Los prestadores de servicios médicos de esta obra social ya no atenderán en forma libre a sus afiliados. Ahora podrán atenderse dos veces por mes o seis durante todo el año. Teléfono para la Gobernadora bonaerense.

El conflicto nació por el atraso de pagos de IOMA a la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba).

Hasta el momento se desconoce si existe algún acercamiento o si esta nueva medida es un eslabón más del ajuste que está llevando adelante el gobierno de la Provincia que encabeza María Eugenia Vidal.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se denunció que a partir del 12 de abril próximo se recortarán las consultas ambulatorias bajo el convenio entre IOMA y Femeba.

Las mismas han sido reducidas a dos por mes o seis al año, esta medida perjudica a miles de docentes, sus familias y otros trabajadores.

El retraso y la falta de pago de la obra social a los distintos prestadores de servicios pone en riesgo la salud de 2 millones de afiliados de la Provincia. Uno de los casos más críticos se da con los acompañantes terapéuticos que desde hace 8 meses no cobran sus haberes. Ante esta situación, legisladores de la oposición piden la interpelación del titular de IOMA, Pablo Di Liscia.

“Desde diciembre que no me pagan por mis servicios y la única respuesta que recibí por parte de las autoridades de IOMA fue: “No te quejes porque hay prestadores que les debemos desde agosto desde el año pasado”. El testimonio pertenece a Mayra Aguilar, acompañante terapéutica de la ciudad de La Plata. Al igual que ella, son más de 5 mil profesionales de la región, quienes atienden a pacientes con distintas patologías motrices y cognitivas, a los que la obra social les adeuda el pago de un período que va desde los 6 hasta los 8 meses.

Esta situación vulnera el derecho al acceso a la salud de los afiliados. “Hoy el 90 por ciento de los pacientes que necesitan un acompañante lo hacen por IOMA. Por la falta de pago, cada vez son más prestadores que no quieren trabajar por esta obra social” describió la joven profesional en diálogo con Primereando las noticias, quien agregó que “están llevando a muchos pacientes a un estado de abandono de persona, porque si nuestros compañeros no tienen plata para los viáticos, no se pueden acercar al lugar de trabajo”.

Ante los reclamos generalizados de distintos sectores de profesiones y proveedores por los retrasos y la falta de pago, el bloque de senadores de Unidad Ciudadana presentó un pedido de interpelación al titular de IOMA, Pablo Di Liscia, para que concurra a la Legislatura a “informar sobre las causas de las reiteradas suspensiones de las prestaciones y explique las medidas que tienen previsto adoptar ante un déficit prestacional que pone en riesgo la salud de 2 millones de afiliados”.

Según estimaron desde la fuerza opositora, la deuda vencida de la obra social superaría los 1.500 millones de pesos. Al respecto, la titular de la bancada de Unidad Ciudadana en la Cámara Alta, Teresa García, señaló que “la crisis en el pago de prestaciones se arrastra desde el año pasado, por lo que los 2.037.000 afiliados de esa obra social comenzaron a ver afectados su derecho a la atención médica, odontológica y psicológica, a las prácticas de laboratorio, a las internaciones y a la obtención de medicamentos”.

Como se mencionaba anteriormente, la deuda que mantiene IOMA con los profesionales y trabajadores de la salud también afecta la calidad de vida de los pacientes bonaerenses.

Primereando las noticias habló con Marta Centurión, mamá de Tobías, un joven de la localidad de Berisso que padece autismo. “Tuvimos que cambiar de acompañante porque el anterior no cobraba desde el año pasado” relató la madre del chicho de 17 años que asiste a la Secundaria N° 10 de dicha ciudad.

“En los últimos años mi hijo progresó muchísimo. El necesita su acompañante de lunes a viernes en la escuela y nos genera una frustración enorme que todo ese proceso de confianza que lleva su tiempo se venga abajo. Uno entiende la situación de los trabajadores porque desde hace meses que no cobran y ellos tienen que comer y vivir” concluyó la madre de Tobías.

Una docente de Lomas de Zamora falleció esta mañana ante la falta de medicamentos para tratarse un mieloma multiple. La obra social IOMA, que atiende empleados estatales, se los negó reiteradas veces.

Gabriela Ciuffarella, docente de Lomas de Zamora, falleció esta mañana a los 46 años, luego de que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) le negara reiteradas veces los medicamentos. En mayo de 2017 le habían diagnosticado “mieloma múltiple”, un tipo de cáncer de la médula ósea.

El 26 de diciembre le recetaron una medicación y pese a los reiterados reclamos, la obra social de la Provincia que comanda María Eugenia Vidal, que en su web se describe como un "Sistema Solidario de Salud, distinguido por el principio de la equidad, en el que todos reciben la misma cobertura, sin distinciones de aportes”, le negó  los medicamentos y cajoneó el expediente.

Según consignó Brown Online, el 2 de febrero la oncóloga de Gabriela volvió a pedirla, explicando que la enfermedad empeoraba de forma veloz. El 14 de febrero, una abogada le exigió a IOMA que la entregue, citando la Ley 23611, que declara “de interés nacional, en la política sanitaria, la lucha contra el cáncer,los linfomas, las leucemias y demás enfermedades neoproliferativas malignas”, y denunciando abandono de persona.

 

Desde SUTEBA lamentaron la perdida y convocaron a una movilización para en reclamo de  justicia el próximo jueves a las 12:30hs, desde la Plaza Grigera a la Delegación del IOMA.

Trabajadores y sindicatos alertan que la transferencia de un programa nacional a la órbita de la obra social de los estatales bonaerenses afectará las arcas de la prestataria y “no mejorará el servicio”. Además hablan de maniobras para utilizar la caja de la obra social en tono político partidario para apuntalar a los candidatos de Vidal.

En los últimos días, trabajadores y sindicatos bonaerenses mostraron gran preocupación ante la transferencia del programa Incluir Salud a la órbita del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la órbita de Carlos D'Abate, sucesor de Sergio Cassinotti, quien desembarcó en PAMI.

Desde ATE afirman que la decisión podría producir un “desfinanciamiento” de la obra social, dado que “los recursos que el Ministerio de Salud bonaerense recibía de Nación para cumplir con las obligaciones del programa nacional eran escasos”.

El vaciamiento de IOMA tiene, además, otra instancia que por ahora tiene el formato de sospecha. Es que se vienen detectando prácticas que alertarían a pensar que se utiliza el pago de alquiler de ambulancias a modo de “caja política”, a partir del pago de servicios que no se prestan, fundamentalmente en el interior provincial.

Volviendo al Programa Incluir Salur, ahora “IOMA tendrá que hacerse cargo con fondos propios de los amparos y de las complicaciones que eso genera”, advirtieron.

Según los gremios, el gobierno provincial, a través de un decreto, delegó el convenio que tenía el Nación con el Ministerio de Salud provincial para ejecutar el ex Programa Federal de Salud (Profe) en territorio bonaerense, al ámbito de la obra social de los trabajadores del Estado y encendió la “preocupación” tanto de los beneficiarios como de los trabajadores de la prestataria.

Además focalizan en las falencias del programa Incluir Salud, que se encarga de brindarle cobertura integral a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) en todo el territorio nacional, situación que provocó el estado de alerta que mantienen los trabajadores de IOMA.

“Es un programa con altos índices de uso de los servicios por parte de los beneficiarios porque por lo general es gente que necesita la medicación para los tratamientos, más allá de que no dé respuesta”, comentó Facundo Villalba, delegado de ATE al portal InfoCiello

“Lo que hace Vidal para descomprimir la situación es traspasarle a IOMA la ejecución del programa y a partir de octubre se empieza a hacer cargo de las prestaciones de aproximadamente 230 mil beneficiarios en la provincia”, agregó.

“IOMA tendrá que hacerse cargo con fondos propios de los amparos y de las complicaciones que genera el programa por no cumplir con sus obligaciones porque, como viene sucediendo hasta el momento, no le va a alcanzar con la partida presupuestaria que le llega desde el Estado nacional”, explicó Villalba “va a generar un déficit en la caja de IOMA, que no es una caja del gobierno sino de los trabajadores”.

En cuanto a los reclamos del sindicato, Villalba contó que pidieron una audiencia con el director de IOMA, Carlos D'Abate, pero aún sin lograr respuesta.

(Por Roberto Álvarez Mur) Necesita tratamiento de rehabilitación urgente y IOMA se lo niega. Una joven de treinta años con parálisis casi total del cuerpo espera desde hace un mes el traslado a un centro especializado para continuar su recuperación. Se encuentra a la deriva en el hospital San Roque de La Plata.

Las trabas burocráticas y la desatención constante por parte de IOMA tienen en vilo la vida de Ludmila Torres, una joven de treinta años que a causa de un accidente ocurrido hace tres años sufre una parálisis casi total del cuerpo, fue intervenida con traqueotomía y ahora se ve impedida de entrar en rehabilitación.

Torres es contribuyente de la obra social desde hace diez años y había sido dada de alta del hospital San Roque de La Plata hace veinticinco días, aún con respirador, para ingresar a un centro de rehabilitación donde continuase el tratamiento de recuperación y seguimiento asistido con acompañantes habilitados. Desde hace meses, IOMA no reconoce la cobertura a la que la joven tiene derecho, interpone retrasos administrativos y, a casi un mes, Torres se encuentra en el área de Terapia Intensiva de la institución platense donde profesionales la asisten de manera provisoria en su tiempo libre.

“Ludmila tiene obra social y no se está haciendo cargo. Ella no puede estar acá, no sólo porque no la favorece, sino porque además la puede perjudicar. Su situación es delicada y corre riesgo de contraer más infecciones”, informaron a Contexto las médicas que han seguido día a día la recuperación de Torres desde su accidente en 2014.

“Ludmila tiene obra social y no se está haciendo cargo. Ella no puede estar acá, no sólo porque no la favorece sino porque, además, la puede perjudicar. Su situación es delicada y corre riesgo de contraer más infecciones.”

Ante la falta de respuestas, Ludmila tuvo que encargarse de ir a las oficinas de IOMA por sus propios medios durante los últimos cuatro meses. Sólo con movilidad limitada en sus manos, Torres era llevada en silla de ruedas por un acompañante, en remises pagados de su bolsillo o en colectivos, muchas veces sin las condiciones necesarias para pasajeros con discapacidades. Entre medio, sufrió una nueva afección pulmonar, por lo que debe recibir atención permanente.

“Yo necesito que en IOMA sean conscientes de la lesión que tengo y las consecuencias que me pueden generar las condiciones en la que estoy”, dijo a Contexto, mientras espera respuesta de IOMA para cubrir el pase al Centro Parque de Capital Federal, donde contaría con el acompañamiento de tres terapeutas especializados.

A principios de 2014, Ludmila viajaba en moto con un acompañante en la zona céntrica de La Plata cuando fue embestida por otra moto, que escapaba de una persecución policial. En el impacto, sufrió traumatismo severo de cráneo y fractura cervical. Durante dos años, su estado se mantuvo en máxima cautela por la gravedad. Debió pasar por traqueotomía en dos ocasiones desde entonces.

Tras un avance positivo durante este año, el San Roque se disponía a desvincularla del tratamiento intensivo para iniciar una lenta recuperación. Hasta ahora, IOMA no se lo permite.

Las trabas burocráticas de la obra social del Estado no son aisladas. Otro caso similar al de Ludmila se dio esta semana en Mar del Plata, donde Gabriela Vaca, madre de un chico de ocho años con Síndrome de Tourette, no puede acceder a la cobertura. El motivo: tiene trabajo en blanco.

“El nene tiene su certificado de discapacidad. Producto del Síndrome de Tourette, tiene problemas de motricidad. Yo tengo IOMA, pero cubre una parte del tratamiento que mi hijo necesita, y no sólo lo hace con demora, sino que con valores de provincia”, había informado Vaca a medios locales.

Desde hace meses, la madre reclama a IOMA de Mar del Plata que le brinde la cobertura necesaria para los tratamientos que necesita el niño, pero le plantean que, como la provincia no adhiere a la ley nacional de discapacidad, presenta inconvenientes. “Es increíble, pero si yo no tuviera trabajo en blanco esto sería más fácil”.

La salida de Regazzoni no fue casual. Se trata de un gesto hacia un Andrés Rodriguez, titular de UPCN y uno de los principales alfiles gremiales del macrismo, que ahora tendrá un hombre de su máxima confianza manejando los multimillonarios recursos.

La insólita postergación por meses del paro general, que generó un enojo generalizado con la cúpula de la CGT, le dio buenos réditos a uno de sus principales dirigentes. Es que con la salida de Carlos Regazzoni, Andrés "Centauro" Rodriguez, titular de UPCN, se quedará con el manejo de la multimillonaria caja de la obra social y ratifica su cercanía con el Presidente.

Concretamente se apunta al cuarteto integrado por Mario Quintana, Claudio Belocopitt -dueño de Swiss Medical-, Andrés Lingheri -líder de Obras Sanitarias- y Andrés “El Centauro” Rodríguez -jefe de UPCN- como quienes echaron a Regazzoni y lo reemplazaron por Sergio Cassinotti, actual presidente del IOMA bonaerense.

Cassinotti fue durante diez años presidente de la obra social de UPCN, que lidera “El Centauro” quien, gracias a la Superintendencia de Salud, consiguió un crédito millonario para reconstruir el Sanatorio Anchorena y la Clínica El Callao, que pertenecen al gremio de UPCN -pero gerenciadas por Accord, cuyo accionista principal es Claudio Belocopitt, socio o ex socio de Mario Quintana.

Y el “cuarto hombre” es José Luis Lingeri, del sindicato de Obras Sanitarias, quien puso a Luis Scervino como titular de la Superintendencia de Salud en este gobierno.

Cassinotti, después de presidir la obra social de UPCN, fue presidente de la Cámara de Droguerías, de ahí su vinculación a Mario Quintana.

Esta misma alianza entre Quintana, Belocopitt, Rodríguez y Lingheri intentó apropiarse de OSDE, la principal obra social del país; pero Marcos Peña y el presidente Macri lo impidieron. Entonces fueron por la cabeza de Regazzoni, quien se caracterizó por demoras de pagos a las farmacias y conflictos con las droguerías, que ahora, con Cassinotti, tendrán todo el poder.