El Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy el viaje de una comisión a la Argentina, para escuchar a los bolivianos que viven en el país y atender sus necesidades. Se da en el contexto de la modificación de la Ley Migratoria y de las declaraciones xenófobas de varios dirigentes políticos, entre ellos Patricia Bullrich.

Algunas autoridades de nivel inferior desde Argentina tratan de molestarnos a nosotros. Somos de la Patria Grande, los gobiernos, los presidentes, dirigentes, tenemos la obligación de cómo fortalecer la Patria Grande, no podemos estar detrás del norte”, dijo Evo Morales en la inauguración del Centro Promocional Artesanal de Miniaturas sin esconder el descontento generado por la situación que se vive aquí.

“Desde las semanas pasadas hay una política desde Norteamérica de cómo hacer muros para los latinoamericanos; pero no hay muros para transnacionales, no hay muros para intervenciones ni bases militares, y no puedo entender que tal vez algunos países de Sudamérica puedan pensar igual que el Presidente de Estados Unidos”, disparó Morales.

El Gobierno decidió que “va a viajar a Argentina una comisión, a la cabeza de la Cancillería, algunos ministros, pero también a la cabeza del presidente del Senado, para ver a nuestros hermanos en Argentina, cuáles son los problemas que tienen”, anunció.

Frente a versiones de autoridades de Argentina que relacionaron a los migrantes bolivianos con el incremento de la inseguridad y de actividades como el narcotráfico, el Jefe de Estado respondió: “estamos convencidos que nuestros hermanos en Argentina son los que más producen hortalizas, alimento para el pueblo argentino; nuestros hermanos en Argentina no son delincuentes, no son narcotraficantes”, concluyó Evo.

El mandatario nacional oficializó el DNU que endurece los controles de ingreso y facilita la expulsión de extranjeros. Autoridades paraguayas y bolivianas expresaron su malestar, mientras que organizaciones de refugiados y migrantes denunciaron el carácter persecutorio de la medida.

De manera unilateral, el gobierno de Mauricio Macri reformó la Ley de Migraciones 25.871, una decisión que se venía anunciando con un discurso xenófobo, racista y discriminatorio, e incluso tratando de justificarlo con datos falsos, como hizo días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando apuntó contra paraguayos, peruanos y bolivianos.

El decreto de necesidad y urgencia 70/2017 firmado por el mandatario y publicado en el Boletín Oficial habilita a las autoridades migratorias a impedir el ingreso al país de personas condenadas, aunque su sentencia no esté firme, o a los que sólo tengan antecedentes penales o integren organizaciones que puedan ser consideradas terroristas.

Asimismo, endurece los criterios para echar extranjeros del territorio nacional, tras considerar que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.

El decreto se suma a otras medidas de controles migratorios puestas en marcha la semana última, como la aplicación del sistema Información Anticipada de Pasajero, que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los pasajeros antes de que arriben o egresen del país.

Macri también creó la Comisión Nacional de Fronteras, como ente regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera, y la Dirección de Extranjeros Judicializados, que tendrá, entre otros objetivos, supervisar la materialización de las expulsiones.

El director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, cuestionó hoy el decreto del presidente argentino al sostener que “no condice con el espíritu de la comunidad internacional”.

“Nosotros siempre hemos luchado por el libre tránsito… queremos descomprimir la situación, que la tecnología haga su trabajo y que todos nuestros ciudadanos puedan tener la posibilidad de libre tránsito en el país y en los países vecinos”, subrayó el funcionario.

Bolivia, en tanto, ya había convocado al embajador argentino tras los dichos xenófobos de la ministra Bulrrich, quien aseguró que son extranjeros “el 33 por ciento” de los presos “por delitos federales”, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (0,07%) están presos por delitos vinculados al narcotráfico.

“Lamentamos la estigmatización a los ciudadanos bolivianos en Argentina, que coincide con el discurso de (Donald) Trump”, dijo en esa oportunidad Carlos Romero, ministro de Gobierno de Evo Morales.

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, salió hoy a criticar el decreto de Macri y explicó que lo más efectivo para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos es impulsar “acciones conjuntas” a nivel regional.

“No se puede estigmatizar a los bolivianos ya que el conjunto de los bolivianos en Argentina contribuye al desarrollo de ese país”, remarcó.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, sostuvo que “estamos ante un gobierno que en su política exterior adopta medidas y posiciones que generan tensión en la región”, y reclamó que el tema pueda ser tratado en el Congreso porque es “delicadísimo”.

“El Gobierno perfectamente pueda avanzar en mejoras tecnológicas que permitan contar con perfiles de antecedentes, en estrecha colaboración con los países vecinos. Ahora, si se tensionan y ofenden los países vecinos, es muy difícil luego trabajar en la cooperación necesaria a los efectos de que los antecedentes penales se encuentren disponibles”, explicó el diputado al afirmar que Macri eligió “un camino que en su forma y su contenido no es adecuado”.

Tras la publicación del decreto contra los extranjeros en el Boletín Oficial, organizaciones de migrantes han denunciado su temor a que se inicie una ola de persecuciones hacia las personas sin papeles o con documentación en trámite.

“Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes.

En el mismo sentido, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) indicó que “se invirtió la dinámica de políticas migratorias”, ya que ahora “el Estado no facilita” la regularización de los trámites, sino que “aumenta los controles de permanencia, con lógica de perseguir”.

El gobierno nacional oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y evitando su tratamiento legislativo, modificaciones a la Ley de Migraciones. Buscan acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.

Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional. 

En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".

En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".

No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".

Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".

Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".

La ministra informó que los extranjeros representan el 33% del total de detenidos por narcotráfico. Sin embargo un informe oficial del Ministerio de Justicia elaborado en 2016 indica que son el 18%. Además revela que esa tasa no crece.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió fuerte esta semana a justificar la reforma migratoria que impulsa Cambiemo y aseguró que los extranjeros representan el 33% de los detenidos por causas ligadas al narcotráfico. Lo curioso es que esos datos no sólo son falsos, sino que los datos oficiales elaborados por su propio gobierno dicen lo contrario.

Según reveló el portal LetraP, la funcionaria, para respaldar el plan oficial de endurecimiento de la política migratoria infló 83% las estadísticas reales.

El informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos titulado “Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas”, presenta los números reales y fue elaborado este mismo año.

En su página 10, el documento indica que “los argentinos representan el 82% de las personas detenidas por esta causa”, en relación a infracciones a la ley 23.737. Y completa: “El resto son extranjeros”. La cuenta es fácil: los extranjeros detenidos por narcotráfico representan el 18% de la población carcelaria argentina.

Más aún, el informe oficial ingresa en el tema con una aclaración: “La distribución según nacionalidad de los infractores (a la ley de drogas) se ha mantenido estable en términos generales” entre 2005 y 2015, que es el período analizado. De esa afirmación puede desprenderse la conclusión de que la participación de extranjeros en el narcotráfico en el país no creció. Al menos, en términos proporcionales, más allá de que haya acompañado el aumento general de la tasa de encarcelados por esta causa, que, según el informe, se duplicó en esa década.

Si “la distribución según nacionalidad de los infractores se ha mantenido estable”, lo que no termina de entenderse, entonces, es la urgencia que plantea Bullrich para endurecer los controles migratorios a través de un decreto, según anticipó la funcionaria, establecerá –en sus disposiciones medulares- que “aquel que cometió un delito en su país, no entra a la Argentina”, y que “aquel que cometa un delito en la Argentina va a ser expulsado de una manera rápida”.

Otro papelón de la hackeada ministra. Y van…

Los temas que el Presidente de la Nación decretará, sin la opinión o el voto del Parlamento, son los feriados puente, sistema de ART y los controles migratorios. El miedo al debate parlamentario y el republicanismo como consigna estéril.

Aunque los bloques opositores pidieron que el Congreso vuelva a trabajar en sesiones extraordinarias antes de marzo, el Gobierno busca evitar el debate legislativo y prepara la oficialización de los cambios en la Ley complementaria del sistema de riesgos del trabajo (ART) y en el régimen de feriados a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Además, evalúa endurecer la Ley de Migraciones con un decreto reglamentario que restrinja con más precisión la posibilidad de que ingresen al país extranjeros con causas penales abiertas en otros países.

Tanto el sistema de ART como el régimen de feriados ya están en tratamiento en el Congreso. La primera obtuvo la media sanción del Senado, mientras que la segunda no tuvo tiempo de debatirse en las cámaras por la intensa actividad que generó la modificación al Impuesto a las Ganancias.

Con esta decisión, el Ejecutivo anularía sus necesidades de un llamado a sesiones extraordinarias durante febrero, a pesar de que un amplio listado de los proyectos que envió al Congreso el año pasado quedaron pendientes de sanción y deberán esperar hasta marzo.

Entre ortos proyectos a tratar se encuentran la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad, un régimen penal especial para espectáculos futbolísticos, la obligatoriedad de la sala de 3 años, la Ley de Semillas, y la modificación de la Ley de Mercado de Capitales.