El Gobierno quiere aprobar el ajuste sobre los haberes jubilatorios antes de fin de año. Para eso, necesita un tratamiento esprés en la Cámara de Diputados. La estrategia de Cambiemos es señalar que los trabajadores pasivos saldrán ganando con los cambios.

Así lo señaló el diputado amarillo Luciano Laspina, quien volvió a insistir con la línea oficial: "Los jubilados van a mantener y aumentar su poder adquisitivo", describió. Además, defendió la "nueva fórmula", porque "vamos a tener un sistema sustentable a largo plazo". Con los cambios propuestos por el macrismo, los trabajadores pasivos se perderán de ganar 500 pesos por mes.

"Se necesita un debate profundo del sistema previsional y si queremos subir las jubilaciones tenemos que hacerlo de manera consistente, viendo de dónde sacamos los recursos", siguió Laspina. En ese punto surge un interrogante, que plantearon sectores de la oposición: ¿Por qué es irresponsable atar las subas de los haberes a los vaivenes de la recaudación estatal?

De fondo, el macrismo pretende ajustar en 100 mil millones de pesos anuales los fondos que se destinan para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Si se aprueba la fórmula oficial, en marzo un trabajador pasivo promedio ganará 500 pesos más, cuando con el índice actual obtendría 1000 pesos. Es una pérdida del 50%.

Desde Unidad Ciudadana, el Bloque Justicialista y el massismo aseguraron que votarán en contra del proyecto amarillo. Falta saber qué hará el nuevo bloque de diputados que responden a los gobernadores de Salta, Tucumán y Córdoba. Además, habrá que ver si Cambiemos logra mantener a toda su tropa en bloque luego de las críticas que empiezan aparecer desde lugares "aliados" a la propuesta macrista. ¿Qué hará, finalmente, Elisa Carrió?

El fiscal federal Franco Picardi investigará a los diputados de Cambiemos por mantener reuniones secretas y al ministro de Defensa. El ex embajador argentino en Washington será citado como testigo.

La Justicia imputó a los legisladores de Cambiemos Eduardo Amadeo, Luciano Laspina y al ministro de Defensa, Julio Martínez, por el extenso listado de equipamiento militar que Argentina solicitó a los Estados Unidos a mediados del año pasado, entre los que se incluían aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros.

La decisión fue tomada por el fiscal Picardi, quien decidió abrir una investigación contra esos funcionarios por los posibles delitos de “fraude”, “violación de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad y perjuicio a la administración pública”, en el marco de la compra del armamento, en el que habrían participado los tres hombres del Gobierno.

Laspina y Amadeo habrían participado de una reunión en Washington con el congresista estadounidense Pete Visclosky, a quien la embajada luego entregó una carta  con el listado del armamento requerido por el país. Los dos diputados declararon sus viajes ante el Congreso para participar de la asamblea del FMI, pero no mencionaron ese encuentro.

A su vez, el fiscal decidió descartar la imputación del presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes también figuraban como denunciados, ya que podrían no haber participado del acto, así como tampoco será investigado, en principio, el ahora exembajador Martín Lousteau, quien habría sido el intermediario de la operación.

Sin embargo, el líder de Eco será citado como testigo para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la lista de armamento que pidió el Gobierno argentino.

La denuncia fue realizada por los diputados del bloque FPV-PJ Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, quienes aseguraron que la compra de ese armamento es "una clara violación de la ley 22.520, que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones", y pidieron que el Gobierno explique “por qué está realizando la mayor compra de armas de la historia”.

Diputados nacionales del bloque FPV-PJ, encabezados por su titular Héctor Recalde, presentaron hoy una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau y los diputados nacionales, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

La denuncia penal por la presunta comisión de delitos en el marco de la compra por más de 2.000 millones de dólares de armamento de uso bélico para combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, en una clara violación de la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi.

Los diputados nacionales Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, quienes también son firmantes de la denuncia, en la presentación se preguntan por qué el gobierno está realizando la mayor compra de armas de la historia. La denuncia es consecuencia de un informe que el periodista Roberto Navarro emitió por la señal de noticias C5N el domingo 26, en la que reveló con datos fidedignos los planes secretos del gobierno nacional.

La revelación de la carta que el embajador Lousteau enviara al congresista norteamericano, Pete Visclosky, es la clave que pone al descubierto una fenomenal compra de armamentos bélicos cuyo listado figura en el anexo que el diplomático adjunto a la misiva. Es preciso aclarar que Visclosky integra con un cargo jerárquico la Comisión de Defensa del Congreso de los Estados Unidos y sería quien maneja el “Foreign Military Sales – FMS”, programa de venta de armas a Fuerzas Armadas extranjeras de los Estados Unidos.

Hay dos preguntas fundamentales que este bloque se formula y que pide que se investiguen: ¿Por qué se está realizando la mayor compra de armas de la historia? ¿Por qué las negociaciones son secretas?

Según indica el embajador Lousteau en la nota enviada y que luego  confirmó, la compra de material bélico sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, al advertirse el listado de armas surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin.

El embajador también señaló que la Embajada Argentina ofició de nexo entre el gobierno argentino y el de los Estados Unidos y particularmente entre los legisladores argentinos y el congresista norteamericano.

No se comprende la participación de los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, en las gestiones de compra de armamento. Incluso, la participación del diputado Amadeo no se limitó exclusivamente a la reunión con el congresista norteamericano sino que además hizo un seguimiento vía e-mails con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, preocupándose por la órbita oficial por donde se realizaría la operación comercial.

La justicia deberá investigar porqué las tratativas se hicieron en secreto cuando es importante destacar que existe el Servicio Logístico de la Defensa que es el organismo que asume bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto (Ley N 22.520).

Por lo tanto, en medio de un país sumido en una recesión económica que el gobierno no reconoce y que el déficit fiscal aumenta, ¿qué lleva al gobierno nacional a destinar multimillonarias sumas de dinero en estos ítems? No tienen dinero para los maestros pero se gastan miles de millones en compra de equipamiento para la guerra.