroga de hecho" la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para la población, en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales".

La demanda se afirma en dos ejes. Por un lado la vulneración de la Ley que reglamenta, en términos de Derecho, las condiciones de accesibilidad económica y sanitaria de los ciudadanos a una salud básica.

Es que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios son, de hecho, hasta 12 veces mas onerosos en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Es por eso que, tras la crisis del 2001, la Ley de Medicamentos ampara a los laboratorios nacionales a producir y comercializar los denominados medicamentos "genéricos". Este procedimiento se lleva a cabo, al vencer la patente de los laboratorios trasnacionales, que se estipula entre los 10 y 20 años.

Y es aquí donde nace la sospecha sobre el acuerdo, ya que podría beneficiar a los laboratorios multinacionales al facilitar la extensión sobre las patentes que ya poseen las extranjeras, mediante un ardid conocido como “patent evergreening” (patentes “siempre verdes”) que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento, impidiendo la producción de genéricos y ampliando su posición monopólica en el mercado.

El otro eje es la implicancia de los funcionarios denunciados como empresarios del sector.

"Los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este “PLAN SISTEMICO” que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado", expresa la denuncia.

Sin embargo el denunciante no es el único que se ha expresado en este sentido, ya que desde ALIFAR y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ya habían manifestado su desconfianza sobre el convenio, apuntando que la rúbrica podría convertir al país en punta de lanza para imponer “vías rápidas de patentamiento” en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Otro de los ítems de la demanda presentada la semana pasada subraya que el Convenio bilateral es presentado como "Programa Piloto" para "evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional".

Sobre ese punto, de hecho, había manifestado, ya, su malestar, el Secretario General de Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Rubén Abete, al referirse a la nula publicidad del acuerdo por parte de las oficinas estatales: “Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”.

Para Miguez "la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un Plan Sistémico, es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios".

"De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).", marca uno de los pasajes de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

El programa piloto de PPH comenzó el 3 de marzo y se extendería por el plazo de tres años, hasta el 2 de marzo de 2020, y ya contempla la capacitación del personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

La denuncia contra los funcionarios del macrismo refuerza la posición de las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. Las cuales, vía Mercosur, ALIFAR, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya habían manifestado su preocupación por lo que consideran que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación entre la industria farmacéutica nacional y los laboratorios multinacionales.

MEDICAMENTOS DENUNCIA

Es por la implementación de un "Programa Piloto" que no pasó por el Congreso y que beneficia a los laboratorios extranjeros. Aceleran patentes y perjudican a los laboratorios nacionales.

La justicia recibió una denuncia para que se investigue por defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos al jefe de Gabinete Marcos Peña, y a los funcionarios Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

La denuncia que apunta al triunvirato macrista, núcleo de las tomas de decisiones de Cambiemos, a raíz del acuerdo “piloto” de patentes de medicamentos firmado entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos. Solicitan que se prohíba dar comienzo o bien se interrumpa el convenio.

El acuerdo “deroga de hecho la Ley de Patentes afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”.

La denuncia que también alcanza al abogado Damaso Pardo quien conduce el INPI, y al sindicado asesor del presidente Mauricio Macri, Carlos Grosso, fue realizada por Fernando Miguez y recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.

La firma de este entendimiento recayó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina y en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para aplicar en el país el denominado Programa de Patentes de Prospección (PPH).

Según el denunciante, el Convenio bilateral es presentado como “Programa Piloto” para “evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos”.

Para el denunciante Miguez “la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un “Plan Sistémico” es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios”.

“Para lograr la eficacia operativa de este negociado realizado por los denunciados era necesario blindar este acuerdo en un marco que permitiría burlar los controles de la Ley de Medicamentos, fue así que sospechamos que se da creación al llamado “PLAN PILOTO” que intentaría de esta forma la derogación ilícita y fraudulenta de leyes argentinas”, sostuvo el escrito llegado a la justicia.

“De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).”, indica uno de los párrafos de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

Finalmente solicitó al juez el dictado de una medida cautelar para que no se dé comienzo – o en su caso – se interrumpa la ejecución del Acuerdo bajo la seudo denominación de “PLAN PILOTO”.

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ realizó una conferencia de prensa sobre el conflictos de intereses en el gobierno nacional. En la misma se presentó un informe y se proyectó un video que publicamos en esta nota.

Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Director titular de Socma Americana, vicepresidente de Socma Argentina, presidente de IECSA.

https://youtu.be/l4x_QtKdSfc

El gobierno realizó un acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, que según la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. El dictamen habla de un perjuicio para el Estado de 70 mil millones de pesos en favor del Grupo Macri. Está imputado.

El Poder Ejecutivo firmó el decreto 1206/16 para flexibilizar el sistema de blanqueo de capitales y permitir el acceso al régimen de “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios. El propio Macri tiene capitales en paraísos fiscales. Está imputado.

MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de Synergy Aerospace, accionista de Avianca. A los tres meses obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost, medida luego suspendida. Está imputado.

El gobierno le permitió a Autopistas del Sol, en la que Sideco tiene acciones, aumentar los peajes 100%. Ausol evadió impuestos y fugó divisas, y además en diciembre de 2015 inició una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado $6.630 millones.

Jefe de asesores del Presidente, Jose Torello.

Compró US$800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities SA. Desde su rol como asesor directo del Presidente habría influido en las decisiones que lo beneficiaron personalmente. Está imputado.

Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas. Director de Le Coq Sportif y apoderado de MacAir Jet SA.

Como ya mencionamos, MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de los accionistas de Avianca. Avianca obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost. Está imputado.

La Fundación La Alameda descubrió que la dirección legal de Le Coq coincidía con los domicilios de varias empresas de las que Clusellas también era parte. Según Vera, la falta de controles sobre la firma de ropa deportiva se debía al cargo que ocupaba Clusellas como director en el Gobierno de la Ciudad.

Ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Cobas. Gerente de MacAir Jet SA.

Negoció en nombre del gobierno la entrega de hangares de Aeroparque a Avian Líneas Aéreas y FlyBaires, decisión que perjudicó a Aerolíneas Argentinas. Está imputado.

JEFATURA DE GABINETE

Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009. Socio fundador de Pampa Cheese.

Desde su rol como vicejefe de Gabinete, ha intervenido en las políticas de Aerolíneas Argentinas, perjudicándola en beneficio de LAN. Tal es así que la extitular de AA, Isela Constantini, pidió que Lopetegui dejara de participar en las reuniones donde se trataban cuestiones relativas a AA.

En octubre de 2015 compró y vendió contratos de dólar futuro por 310 mil dólares a través de la firma Intl Cibsa SA. Jefatura de Gabinete participa en todas las decisiones del gobierno en materia económica, por lo cual Lopetegui habría intervenido en la fijación del precio a pagar. Está imputado.

Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Fly Bondy, entre otras firmas. Posee 2,5 millones de dólares en acciones del Grupo Clarín. Socio fundador de Pampa Cheese.

Compró 11,5 millones de dólares a futuro antes de la devaluación, cuando era CEO del Grupo Pegasus. Ya en el Gobierno, intervino en la fijación del precio de referencia con el que se iban a cancelar esos contratos.

El Gobierno le cedió rutas comerciales a Fly Bondi, cuyo dueño es Richard Guy Gluzman, que está contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y además fue vicepresidente del Grupo Pegasus, o sea, número dos de Quintana. Las cesiones luego fueron suspendidas.

Subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Natalia Zang. Vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold.

La Oficina Anticorrupción la investiga por “sus vínculos comerciales y profesionales”.

MINISTERIOS DE HACIENDA Y FINANZAS

Ministro Nicolás Dujovne. Entre 2001 y 2011 fue economista jefe del Banco Galicia. También fue consultor del Banco Mundial y director de Papel Prensa.

Compró contratos de dólar futuro a través de Industrial Valores SA.

Ex ministro Alfonso Prat-Gay. Ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. Antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas.

Secretario de Finanzas, Luis Caputo. Presidente de los fondos de inversión Axis y Axis Dólares. Antes trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego fue presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008.

Director del Banco Central, Demian Reidel. Trabajó en JP Morgan y Goldman Sachs.

Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. Director de desarrollo corporativo del grupo Biosidus, antes fue vicepresidente del Departamento de Finanzas Corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan.

Quienes fueron empleadores de Prat Gay, Caputo, Reidel y Ayerra componen el pool de bancos extranjeros contratados por Macri para la megaemisión de deuda externa por US$15.000 millones destinada a pagarles a los fondos buitre y financiar gastos corrientes. La estrecha relación de Hacienda con esos bancos les hizo ganar millonarias comisiones.

Luis Caputo está denunciado porque como presidente de Axis compró dólares a futuro por 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una adquisición personal. Luego intervino en la determinación del valor del dólar futuro. Está imputado.

El directorio de Axis, que hasta diciembre de 2015 controlaba Caputo, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para constituir el fondo de inversiones Axis Dólares, destinado a realizar inversiones inmobiliarias con el dinero que blanquee.

Directora de la CNV, Rocío Balestra. Trabajó 14 años en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. También se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling.

El estudio Shearman and Sterling fue contratado por el gobierno para negociar con los buitres.

Director del Banco Central, Pablo Curat. Consultor del BID y del Banco Mundial.

Está imputado en la causa dólar futuro. Compró US$500.000.

Gerente general del Banco Central, Mario Flores Vidal. Director para Sudamérica en la agencia Thomson Reuters.

Subgerente de operaciones del Banco Central, Agustín Collazo. Director gerente en Morgan Stanley, New York.

Presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Miembro del Directorio de Peugeot Argentina.

Director del Banco Nación, Luis Ribaya. Director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico.

Titular de Nación Servicios, Alejandro Nigro. Comenzó en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión.

Director de Nación Servicios, Alejandro Cavallero. CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank, gerente de canales alternativos del HSBC.

Presidente de Nación Seguros, Juan Horacio Sarquis. Gerente de Banca Minorista del Banco Galicia.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Ministro Juan José Aranguren. Ex presidente de Shell.

Siete de los primeros ocho barcos de gasoil –US$ 150 millones- adjudicados por Cammesa fueron para Shell Western. Está imputado.

Los acciones de Royal Dutch Shell por $16 millones que poseía las vendió recién en septiembre de 2016, por recomendación de la OA.

Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Desde 1999 vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE).

Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik. Gerente de Planeamiento Comercial y Economía de Axion Energy (2012-2015), antes trabajó en Exxon Mobil.

Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Presidente de SyA Consultoría (1998-2015), donde “asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios”. Ex gerente de Edenor.

Presidente de Enargas, David Tezanos González. Presidente de Metrogas y director de Gas de YPF.

Sureda, Popik, Sruoga y Tezanos González están imputados por haber participado en la elaboración del tarifazo que benefició a las empresas para las que trabajaban.

Subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. Trabajó en British Petroleum, jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de Aires Renewables SA.

Varias empresas que compiten por instalar aerogeneradores manifestaron su inquietud por el presunto conflicto de intereses que se registraría si Kind no se abstiene a la hora de evaluar las ofertas en juego.

Subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Pourteau. Director general de Endriven. Antes trabajó en Brass LNG Limited y en la multinacional Total SA, segunda empresa productora de gas en Argentina.

Pourteau no se ha excusado de intervenir en determinaciones relacionadas con el mercado gasífero. Elaboró el informe en el que se basó el tarifazo.

Secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo. Ex Exxon Mobil, CEO de la subsidiaria Esso Standard.

Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins. Socia en Energy Performance SRL, trabajó en Repsol-YPF.

Titular de Enarsa, Hugo Balboa. Director del proyecto de expansión de Axion. Ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

Las empresas para las que trabajaron Redondo, Heins y Balboa poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas.

Presidente del ENRE, Juan Garade. Socio en Management Consultants, director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (2001-2012) y gerente de Planificación Económica de Edenor (1992-1998).

Director del ENRE, Ricardo Sericano. Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde 1992 hasta 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

Son los encargados de controlar a las empresas para las cuales trabajaron durante casi 20 años.

Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini. Posee acciones en Central Puerto SA.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ministro Guillermo Dietrich. Hijo del dueño de una importante concesionaria de autos.

Está imputado por la cesión de rutas comerciales a Fly Bondi y Avianca.

Administrador de Ferrocarriles, Marcelo Orfila. Gerente general de Grupo Monarca (negocios inmobiliarios). Gerente general en Alpargatas y director en Aeropuertos Argentinos 2000.

Está imputado por la firma de seguros con ferrocarriles estatales sin licitación y por $300 millones con la aseguradora AON, cuyo gerente Jorge González Gale es el broker histórico del Grupo Macri y compañero de bridge de Franco Macri.

Vicepresidente de Operadora Ferroviaria, Diego Kyburg. Gerente de operaciones de Biomac, ex Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía.

Titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Guillermo Fiad. De la Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

Asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Lucas Werthein. Director en el Grupo Werthein, director de Experta ART, GNNW y Cachay SA, cofundador y director de Big Deal y Big Box.

Es socio del vicepresidente de Fly Bondi en las empresas Big Box y Big Deal, y trabaja en el ente que regula los aeropuertos en los que operará Fly Bondi. Está imputado.

UIF

Titular de la UIF, Mariano Federici. Abogado del FMI, vinculado al estudio Marteau.

El estudio Marteau, a través de la Fundación Finint, es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico. Defensora del banco HSBC ante la UIF.

Talerico fue la encargada de defender al Banco HSBC ante la UIF por lavado de dinero. Una vez que asumió, cerró los casos donde se investigaba al HSBC por 1.040 cuentas offshore de argentinos. Gracias a esto, el HSBC pudo ser uno de los encargados de colocar deuda argentina en el mercado.

Fiscal de la UIF, Celeste Plee. Pertenece al estudio Marteau, defensora del banco Masventas SA. Es la hija del fiscal Raúl Plee.

El Banco Masventas SA es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de sanciones por parte de la UIF.

El estudio Marteau es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos, Juan Félix Marteau. Fundador del estudio Marteau.

Su estudio ofreció a sus clientes y a funcionarios asesoramiento para adherirse al "Régimen de Sinceramiento Fiscal" para blanquear el dinero no declarado. Está imputado.

OTROS ORGANISMOS

Subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino. Ex socio del estudio Marval, O’Farrell & Mairal.

El estudio participó de las negociaciones de la deuda externa argentina y realiza numerosas presentaciones ante la IGJ.

Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Damaso Pardo. Socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz

El estudio al que pertenece es el que contratan las multinacionales para accionar ante el INPI. Apenas asumió y por simple resolución, Pardo modificó el régimen de patentamiento.

Secretario de Comercio, Miguel Braun. Socio de las Sociedades Anónimas EBA Holding; Finisterra; Marin; Santamera; Santiago de Compostela Promotora de Seguros; Estancias Sara Braun; y Pampa Cheese.

Desde el cargo que ostenta puede beneficiar a sus empresas. Pampa Cheese es una empresa láctea que fundó junto a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación, José Ignacio García Hamilton. Director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.

Ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier. Director del Grupo Clarín. Director de Goldman Sachs, Transportadora Gas del Sur, Arcor y Ledesma.

Está imputado por la compra que el FGS hizo de títulos de Cablevisión y Arcor, dos empresas a las cuales había estado ligado hasta que asumió en el cargo. En el caso de Cablevisión, el fiscal Gabriel De Vedia determinó que Blaquier continúa siendo socio del fondo que controla la empresa.

Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Entre 2005 y noviembre de 2012 fue director editorial de la Región Sur de Random House Mondadori Argentina.

Abrió la importación de libros. Una de las grandes beneficiadas fue Random House.

Canciller Susana Malcorra. Gerente de IBM y Telecom.

Ministro de Producción Francisco Cabrera. Ex Grupo HSBC. Trabajó en Hewlett-Packard, Máxima AFJP y diario La Nación.

Viceministro de Desarrollo Social, Gabriel Castelli. Director de Loma Negra, HSBC y Farmacity.

Secretario de Empleo, Miguel Angel Punte. Jefe de Recursos Humanos de Techint.

Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi. Vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

Director del INCAA, Alejandro Cacetta. Gerente de negocios y finanzas de Patagonik Film Group, y antes de Polka.

Está siendo “investigado” por la OA.

Director nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Guillermo Casanova. Director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca Cola-Femsa.

Subsecretaria de Política y Gestión PyME, Carolina Castro. Accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes.

La empresa chilena fue beneficiada por el ex CEO de LAN y actual vice jefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri, al otorgarle ventajas en el uso de espacios de Aeroparque que estaban asignadas a la empresa de bandera nacional.

Aunque el Gobierno prometió duplicar el tráfico de cabotaje en cinco años, las obras de ampliación del Aeroparque no se están implementando, se frenó la mudanza de las compañías de taxis aéreos y se le dieron a LAN ventajas en el uso de espacios garantizándole una posición de privilegio. Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN y actual vicejefe de Gabinete es hombre clave en las decisiones del área.

“El gobierno planea duplicar el tráfico aéreo de cabotaje en cinco años, pero las acciones que desarrolla parecieran orientadas en sentido contrario. El principal cuello de botella es el Aeroparque Jorge Newbery, que concentra el 90 por ciento del tráfico nacional, y muchas de las obras de ampliación planeadas por el anterior gobierno no se están implementando o fueron desechadas. Uno de los cambios programados para ampliar la operatividad comercial de Aeroparque era la mudanza de las compañías de taxis aéreos –una de las cuales era de propiedad del Grupo Macri–, que no sólo restan espacio físico sino también tiempo de uso de la pista principal a los vuelos comerciales. Al servicio de taxi aéreo no sólo se le ratificó su permanencia en Aeroparque, sino que incluso se le abrió la posibilidad de explotar vuelos regulares, en una adjudicación de rutas que aún no se concretó por denuncias de irregularidades. A su vez, el gobierno le ha devuelto a la principal empresa privada que opera en cabotaje en Argentina, LAN Líneas Aéreas, ventajas en el uso de espacios del aeropuerto (puertas de embarque, por ejemplo) que estaban asignados a Aerolíneas, con lo cual pudo mejorar su oferta de vuelos. LAN o Latam, según el nombre con el que opera actualmente (tras la fusión regional con TAM), resulta así la gran beneficiaria del actual estado de cosas. Uno de los hombres clave en la toma de decisiones en esta área, vale recordar, es Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri y antes ejecutivo de primera línea de LAN Chile”, informa una destacada nota que el colega Raúl Dellatorre públicó hoy Página 12.

“Es un aspecto poco conocido por el público en general, pero para un aeropuerto con uso tan intensivo, por no decir saturado, como el Aeroparque Jorge Newbery, la presencia de taxis aéreos privados impone una restricción importante, no sólo por el uso de hangares, sino porque en las maniobras de pista (despegue y aterrizaje) el tiempo de uso es similar al de una aeronave comercial grande”, sostuvo un experto consultado por este diario. El actual gobierno no sólo modificó las normas que establecían su mudanza a otros aeroparques, sino que las convocó a que participen en la licitación de rutas comerciales, como ocurrió con Mac Air, del grupo Macri, tras convertirse en Avian S.A., y otras. “El planteo de que iban a volar desde otros aeropuertos, como la base aérea de El Palomar, es delirante, porque no hay condiciones edilicias para el embarque de pasajeros; construirlo saldría una fortuna”, reveló la misma fuente. Su destino, de concretarse, sería continuar en Aeroparque, estrechando aún más el cuello de botella.

Y continúa el texto de Dellatorre: “Otro aspecto en el que los hechos juegan en contra de los dichos es el de las obras de ampliación de Aeroparque para la construcción de una nueva pista de aterrizaje. El compromiso del gobierno de la Ciudad para completar el relleno del río para extender el área destinada a Aeroparque, que era un compromiso asumido por Mauricio Macri como jefe de gobierno con el gobierno nacional encabezado por Cristina Kirchner, no se cumplió. Mientras la realización de acciones para posibilitar una expansión real de la oferta de cabotaje se demora, el negocio comercial va adquiriendo un perfil más que atractivo para la explotación aerocomercial en las condiciones actuales. El servicio doméstico en Argentina está repartido principalmente entre Aerolíneas, en un 75 por ciento, y LAN, con el 24 por ciento, quedando el uno por ciento para el resto. En conjunto, transportan alrededor de nueve millones de pasajeros anuales, cifra que es la que se dice querer estirar a 18 millones en cinco años (aunque ya transcurrió el primero sin resultados). Pero mientras eso no suceda, LAN sigue ofreciendo vuelos en las rutas más rentables y en las horas pico en valores sensiblemente más elevados a los de Aerolíneas, sin que esta última esté en condiciones de ofrecer más vuelos en esas rutas y horarios”.

Esta particular situación de mercado también se ve reflejada, en el estudio privado mencionado, en la comparación entre las tarifas que LAN ofrecía en Argentina y en países limítrofes, añade. “Si se observan algunas campañas publicitarias del año 2015, para destinos como Tucumán, Salta y Bariloche, los precios que ofrecía la empresa en aquel año eran de 2156 pesos, 2352 y 2665 pesos respectivamente. Aun si se considerara un dólar de 12 pesos para ese año (valor del “blue” o similar), en vez del oficial de 8,75 pesos (promedio del año), resultarían tarifas de 180, 196 y 220 dólares, aproximadamente, para cada uno de esos destinos. La tarifa cada 100 kilómetros es equivalente a unos 13 a 14 dólares. El trabajo toma, para la misma fecha, las tarifas que LAN ofrecía en Chile para vuelos entre Santiago y Antofagasta, que llevado a dólares cada 100 kilómetros no superan los 7,50 dólares. Es decir, en Argentina estaba cobrando tarifas un 80 por ciento más caras. La diferencia, se sospecha, es aun mayor en los horarios pico, en los que la sobredemanda de pasajes en Buenos Aires es imposible de satisfacer. Otro informe elaborado para la propia empresa, sobre el “status de infraestructura de los aeropuertos donde opera Latam”, evaluando las condiciones de “pista, plataforma, embarque y check-in”, le otorga al Jorge Newbery la calificación de estado “crítico” a la plataforma, y semicrítico a los tres restantes servicios. Ezeiza es el que sale mejor parado en la evaluación (“sin restricción” en pista, plataforma y check in, restricciones parciales en embarque). Otros con mala calificación son el de Mendoza (estado crítico en pista y check in, restricciones parciales en lo demás), San Juan (graves falencias en todos los servicios), Tucumán (crítico en pista, semicrítico para lo demás), Río Gallegos (crítico en plataforma y check in, semicrítico lo demás) y Neuquén (semicrítico en general). Córdoba, Bariloche y Neuquén son los que presentarían menos restricciones. De todos ellos, sólo Río Gallegos, Mendoza y Bahía Blanca presentan planes de obras de importancia en ejecución o a ejecutarse”, puntualiza.

Las recomendaciones para hacer viable una expansión del servicio de cabotaje como el que se dice aspirar requerirían no sólo un amplio esfuerzo de obras de infraestructura,sino además una capacitación de pilotos para las nuevas naves que sería necesario incorporar, para las cuales, según los expertos, la disponibilidad humana es hoy insuficiente. También exigiría un reacomodamiento de los servicios, para lo cual se debería obligar a la principal operadora privada, LAN, a sumar frecuencias en los destinos menos rentables y acomodarse a los horarios de disponibilidad de pista en Aeroparque, en vez de ocupar excluyentemente los horarios pico. Por ejemplo, de 1 a 5 de la madrugada no salen vuelos programados de Aeroparque Jorge Newbery. O, también, obligarla a ceder espacios en favor de otras compañías.

Pero estos últimos aspectos van en contra de la rentabilidad monopólica –en sentido técnico, no se desempeña en condiciones de competencia– que hoy obtiene la empresa en la Argentina con los vuelos domésticos. Allí es donde aparecen, y se explican quizás, ciertas contradicciones en el discurso y los hechos del gobierno actual. Las promesas de un expandido servicio de cabotaje que hacen los funcionarios del área de Transporte son, por ahora, sólo eso, promesas. El negocio de la principal prestadora privada es, mientras tanto, fructífero. Y en estas condiciones, lo seguirá siendo.

El diputado nacional y principal referente del Partido Solidario denunció en una entrevista radial que los miembros del oficialismo con altos cargos de Estado se encuentran trabajando para beneficiarse económicamente. Cuestionó a los grandes medios de comunicación y advirtió acerca del desgaste de algunos ministros del la alianza gobernante.

“Está claro que para Nicolás Dujovne, más allá de sus esfuerzos dialécticos, el objetivo es profundizar el ajuste. En todas las declaraciones que hizo habló recurrentemente de bajar el costo laboral, y bajar el costo laboral desde su perspectiva es flexibilidad laboral”, sostuvo el diputado nacional Carlos Heller.

“Dujovne también dice ´son muy altos los impuestos al trabajo´, y me hace acordar a (Domingo) Cavallo cuando redujo los aportes patronales, porque es una manera de bajar el costo laboral, desde luego a costa de desfinanciar el sistema previsional, lo que luego terminó siendo la justificación para privatizarlo. Hay que prestarle mucha atención a este tema, yo creo que es un tema clave en esta etapa”, para luego asegurar que “Dujovne no deja de decir que su objetivo es la reducción del déficit fiscal. Eso supone un ajuste aún mayor al que se aprobó en el Presupuesto”, advirtió Heller.

“Los apologistas del ajuste brutal son como los Jinetes del Apocalipsis, vienen cabalgando siempre y no paran. Tienen espacios en los medios e insisten”, graficó el Presidente del Partido Solidario.

Heller también se refirió al tratamiento sesgado que se le dio a la noticia de la recaudación y al decreto que establece mayores descuentos en las retenciones a la soja: “Incluyendo los ingresos del blanqueo, la recaudación creció un 34,6%, con una inflación que nadie ubica en menos del 40%. Por lo tanto, ni el blanqueo, que es una medida excepcional y que este año no van a tener, puede resolver el problema. El problema es la menor actividad económica y las medidas que el gobierno toma de baja de impuestos a los sectores que efectivamente quiere privilegiar”, dijo el diputado, y sumó: “al respecto, es llamativo que el gobierno firme antes de fin de año un decreto que comenzará a tener efecto el 1 de enero de 2018, me refiero al decreto 1343/2016 firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña, Alfonso Prat-Gay y Ricardo Buryaile, que establece una reducción mensual del 0,5% en las alícuotas de la soja, que llegarían al 24% en diciembre de 2018, y al 18% en diciembre de 2019”.

El legislador señaló además un detalle que tuvo casi nulo desarrollo en los medios masivos: “Nadie dice que estos datos que dan están referidos al poroto de soja, que es nada más que el 21% de los ingresos de exportación. El 55% es harina de soja y el resto, el 24%, es aceite de soja. Estos dos rubros ya están en el 27% ahora, no en el 30% como el poroto. Por lo que van a bajar al 21% en diciembre de 2018 y al 15% en diciembre de 2019. Es decir que desde el punto de vista fiscal, según nuestra estimación, este decreto que va a entrar en vigencia el año que viene implica entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones al año de beneficio al sector sojero. Habría que preguntarse cómo encaja eso en el marco del objetivo de reducción del déficit fiscal”, concluyó.

Ante la pregunta sobre si el gobierno cree que las medidas económicas que implementa van a traer buenas noticias para los indicadores de la economía, Heller respondió citando una nota que publica hoy Clarín, firmada por Paul Krugman, Premio Nobel de Economía: “Krugman sostiene que el gobierno de Estados Unidos ha sido tomado por un grupo de empresarios que busca acrecentar sus ganancias y que lo hacen desde el poder, dejando de lado a los políticos que tienen otro tipo de compromisos. Estoy convencido de que en Argentina está pasando exactamente eso mismo”.

En esa misma línea, el legislador sostuvo que los funcionarios de alto rango del gabinete no temen que sus figuras se desgasten: “Ni Mario Quintana ni Gustavo Lopetegui tienen proyecto político. Lo que quieren es fortalecer sus esquemas de negocios y los de los grupos económicos a los que están vinculados, cosa que están haciendo desde el primer día, desde la compra de dólar futuro hasta la firma del Memorándum con Qatar, que es una vergüenza”, remató.

Consultado sobre la no renovación del reintegro del 5% del IVA sobre las compras realizadas con tarjetas de débito, Heller opinó que es una medida que “afecta directamente a los trabajadores registrados, que fueron incorporando el uso de la tarjeta de débito sobre la base del beneficio de la devolución del 5% del IVA” y sostuvo que la decisión de Dujovne “de hecho significa que el costo real de lo que compraban con tarjeta de débito los trabajadores, que en general son los productos de consumo permanente -alimentos, artículos de limpieza, etcétera-, a partir del 1 de enero les cuestan más”.

“La otra cuestión que hay que tener en cuenta –agregó el legislador- es que es una pésima medida desde el punto de vista fiscal: van a perder plata. Al desincentivar el interés del uso del pago con tarjeta de débito van a aparecer otra vez, sobre todo en los comercios minoristas y en los boliches de barrio, los descuentos por pago en efectivo, lo que significa que esos comerciantes dejarán de tributar. El descuento en efectivo no es un acto graciable, sino que es la preparación del camino para la no tributación. Por eso digo que en el balance final el Estado va a perder plata. Es una mala medida desde todo punto de vista”, subrayó.

La ex mandataria solicitó que sean citados empresarios amigos y funcionarios del gobierno en el marco de las investigaciones por la causa de dólar a futuro.

Cristina Fernández de Kirchner envió un escrito a la Justicia donde pide la indagatoria de varios empresarios y funcionarios de Cambiemos.que en su momento adquirieron contratos de dólar futuro por valores millonarios como Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, José María Torello, Pablo Curat y Luis Caputo.

"En consecuencia, requiero una vez más que se convoque a prestar declaración indagatoria a las personas mencionadas, las cuales resultan ser beneficiarios directos del supuesto delito de defraudación por administración infiel que se habría cometido en contra del erario público", dice el escrito.

La expresidenta se encuentra procesada por la decisión económica que se judicializó y que la oposición quiso vestir de "defraudación".

Bonadio acaba de embargar a Cristina por 15 millones de pesos, y también procesó al ex ministro de Economía, Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.

Como explicó el ministro Ricardo Buryaile, la producción de quesos suma rentabilidad. Así lo entendieron funcionarios clave del gobierno nacional, que aparecen también de ese lado del mostrador aprovechando el retiro del Estado. El sitio web chequeado.com explicó en una nota del mes pasado que el coordinador Interministerial del Gobierno, Mario Quintana; junto con el coordinador de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; y el secretario de Comercio, Miguel Braun, “son socios en la empresa Pampa Cheese”.

La publicación destacó que aunque poseen participación accionaria en la compañía productora y exportadora de mozarella para uso industrial -Braun dejó trascender a través de la prensa que iba a vender la suya antes de asumir aunque aún no se conoce información oficial al respecto-, los tres renunciaron al directorio el 9 de diciembre de 2015, antes de asumir sus cargos.

Al momento de su reemplazo, como director suplente asumió Sebastián Luis Caputo, uno de los mayores accionistas de Caputo S.A., quien además también apareció integrando diversas cuentas offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri en los Panamá Papers. Por otra parte, el diario La Nación informó que la participación de Lopetegui en la compañía en 2015 era de 2,5 millones de pesos.

Desde la asunción de la gestión del presidente Macri, la compañía Pampa Cheese cuenta con el beneficio extra de la eliminación del 5% de derechos de exportación que tributaban todas las ventas de productos manufactureros al exterior.

La empresa está ubicada en la localidad santafesina de Progreso, 73 kilómetros al Noroeste de la capital provincial. Desde 2008, funciona una línea automatizada con una capacidad productiva que en 2014 se ubicaba en 200.000 litros diarios y que se proyectaba llevar a 400.000. Un 50% de la leche que utiliza surge de un tambo propio y el otro 50% de cooperativas de tamberos de la zona, según contó uno de los gerentes en declaraciones periodísticas a un medio local.

Se trata de una empresa exportadora, con más de doce destinos para sus productos entre los que se destacan Brasil, Chile, Rusia, Dubai, China y Arabia Saudita, en tanto que alrededor del 15 por ciento se destina al mercado nacional. Durante el último año habría realizado exportaciones superiores a los 4 millones de dólares.

Algunos funcionarios ya dejaron en claro que -por ahora- no está en sus planes confiar sus inversiones en la Argentina. Sin embargo, remarcaron que, pese a estar radicados en el exterior, esos activos tributan en el país.

Entre los funcionarios con activos fuera del país, se encuentra el Ministro de Energía, Juan José Aranguren quien declaró $70 millones en cuentas y acciones en el exterior, pero ya advirtió que no repatriará los fondos.  “Es una decisión personal que tomará junto a su familia”, dijo su vocero.

Por su parte, la Canciller, Susana Malcorra sólo declaró 387 pesos. El resto de sus casi $12 millones está invertido en fondos de inversión en Suiza y cuentas bancarias en Estados Unidos, Italia y España, donde trabajó antes de desembarcar en el Estado.

Finalmente, uno de los funcionarios más ricos del gabinete, Alfonso Prat-Gay, transformó los $40 millones que tenía depositados en una cuenta en Estados Unidos en bonos argentinos, afirmaron desde su equipo. Dichos bonos siguen siendo atesorados en el exterior.

La lista de funcionarios del PRO con activos en el exterior se completa con Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Federico Sturzenegger.