Los datos especifican que nueve de cada diez personas que tuvieron la oportunidad de participar en un proceso judicial compuesto por jurados cambiaron positivamente su percepción sobre la Justicia.

El dato se desprende de una encuesta realizada por el ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con el Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro.

El trabajo reflejó que el 85,7% de los participantes aseguró que volvería a ser jurados mientras que el 100% de los jurados titulares manifestaron que sintieron haber contribuido con su aporte a la solución del juicio. Además, el 80% destacó que esta modalidad en los juicios ofrece las garantías necesarias a las partes.

Los entrevistados eran amas de casa, comerciantes, empleados administrativos, estudiantes, entre otros, y su mayoría se ubica en la franja de edad entre 21 y 35 años.

En un trabajo anterior realizado en el juicio por jurados que se llevó a cabo en Junín a fines de mayo, en el cual el 81% de los ciudadanos había calificado de buena o muy buena su opinión sobre la justicia.

Hasta el momento, se han desarrolla trece juicios en toda la provincia desde el mes de marzo (dos en San Martín, Bahía Blanca y La Matanza; uno en Pergamino, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Lomas de Zamora, Necochea, Junín y San Isidro).

Fuentes judiciales informaron que el fallo fue firmado por los camaristas Eduardo Uhalde y José Piñeiro, quienes revocaron una resolución anterior que había declarado la inconstitucionalidad de la ley 14.543.

Esa medida había sido dictada en abril por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Azul Carlos Pagliere (h), luego de que Darío Barboza (26), acusado de haber matado a otro joven y herir a otros dos en la localidad de Bolívar, solicitara que su caso fuera analizado por un juzgado popular.

Ante la decisión del magistrado, el defensor oficial del acusado, Samuel Bendersky, apeló ante la Cámara, que hizo lugar al pedido al señalar que "el establecimiento del juicio por jurados es un derecho del imputado que, como tal, resulta enteramente renunciable".

En el fallo, los camaristas recordaron que en la Constitución Nacional se menciona al juicio por jurados en tres de sus artículos "con especial énfasis": en el 24, el 75 inciso 12 y el 118, donde se habla de reformar las leyes para su puesta en marcha y de su implementación.

Según Pagliere, cuando se aprobó la Carta Magna "lo que entonces parecía una opción válida, hoy en día se exhibe como anacrónica, retrógrada y oscurantista".

Además, sostuvo que para aplicar la norma se debería reformar la Constitución bonaerense, que el sistema actual "queda en manos de jurados iletrados, sin práctica alguna en cuestiones jurídicas" y que los medios influyen en los ciudadanos.

Al respecto, los camaristas afirmaron que los artículos de la Constitución Nacional que prevén la implementación del juicio por jurados son "obligatorios" y que si bien la Constitución bonaerense "no menciona al jurado, tampoco lo prohíbe".

Acerca de los cuestionamientos sobre la idoneidad del tribunal popular, los jueces dijeron que "la ley en cuestión considera que todo ciudadano es naturalmente capaz para ser jurado, pues la esencia de este sistema es la participación directa del pueblo, con una composición representativa de la sociedad, que refleje su heterogeneidad" .

Tres nuevos Juicios de la flamante modalidad de juzgamiento por jurados se iniciaron en la Provincia. Se trata de casos por homicidio, abuso sexual y robo con arma de fuego.

En los tres procesos iniciados en Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Lomas de Zamora, los que doce ciudadanos comunes deberán

determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados, en la flamante implementación de esta nueva modalidad.

Hace algunos días la Corte Suprema había determinado el monto a cobrar por día de cada uno de los ciudadanos que integraran el Jurado. Se estipuló un "salario" de $730 pesos diarios más viáticos y comida, en lo que comienza a ser la regulación de esta modalidad de enjuiciamiento.

La ley 14.543, que establece la instauración del juicio por jurados para delitos de más de 15 años de prisión, fue aprobada por la Legislatura bonaerense en septiembre de 2013. Su reglamentación estableció que los casos que pueden tratarse mediante esta modalidad sean los cometidos luego de su promulgación.

Por eso, los juicios de este tipo que se están iniciando obedecen a hechos cometidos durante el año pasado, en adelante.