Blindaje: el asesinato del colectivero y la ley que Vidal nunca reglamentÃģ

La gobernadora debería haber reglamentado hace más de un año la ley que obliga a las empresas de colectivos a instalar cámaras, pero no cumplió con ese paso.

La respuesta que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires tras el asesinato de Leandro Alcaraz fue la promesa de reglamentar de inmediato la ley provincial 14.897, sancionada en enero de 2017.

Vidal, que disponía en ese entonces de 60 días para reglamentar la norma (o sea, hasta marzo del año pasado), nunca lo hizo, impidiendo que se implemente lo ley la legislatura bonaerense había votado y que ella misma había promulgado.

Ya en junio del año pasado, tras el asesinato en Claypole de otro colectivero, Carlos Ernesto Sánchez, el ministro Ritondo había respondido con la misma promesa a los representantes de la UTA (Unión Tranviarios Automotor): reglamentar la ley. Pero nada sucedió, y las cosas continuaron igual.

Esta vez Ritondo dio una fecha concreta: dijo que la ley se reglamentará el lunes próximo. Incluso Clarín afirmó haber accedido a un borrador de esa reglamentación, que dispondría la instalación de "la cantidad de cámaras necesarias según las características de cada unidad de transporte, debiéndose garantizarla existencia de una cámara por puerta de la unidad".

El funcionario también habló de una línea de créditos blandos que ofrecería el Banco Provincia para que los propietarios de las unidades puedan afrontar el costo de la instalación de las cámaras.

Lo cierto es que la ley no se reglamentó en los plazos correspondientes, y tampoco se hizo luego de la promesa de junio pasado, cosa que ningún medio destacó tras la noticia que conmovió este domingo nuevamente a toda la sociedad. Así funciona el blindaje.

Fuente: Infonews

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Tragedia en el Mercado Central: una pelea por un cajÃģn de manzanas terminÃģ con un muerto

Ironías del destino. Hace pocos días, Macri montó una puesta en escena en el lugar.

El Mercado Central de Buenos Aires fue escenario de una violenta pelea entre "changarines" que dejó como resultado un muerto. Ocurrió en la Nave 8 del predio de Tapiales, frente a la mirada de los comerciantes y de los demás empleados. La víctima, identificada como Alan Cuenca (29), recibió al menos una puñalada y falleció al instante.

De acuerdo con un testigo que declaró ante la Justicia, la discusión comenzó porque aparentemente la víctima se había quedado con un cliente que necesitaba descargar cajones de manzanas y que, inicialmente, le "pertenecía" al agresor. Esto despertó su ira y no tuvo mejor idea que increparlo, atacarlo y matarlo de un puntazo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el asesino rodeó a su colega junto con tres cómplices y comenzó a pegarle. Después de agredirlo, sacó el puñal y lo mató. Algunos compañeros trataron de asistir al herido y subirlo en el carro que sirve para transportar mercadería, pero no sirvió de nada.

Mirá el video:

Fuente: C5N, Infobae

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En Tigre marchan para que se esclarezcan crímenes ligados a la trata y al narcotrÃĄfico

Organizaciones sociales de Tigre marchan a la Fiscalía de General Pacheco para reclamar el esclarecimiento de una serie de crímenes que estarían vinculados con “redes de trata y narcotráfico que cuentan con el amparo de la policía, jueces y políticos” del distrito que gobierna el Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

“El maltrato policial en Tigre es algo que nos preocupa mucho. Sobre todo de parte del COT, que es la fuerza municipal de seguridad que se armó cuando (Sergio) Massa era intendente”, subrayó Alvarez.

Y en ese sentido, aportó: “Creemos que muchos de los agentes que tienen pertenecieron a la bonaerense durante los '90 y tienen causas por gatillo fácil”.

“Los que organizamos esta marcha somos vecinos y agrupaciones sociales que creemos que hay que actuar para esclarecer una serie de crímenes que son consecuencia de redes de trata que cuentan con el amparo de la Policía y la Justicia”, señaló Aldana Alvarez, militante del Movimiento Evita que vive en la localidad de El Talar, en diálogo con Télam.

Los convocantes se congregarán en Entre Ríos y Salta, en la Plaza de Pacheco, con el propósito de exigir que se investiguen “en profundidad las muertes de Tamara López, Micaela y Nancy Fernández, Solange Aguirre, Sergio Lorenzini, Diego García, y todas las víctimas de la inseguridad en el partido de Tigre”.

“En este Municipio se suceden casos de trata y muertes que nadie investiga  en serio. Hay involucrados personajes que cuentan con protección de una policía que maltrata a las víctimas”, sostuvo la dirigente social.

En concreto, Alvarez se refiere al caso de la joven Tamara Micaela López, una joven de 21 años que desapareció el pasado 15 de enero y fue hallada muerta diez días después en un terreno baldío del barrio Las Tunas, en El Talar.

Tamara tenía un vínculo con Dante 'Pato' Cenizo, un hombre que se encuentra detenido por narcotráfico y que había sido denunciado por familiares de la menor.

“Me enteré de la muerte de mi hija (Tamara) por las redes sociales. Nadie de la Justicia se comunicó conmigo para avisarme. Tuve que reconocer su cuerpo en una cochería, en vez de hacerlo en la morgue”, relató Julia López, madre de la víctima.

Y en relación a las irregularidades que se cometieron en la causa, Julia contó que “ni la policía ni la fiscalía preservaron el lugar en el que encontraron el cuerpo” de su hija.

“Cuando apareció el cuerpo, la fiscal (Mariela) Miozzo me dijo que no me convenía hacer marchas. Me pidió que no fuera a los medios.

Ahora, la causa la tiene el fiscal Marcelo Fuenzalida que hasta ahora no me deja ver qué tiene en el expediente”, describió la madre de Tamara.

Cenizo fue denunciado hace dos años de haber participado en las muertes de la joven de origen Qom Micaela Fernández y Nancy, su madre, quien acusó al hombre de haber prostituido a la chica.

Micaela (14 años) apareció muerta con un disparo en su cabeza en la casa de Cenizo y el fiscal Diego Molina Pico archivó la causa tras caratular el hecho como “suicidio”.

Tras recibir amenazas de Cenizo, Nancy murió como consecuencia de una agresión sexual que sufrió en la casa que habitaba.

Antes, había denunciado agresiones en la Comisaría Sexta de El Talar, donde concurrió a exigir que se investigara la muerte de su hija.

A fines de 2014, los representantes legales de la familia Fernández y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia lograron que la causa se reabra tras denunciar irregularidades.

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