La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió que durante el primer año de gobierno de Cambiemos “se han profundizado” las postergaciones en la elevación a juicio oral y en la conclusión de los expedientes por crímenes de la dictadura.

Las demoras en la elevación a juicio de causas judiciales por crímenes cometidos durante la última dictadura, así como en el inicio y la finalización del debate oral en aquellas que están listas para esas instancias, son tendencias que “se han profundizado durante 2016” en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, según concluyó el informe anual de la Procuraduría especializada en esas causas.

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el organismo dirigido por Jorge Auat y Carolina Varsky, casi la mitad de las causas judiciales abiertas permanece en etapa de instrucción; el 20 por ciento espera por el comienzo del juicio oral, mientras que solo el 3 por ciento lo está transitando.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) sistematizó y procesó datos sobre causas judiciales de todo el país en las que el Ministerio Público Fiscal tiene intervención y elaboró un informe estadístico al 20 de diciembre de 2016.

Según esos datos, entre 2006, cuando comenzó el proceso de justicia en el que se investigan los crímenes del terrorismo de Estado, y los últimos días del año pasado, son exactamente 585 causas las que tramitan o tramitaron ante la Justicia federal para evaluar la responsabilidad de un total de 2771 imputados por delitos de lesa humanidad.

De esa cantidad de imputados, 806 se encuentran procesados, consignó Página12. A 155 se les dictó la falta de mérito y 52 fueron sobreseídos. Otros 438 aguardan que se resuelva su situación procesal. En cuanto a la “condición” de los imputados, casi la mitad se encuentra en libertad y el resto, exactamente 1052, están detenidos. 519 de ellos cumplen arresto domiciliario, mientras que 460 permanecen encerrados en cárceles del servicio penitenciario; 7 en hospitales y 60 en dependencias de las Fuerzas Armadas. En este apartado, la PCCH advirtió sobre la situación de la unidad penitenciaria 34, que recientemente fue rehabilitada para alojar presos por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo –ya fueron trasladados allí 60 de ellos–. “Es sumamente preocupante que se disponga la rehabilitación de ese lugar sin explicitar cómo fueron saldados los problemas de seguridad que motivaron su clausura” en 2013, puntualiza el informe.

Sobre el total de las causas, hay 277 –o sea el 47 por ciento– que se encuentran en etapa de instrucción. En otro 20 por ciento, es decir, 119 expedientes, esa etapa ya concluyó, por lo que aguardan el comienzo de la siguiente: el juicio oral.

De ese centenar, solo seis tienen fecha fijada de inicio del debate, mientras que solo el tres por ciento del total de causas, 16 específicamente, transitan esa instancia oral. Aquí radica uno de los obstáculos que la Procuraduría encabezada por Auat y Varsky detectó en el proceso: una baja en la cantidad de juicios celebrados por año, de sentencias y de sentenciados, así como una ausencia de los juicios de lesa humanidad en la agenda del Poder Judicial.

En su diagnóstico más actualizado, la Procuraduría observa que desde estudios anteriores “se advertía que en 2016 se profundizaban algunos obstáculos que conllevaban demoras en el avance de las causas”.

El organismo llamó a tales obstáculos “signos de agotamiento de las investigaciones” y determinó que no han desaparecido ni disminuido, sino todo lo contrario: “Llegando al término del año, estos signos persisten y se han convertido en problemas concretos que aguardan soluciones inminentes”, advierten desde la PCCH.

Entre esos signos, detectaron la reducción de sentencias y de “nuevos sentenciados”. En 2016, hubo solo 19 sentencias; respectivamente una y dos menos que en 2015 y 2014 , pero seis menos que en 2013, cuando se alcanzó un pico de 25 fallos. Si bien hubo más sentenciados que en 2015 (161 versus 127), debido a que el año pasado concluyeron algunas megacausas como La Perla y Plan Cóndor, lo que disminuyó “significativamente” es el número de “nuevos sentenciados”. En 2015, 114 de los 127 sentenciados lo fueron por primera vez; en 2016, fueron solo 95. El año pasado también aumentó –de 10 a 25– la cantidad de acusados absueltos.

En tanto, el análisis de la PCCH también revela que se ha reducido la cantidad de juicios iniciados en relación con años anteriores. En 2016 comenzaron 18 juicios y 16 siguen en curso, mientras que en 2015 se habían inaugurado 21 debates. En ese sentido, desde la Procuraduría advierten que solo “alrededor del 15 por ciento del total de las causas elevadas” a juicio llegan a juicio durante el año en el que la instrucción fue concluida. Las cifras lo demuestran: solo seis de 119 expedientes que fueron elevados a juicio oral el año pasado cuentan con una fecha programada en 2017.

Tal como había señalado el informe que presentó el organismo a mediados de 2016, “la principal causa de esta demora tiene que ver con la disponibilidad de los tribunales orales y las dificultades en su integración, un problema que se extiende a todas las jurisdicciones”, recuerda en el último diagnóstico.

Pero las demoras no se registran solamente en el comienzo de los juicios orales, sino también en el avance de las instrucciones. La PCCH plantea que casi la mitad de las causas abiertas transita el proceso de investigación. Este universo de causas es “el más amplio”, explica el organismo en su documento, “porque las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la realización de las actuaciones” judiciales. Lo cual trae consecuencias, advierten los profesionales: “Las nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de los imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes demoras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia.”

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de La Plata y la Asociación de Trabajadores del Estado bonaerense (ATE), reclamaron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, tras la suspensión del que debía comenzar el próximo viernes por los crímenes de la ultraderechista y paraestatal Concentración Nacionalista Universitaria (CNU).

"Aunque el gobierno nacional y el provincial han dicho que las causas van a seguir, que el gobierno va a seguir siendo querellante en las causas, se necesita mucho más que eso, se necesitan muchos recursos que venimos reclamando y hoy no están en el poder judicial”, dijo Marta Vedio, titular de la APDH.

En conferencia de prensa que compartió con Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE provincial y Emiliano Hueravillo, director de derechos humanos del sindicato de estatales, entre otros, Vedio citó como ejemplo que "en La Plata hace tiempo que se ha creado el Tribunal Oral (Federal) número 3 y nunca se constituyó".

"Y por otra parte, el juicio a (imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos por) la CNU (en La Plata) tuvo que ser suspendido porque uno de los jueces subrogantes pidió una licencia y no sabemos quién va a integrar el tribunal y cuando se va a hacer el juicio”, señaló.

Vedio aludió además a lo que consideró “señales negativas muy concretas del gobierno, como son la concesión de prisiones domiciliarias, como la otorgada a (el represor Miguel) Etchecolaz".

"Esto lo vemos como una señal frente a la que creemos que hay que alzar la voz, dado que no hay argumentos que habiliten tales beneficios porque son genocidas que han cometido delitos gravísimos, tienen sentencias firmes a prisión y por lo tanto deben cumplirlas”, añadió.

La titular de la APDH reclamó “a las autoridades que dediquen a los juicios de lesa humanidad todos los recursos que se necesitan y la decisión política para darles continuidad y garantizar el cumplimiento de las penas”.

Por su parte, Díaz ratificó en nombre de ATE el "compromiso y responsabilidad de seguir exigiendo justicia bajo la bandera de memoria, verdad y justicia, teniendo en cuenta que los trabajadores hemos sido los principales perjudicados por la represión estatal en los años negros de la dictadura".

Emiliano Hueravillo destacó a su vez que "es muy importante que se avance con los juicios de lesa humanidad” y sostuvo que se registra "en los últimos meses una situación muy crítica, donde están parados los juicios, que se están atrasando por la falta de decisión política desde el Ejecutivo. Queremos que se continúe con los juzgamientos para ver a los genocidas en cárcel común y perpetua”.