La prórroga de la norma, que frena los desalojos de las comunidades originarias por otros cuatro años, ya tiene aprobación del Senado. Llaman a los legisladores a sancionarla “lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”.

Distintos pueblos originarios expresaron su preocupación por las versiones que indican que la Cámara de Diputados no votaría la prórroga de Ley 26.160, al menos hasta después de las elecciones, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.

En las últimas horas se informó que las Comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de Diputados realizarán un plenario el próximo martes, desde las 17.30, aunque aún resta saber cuándo llegaría al recinto.

El Senado ya le dio media sanción por unanimidad el pasado 27 de septiembre, y en caso de obtener sanción definitiva en la Cámara Baja los desalojos de las comunidades serán frenados por otros cuatro años.

La ley, que vence el próximo 23 de noviembre, suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde su sanción, en 2006, sólo el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento terminado.

José Sajama, de la comunidad de la Puna, advirtió hoy que “se corre el riesgo de que la prórroga no sea aprobada por la presión que ejercen los terratenientes”

“No nos olvidemos que el oficialismo de Cambiemos tiene mayoría en la Cámara de Diputados y la políticas que tienen para los pueblos originarios no es buena. Entonces corre riesgo la aprobación de la prórroga“, apuntó a FM La Voz del Cerro.

Por su parte, Jorge Angulo, coordinador provincial de la Organización de Comunidades Originarias Llanka Maki y presidente de las Comunidades Originarias Colla Tawasuyu, pidió que el proceso continúe sin interrupciones.

“Han hecho circular versiones de que se tratará después de las elecciones. No podemos manejar esos tiempos, se tiene que dar lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”, sostuvo y alertó que una demora significará “desalojos, amenazas y maltrato por parte de los terratenientes”.

El Senado aprobó por unanimidad la extensión por cuatro años más de la Ley 26.160 y la giró a Diputados. Sin esta norma, la mayoría de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas de sus tierras ancestrales.

Con representantes de más de cuarenta comunidades indígenas de todo el país acampando frente al Congreso, el Senado dio media sanción esta tarde a la prórroga de la Ley 26.160, que vence el próximo 23 de noviembre.

Por unanimidad (62 votos), la Cámara Alta decidió extender la vigencia de la norma por otros cuatro años, lo que permite suspender los desalojos en tierras habitadas por los pubelos originarios hasta tanto se termine el relevamiento catastral que desarrolla el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin esta ley, más del 65% de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas, ya que hasta ahora sólo 459 comunidades de un total de 1532 tienen un relevamiento total y efectivo.

El debate de la norma se desarrolló a casi dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, fuerza federal que arremetió a sangre y fuego contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Si bien Cambiemos era proclive a extender la ley sólo por dos años y medio, finalmente se impuso el reclamo de las comunidades, que exigían una prórroga por cuatro años, tal como se viene haciendo desde 2006.

“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, destacó la pampeana Norma Durango (PJ), e insistió en que “es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”.

Durango sostuvo que “el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos originarios”.

Por su parte, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), cuestionó la “demonización” del Gobierno de Mauricio Macri  contra los pueblos originarios.

“Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich”, sentenció la legisladora a propósito del caso Maldonado.

El senador Fernando “Pino” Solanas también repudió las acciones del Gobierno contra las comunidades indígenas y pidió que no haya “más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado”.

“No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, remarcó.