La resolución firmada por los camaristas Pablo Candisano Mera, Alejandro Segura, Jorge Ferro, Agustín Lugones y Roberto Lemos Arias sostiene que los nombramientos de ambos fiscales "encuentran sustento legal en el artículo 33 de la ley 24946, que atribuye a la procuradora general de la Nación el ejercicio de la superintendencia".

Según el fallo al que tuvo acceso Télam, los integrantes de la Cámara expresaron que "la resolución 407/13 que nombró en el carácter de Fiscales ad hoc a los Dres. José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani respondió a la necesidad de reforzar el esquema de funcionamiento de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de que son objeto de actuaciones complejas y voluminosas".

"La necesidad de conformar un equipo de trabajo (art. 33 inc. g,ley 24.946) -frente al volumen y complejidad de las causas que versan sobre crímenes de lesa humanidad- fue lo que motivó el nombramiento de los doctores Nebbia y Palazzani", agregó la Cámara bahiense.

La recusación contra los fiscales había sido presentada por los defensores de los imputados Aldo Mario Alvarez, Héctor Jorge Aballeira y Felipe Ayala en el marco de una causa por privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio conocida como la del "Quinto Cuerpo del Ejército".

El juez de primera instancia había declarado la ilegalidad de la resolución firmada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aunque manteniendo "la validez y eficacia de las actuaciones cumplidas" por Nebbia y Palazzani.

Los imputados formularon sus palabras en la última audiencia que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti (presidente) y Martín Bava.

Tras las palabras de varios de los imputados, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de noviembre a las 18:30, en que se procederá con la lectura de la sentencia.

Ante los jueces hicieron uso de la palabra entre otros, el ex capitán de navío Enrique de León, quien dijo que "finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubría la facetas oscuras, corruptas, de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba".

Por su parte, el integrante del Ejército Raúl Oscar Otero afirmó, como forma de defensa, que "padezco de una enfermedad terminal, he tenido once operaciones, lo vengo peleando desde 1998, esta enfermedad que es cruel y terminal, la estoy tratando de sobrellevar con operaciones cada dos años".

Tras ello el presidente del Tribunal, anunció que "el cierre de la discusión final" y convocó a las partes para el 25 de noviembre a las 18:30 en donde se dará lectura del veredicto.

En el marco del extenso juicio, que comenzó en julio de 2014, la Unidad Fiscal Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados.

La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad, por el crimen de genocidio y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Blanca.

Además, los fiscales solicitaron penas de 19 años para un integrante del Ejército y 25 años para otro acusado de la Prefectura.

También requirieron para un ex policía bonaerense una pena de 10 años de prisión y para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense 18 años.

Entre los represores de la Armada pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez.

En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.

En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila.

También solicitaron 10 años de prisión para el ex policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el ex agente penitenciario Héctor Luis Selaya.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.

El Tribunal Oral Criminal Federal integrado por Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti reanudarán la audiencia, a partir de las 14, en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.

Las organizaciones de derechos humanos y la agrupación HIJOS de Bahía Blanca solicitaron al público que no ingrese al recinto, pero sí que se concentre en la puerta de la UNS para llevar a cabo actividades para la sentencia.

"El 13 de octubre comienzan los alegatos de los defensores de los genocidas y como en los dos juicios anteriores, invitamos a no entrar al recinto, pero sí encontrarnos en las escalinatas", señalaron desde HIJOS a la Agencia Nacional de Noticias, Télam.

Se indicó que "estaremos pintando un cuadro de los compañeros Heinrich y Loyola, en representación de los 30.000, que es idea del artista Jorge Gonzalez Perrin, con quien siempre hemos trabajado en conjunto por la Memoria, la Verdad y la Justicia".

En el expediente de este juicio hay 66 víctimas, de las cuales 12 personas están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de Puerto Belgrano, como el ahora desaparecido crucero "ARA 9 de Julio", mellizo del Belgrano, y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.

En el marco de los alegatos, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido prisión perpetua para los imputados Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Luis Ángel Bustos, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Castro, Enrique De León, Raúl Domínguez, Eduardo Fracassi, Guillermo González Chipon, Leandro Maloberti, Francisco Martinez Loydi, Néstor Nougués, Edmundo Núñez, Raúl Otero, Guillermo Pazos, Luis Pons, José Ripa y Carlos Stricker.

Por su parte, pidió 25 años de cárcel para Pedro Pila, 19 años para Alejandro Lawless, 18 años para Héctor Selaya y para Domingo Negrete y Víctor Fogelman 17 y 10 años de prisión, respectivamente.

Así lo hicieron los magistrados junto a víctimas y querellantes del juicio que se lleva a cabo en esa ciudad bonaerense, con 25 acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 66 personas.

Los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, junto con un grupo de colaboradores, participaron de la inspección ocular en el predio de la base de Infantería de Marina denominada "Baterías", uno de los lugares de Puerto Belgrano que los testigos señalaron como centro clandestino de detención de la última dictadura.

"Junto a los jueces y sus colaboradores, participan de la inspección ocular el fiscal José Nebbia, de la Unidad de Derechos Humanos (de Bahía Blanca) y representantes de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros", dijeron fuentes judiciales a la Agencia de Noticias Télam.

Las inspecciones judiciales continuarán mañana en la Base Naval de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en todo el país, y la semana próxima será el turno de la Base Aeronaval Comandante Espora, cerca de Punta Alta y un día después en la Prefectura de Ingenio White, próxima a Bahía Blanca.