Diputados provinciales del FpV mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, para analizar de forma conjunta  “el impacto social” del nuevo cuadro tarifario de electricidad.

En este sentido, el diputado provincial Walter Abarca recordó que presentaron un amparo judicial contra "los aumentos excesivos que se ejecutaron sin las Audiencias Públicas que establece la Ley”.

“Venimos a pedir la participación de la Defensoría en el amparo que presentamos. Nos preocupa cómo impacta este aumento en el proceso inflacionario que estamos viviendo”, agregó Abarca.

De igual modo, la diputada provincial Eva Ramírez sostuvo que “estamos avanzando en una tercera etapa, mediante firmas de la ciudadanía, solicitando al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que se llame de manera urgente a Audiencias Públicas”.

Los legisladores del FpV, informaron que reforzarán el recurso de amparo presentado a la Justicia Federal con una colecta de firmas contra el tarifazo en los municipios, para lo cual instalarán “mesas de consulta” en los que se podrá firmar contra el aumento y exigir la convocatoria a audiencias públicas.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Marcelo Honores se mostró preocupado por el “impacto social” del cuadro tarifario anunciado por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, y prometió “asumir las responsabilidades que nos competen como Defensoría del Pueblo”.

En tanto,  los legisladores dieron cuenta del avance del amparo presentado en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu. Indicaron que el magistrado, “dio inicio a la acción de amparo contra el incremento de las tarifas”.

“De ser concedida la medida cautelar, requerida dentro del amparo, el gobierno nacional deberá dejar sin efecto las resoluciones perpetradas en relación al incremento de la tarifa eléctrica hasta que el Juez con sentencia definitiva resuelva si fue legítimo o no el obrar del Estado al imponer un tarifazo sin audiencia pública”, aseguraron los diputados del FpV.

Durante la reunión,  participaron también los diputados Ricardo Móccero, Marisol Merquel, Alicia Sánchez, Valeria Amendolara,  Alejandra Martínez y Mauricio Barrientos, quienes pusieron de manifiesto el compromiso del Defensor del Pueblo para “llevar a cabo acciones conjuntas contra el tarifazo eléctrico dispuesto por el gobierno nacional”.

La presentación fue realizada por el secretario general a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, al equipo técnico especializado en la materia del Ministerio de Seguridad, en el marco de una investigación realizada por el Observatorio de Violencia de Género (OVG).

"La Defensoría apoya e impulsa las iniciativas que permitan crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan utilizar el sistema de administración de Justicia para reparar los actos de violencia sufridos y puedan recibir un trato digno por parte de los funcionarios públicos", destacó Honores.

Es por eso que los organismos generaron el compromiso de impulsar la creación de protocolos de articulación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, se explicó.

Se detalló que estos deberán establecer criterios claros para la recepción de denuncias, asegurar la celeridad de los plazos, los mecanismos de elevación y su correcta remisión a las jurisdicciones correspondientes, y prever las pautas para fomentar elementos comunes de intervención y procedimiento que preserven a la víctima.

"En todos los cultivos más del 40% de los productores utilizan principios activos que pertenecen a clases toxicológicas de extremada o alta toxicidad", según un informe elaborado a pedido de la Defensoría del Pueblo.

El estudio fue elaborado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, y

advirtió sobre el uso indebido de pesticidas en los campos de la provincia. En su conclusión reseñó sobre la necesidad de

controlar y restringir el uso de plaguicidas, para evitar problemas severos para la salud.

La investigación destacó que "la producción en invernáculo es potencialmente más intensa y peligrosa que al aire libre", y

detalló que "los cultivos de tomate y pimiento bajo invernáculo son los más riesgosos".

En este sentido, el relevamiento detalló que "en algunas plantaciones de tomate, se verificó la presencia de más de 60

productos químicos".

Sobre el tipo de agroquímicos empleados, se precisó que "el mayor uso de productos son los insecticidas" y aclaró que "existen diferencias importantes en los índices de peligrosidad entre las distintas zonas hortícolas de la provincia de Buenos Aires. Esto está relacionado con el cultivo prevaleciente, su modalidad y su superficie relativa".

A raíz de esta evaluación, el secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, enfatizó que "este

índice es solo un indicador estimativo del peligro potencial que implica realizar esta actividad de acuerdo a la modalidad

que predomina en determinada zona".

En ese marco, se reunió con el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia, Norberto Beliera, quien presentó el área

específica vinculada al tema, que será la encargada de articular acciones con la Defensoría, el Departamento de Ingeniería

Agronómica, que dirige Alejandro Bonade.

Sobre la manera de abordar esta problemática del uso de agroquímicos en los cultivos y la eventual afectación del ambiente y

la población, se especificó que en una primera etapa podrían desarrollarse, en forma conjunta, jornadas de formación técnica,

al mismo tiempo que se planteó la necesidad de reformar la ley de agroquímicos 10.699, la cual data de 1988, es decir, antes

de la introducción de los transgénicos.

Honores precisó que "el rol de la Defensoría es defender los derechos de todos los habitantes de la Provincia y en esa

inteligencia nos propusimos ampliar los resultados de la investigación sobre agroquímicos, con el objeto de dimensionar

adecuadamente esta realidad vinculada al efectivo ejercicio del derecho a la salud y de gozar de un ambiente sano".

A su vez, propuso "formular una propuesta de articulación entre los diferentes actores implicados en torno a la problemática

y promover mesas de trabajo para un uso racional y responsable de los agroquímicos que promueva una agricultura sustentable".

El pedido fue formulado durante un encuentro que mantuvo el titular de ese organismo, Marcelo Honores, con directivos de la firma.

El encuentro se realizó en respuesta a los reclamos presentados por usuarios respecto al nuevo esquema de cobro por el servicio de datos de internet, por el servicio “texto a voz” y la carga automática de créditos, se indicó en un comunicado.

El secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, explicó que el organismo “sostiene la posición de defensa de los usuarios, lo que implica no imponer cargos en los cuales el consumidor se tenga que manifestar por la negativa a la hora de recibir un nuevo servicio”.

Además de Honores y un equipo técnico de la Defensoría encabezado por Henry Stegmayer, Soledad Polito y Germán Jáuregui, del encuentro también participaron por parte de Telefónica de Argentina, el director de Asuntos Públicos y Responsabilidad Corporativa del área de Relaciones Institucionales, Santiago González, y la Ejecutiva Regional Buenos Aires Sur, Virginia Capalbo.

La medida la adoptó el flamante Secretario general interino, a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, quien detalló que el ejecutivo de Movistar deberá brindar "toda la información relativa a los hechos denunciados por los usuarios de la Provincia que vienen haciendo múltiples presentaciones por supuestos abusos en la facturación, a lo que debemos sumar las deficiencias en la prestación del servicio".

La citación forma parte de la intervención que días atrás la Defensoría hizo para que la empresa ofrezca en forma cierta, clara y detallada todos los datos relacionados con las características esenciales de los bienes y servicios que suministra.

Además, el organismo le había solicitado a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que intervenga y que le aplique a Movistar las sanciones pertinentes, en caso de constatar que la telefónica incumple con la normativa.

Ayer la Secretaría de Comunicaciones imputó a Movistar por no cumplir con la "correcta notificación" de los cambios de planes; por lo que a partir de ahora la empresa debe presentar su descargo, tras lo cual "el Estado nacional estará en condiciones de tomas medidas efectivas", según la oficina dirigida por Norberto Berner.

El proceso se inicia cuando una Comisión Bicameral convoque a candidatos para luego publicar sus nombres en medios de comunicación provincial y en el Boletín Oficial.

Los cinco días subsiguientes serán para formular observaciones a las candidaturas presentadas, y cumplido ese plazo la Bicameral deberá considerar las oposiciones y los descargos, para luego proponer en 10 días de uno a tres candidatos, que deberán ser votados por dos tercios de las cámaras de Senadores y Diputados.

Voceros legislativos anticiparon la posibilidad de que el trámite de selección del nuevo funcionario podría demorarse para después de las elecciones de octubre cuando haya una nueva integración de la Legislatura.

Mientras tanto la titularidad del organismo está siendo desempeñada en forma interina por el ex senador radical, Marcelo Honores.