La jueza federal renunció a su cargo en del juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires por los reiterados “aprietes” del Gobierno nacional. Además aseguró que se encontraba “agotada” y que la situación es "insostenible".

La jueza María Servini De Cubría renunció a su cargo en la secretaría electoral de la provincia de Buenos Aires y denunció: "Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. En 42 años de justicia no los he vivido nunca".

En una entrevista cedida al diario Ámbito Financiero realizó duras declaraciones sobre las condicione en que la justicia trabaja presionada por el actual Gobierno.De esta forma se acelera el desembarco del polémico juez Juan Manuel Cullota, de fuertes vínculos con el PRO.

La renuncia anticipada de la jueza federal María Servini de Cubría a la subrogancia del juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires -el distrito más codiciado en cada elección- desencadenó un cisma en el interior del Poder Judicial que obligará al Gobierno a adelantar su jugada para cubrir el cargo con otro magistrado para el que venía preparando el terreno. Con un tribunal en estado caótico en el que resta incorporar 3 millones de cambios no registrados en el padrón electoral antes de agosto, Servini se alejó ayer alegando agotamiento y una situación "insostenible", además de advertir que recibió presiones para que también se aparte de ese mismo cargo a nivel nacional. Ahora el Consejo de la Magistratura deberá aceptar su renuncia y nombrar a un reemplazante, a la par que intentaba (con un guiño de la Casa Rosada) implantar en ese puesto clave al juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, mediante un discutible traslado.

"Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca", denunció Servini en diálogo con Ámbito Financiero. "Porque en el caso del Yomagate no fue así. Fue de otra forma más elegante y nadie me vino a pedir la renuncia", alertó en referencia al escándalo político que sacudió el principio de la década del 90 y donde estaba involucrado la familia del presidente Carlos Menem.

Como réplica a su dimisión en la suplencia del juzgado en La Plata, la flamante presidente del Consejo, la abogada Adriana Donato, llamó a Juan Carlos Cubría, el hijo de la magistrada, para pedirle que se vaya de la Administración General del órgano de selección y remoción de jueces.

Enfrentado con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien le adjudica manejos discrecionales del fondo superavitario que administra el máximo Tribunal, Cubría había denunciado que Mauricio Macri impulsaba su salida como Administrador General del Poder Judicial, con aval del bloque oficialista en el Consejo. La presión para su alejamiento había quedado para febrero, pero se avivó como réplica al portazo de Servini.

Ese órgano debería primero aceptar la renuncia de la jueza y convocar a un plenario extraordinario para designar sucesor, o pedirle a la Cámara Nacional Electoral que nombre a alguien interinamente. Cualquier solución pone en crisis al juzgado electoral del mayor distrito de la Argentina a 8 meses de los comicios. Servini tenía mandato hasta el 30 de marzo de 2017. Encontró una situación descontrolada con más de 7 millones de "novedades" sin ser actualizadas del padrón bonaerense. Desde febrero, cuando fue nombrada suplente, la jueza y su equipo de Capital Federal sumado al de La Plata lograron actualizar 4 millones de datos que van desde cambios de domicilio, de documento, incorporación de electores, y fallecimientos. Con carácter de "indeclinable" y por "motivos personales", la renuncia en realidad fue ante el vasto trabajo que tiene ese juzgado por delante con miras a las PASO y con una "secretaría electoral destruida" desde la muerte del titular del histórico Juzgado Federal N° 1 Manuel Blanco.

La decisión obligará al Gobierno a acelerar el desembarco de Culotta, en una jugada objetada en varios frentes por ser un traslado impulsado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Pablo Clusellas. Con aprobación de la Comisión de Selección el tema iba a pasar al plenario regular de febrero para intentar sumar los votos necesarios. Se objeta que ya hay un concurso abierto para definir ese juzgado pero Culotta llega de la mano de su cercanía con Alejandro Pérez Chada, abogado personal de Macri. "Tanto se lo menciona que venga Culotta y arregle este tema", se sinceró Servini ante este diario. La jueza considera que hay una intención de la Casa Rosada de removerla también del juzgado nacional electoral que ocupa hace más de dos décadas. El proyecto para desplazarla está en cabeza del Ministro de Justicia Germán Garavano que quiere trasladar -por ley- la Justicia electoral a la órbita Civil y Comercial Federal. Como sucesora, se la nombra a la jueza Bibiana Adriana Pérez que integra ese fuero.

Elisa Carrió reprochó al dirigente de La Alameda y actual legislador porteño, Gustavo Vera quien fue su aliado político, a quien caracterizó como "operador para llevar jueces a Roma".

Vera, amigo personal del Papa Francisco, está en el armado del Congreso Anti Mafia en Italia que se realizará el 3 y el 4 de junio próximo, al que fueron invitados, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , y los jueces federales María Romilda Servini de Cubría y Sebastián Casanello, entre otros.

Con las fuertes críticas a la figura principal de la ONG La Alameda, también se golpea a uno de los enemigos más complicados de la Casa Rosada: El Papa Francisco.

"Creo que todos tenemos que instar a que se busque la verdad. Los operadores para llevar jueces a Roma me parecen un horror, esta manipulación política me parece un horror", señaló Carrió, a Radio Mitre.

Vale recordar que estas no son las primeras críticas que Carrió realiza contra el Papa o sus allegados, ya que a principios de año aseguró:"Es peligroso alimentar la violencia desde el plano espiritual", en referencia al rosario que Francisco le envió a la dirigente social y presa política Milagro Sala.

Yo estoy en contra de todos los operadores, ya sean de Nosiglia, de la SIDE, del Papa, o del Gobierno", completó la legisladora para rematar con que "yo lo puse a Vera como legislador de la Ciudad y me arrepentí y considerar que fue "vilmente usada" por el diputado porteño amigo del Papa.

Ayer, Vera, salió a replicarle, en medio también de fuertes mensajes de un grupo de curas (Opción por los Pobres) que consideraron al Presidente "un desocupador serial". En una carta, los sacerdotes critican duramente medidas del Gobierno.

El diputado, de la ONG La Alameda, acusó a Carrió de decir falsedades "porque hace años vengo enfrentando en tribunales, en los medios de comunicación y en la calle a todos los sectores de los servicios de inteligencia de la ex SIDE" y de no acompañarlo en denuncias.

Por su parte, Vera consideró que los dichos de Carrió "no sólo fueron injurias contra mi persona, además contra el Coloquio de jueces y fiscales" y que "estas calumnias se entienden al observar el contexto político. El Gobierno nacional intenta someter el Poder Judicial. Justamente este coloquio (que es un ciclo que lleva cinco convocatorias del papa Francisco, primero a las ONG, siguieron los jefes policiales, los líderes religiosos y los alcaldes) internacional busca reforzar el trabajo de funcionarios judiciales en todo el mundo para frenar a la mafia del narcotráfico, el tráfico de personas, y ayudando a las víctimas de estos flagelos".

Además, la diputada de Cambiemos habló de Hugo Moyano, y dijo que si el líder de la CGT Azopardo llega a presidir la AFA, será "una continuidad de la corrupción y la impunidad de (Julio) Grondona". Luego aseguró que Sergio Massa "es de plástico, su posición puede ser cualquiera".

Los apoderados de líneas internas del Partido Justicialista (PJ) enfrentadas se reunieron ayer, a 24 horas del cierre de listas, con la jueza federal con competencia electoral María Servini y con el fiscal federal Jorge Di Lello en Tribunales, donde expusieron cada uno su posición sobre la situación reglamentaria del partido y ambas partes esperan una resolución judicial sobre el pedido de intervención del PJ en las próximas semanas.

Durante más de dos horas, los representantes de la línea "Justicia y Dignidad Peronista" -fracción marginal, sin referentes, que apoya el ex presidente Eduardo Duhalde-, Omar Gadea y Oscar Diani, señalaron todas las presuntas violaciones de la actual conducción partidaria que encabeza el jujeño Eduardo Fellner.

Entre las variadas supuestas irregularidades, Gadea explicó a Télam que "la actual conducción del partido es ilegal y está viciada de toda legalidad porque la eligieron en un congreso nacional trucho y violaron lo que marca la carta orgánica eligiendo autoridades a las espaldas de los afiliados".

Por su parte, Eduardo López, el abogado en representación del apoderado del espacio oficialista Jorge Landau, señaló que "existe un proceso de normalización del partido que marcha según los tiempos estipulados".

Al respecto, Landau manifestó a esta agencia que la reunión con Servini fue "normal y todo terminó con normalidad".

Durante el encuentro, el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, sostuvo que "la intervención (del partido) constituiría un mal peor que el que se quiere remediar", por lo que sugirió posibles soluciones al conflicto abierto entre las facciones del peronismo.

El fiscal opinó que una salida posible sería que se extendiera "un poco" el plazo para la presentación de las listas -sin modificar la fecha de la elección- y que el peronismo opositor pudiera presentar sus listas ante la justicia, en caso de tener inconvenientes con el "peronismo oficial".

La idea de ganar tiempo y asustar con las presiones en la justicia no le sienta mal a Duhalde, en un contexto de sumo aislamiento y sin peso en las negociaciones partidarias.

El PRO bonaerense quedó intervenido recientemente a raíz de una disposición de la jueza con competencia María Romilda Servini de Cubría, a pedido de la mesa nacional partidaria. Los motivos que esgrimieron desde la conducción de esa fuerza política fueron la de “ordenar los papeles” y realizar una lavada de cara después de perder el sello durante las pasadas elecciones, por esta razón se estima que las intervenciones no terminarán en la provincia de Buenos Aires.

En febrero de 2015, la Junta Electoral bonaerense había ordenado la caducidad de la personería jurídica del PRO en la provincia, el mayor distrito electoral del país. Aún cuando el PRO integra el frente electoral Cambiemos, es menester que recupere su personería jurídica bonaerense.

El motivo de la pérdida, se remonta a las elecciones de 2011 y 2013, donde el PRO no había obtenido al menos el 2% de los votos. En ambos comicios, esa fuerza política compitió pero no lo hizo en términos formales y la Junta Electoral rechazó los argumentos de los apoderados partidarias.

La interventora será Servini de Cubría, quien tendrá que “ordenar los papeles”, según lo expresó Humberto Schiavoni, el presidente de la Mesa Nacional, quien el 17 de marzo último le pidió a la jueza la intervención, lo cual fue aceptado con rapidez.

De esa manera, los comicios internos que en un momento se iban a celebrar el 14 de abril pasarán para el mes de junio.

De acuerdo con la versión web de La Tecla, los principales perjudicados son el senador provincial y ex apoderado en la provincia, Juan Pablo Allan, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri: " Ambos habrían quedado afuera de todo armado partidario en territorio bonaerense, cuando tiempo atrás eran personas clave."

Además se especula que Jorge Macri "comenzó a perder poder dentro de la estructura de forma progresiva desde la victoria de la gobernadora María Eugenia Vidal. Las dos semanas que desplazó de la campaña nacional al ahora presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, parecerían que comienza a pasarle factura al acalde de Vicente López", aseguraron.

De acuerdo a una acordada difundida por el tribunal que actúa como máxima autoridades en los comicios nacionales, en eso sitios de votación se desempeñarán también las mismas autoridades que cumplieron esa tarea el domingo pasado.

Asimismo, las dos agrupaciones políticas contendientes utilizarán el mismo modelo de boleta aprobado para la primera vuelta con la única modificación en la fecha, reemplazando la del 25 de octubre por la del 22 de noviembre.

Los aspectos organizativos del balotaje se difundieron hoy sin que haya concluido el escrutinio definitivo que se inició anteayer en todos los distritos ”por razones de de tiempo y previsibilidad”, según dejó constancia la acordada de la Cámara fijando el cronograma electoral.

El 6 de noviembre deberá estar completado y comunicado al Senado el escrutinio definitivo de la primera vuelta, y un día después entrará en vigor la veda para difusión de actos de gobierno susceptibles de captar sufragios.

El 9 de noviembre la Asamblea Legislativa proclamará los resultados de la primera vuelta y el 14 será el plazo máximo para qué las dos fórmulas habilitadas confirmen su decisión de postularse.

Según anunció también hoy Alejandro Tullio, titular de la Dirección Nacional Electoral (DNE), el sorteo público de los espacios publicitarios para las campañas de Scioli-Zannini y Macri-Michetti se realizará el viernes 6 de noviembre.

La campaña publicitaria en los medios de comunicación audiovisual usando la espacios gratuitos durará diez días, ya que extenderá desde el martes 10 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el viernes 20 a la misma hora, cuando comenzará la veda electoral hasta el inicio de la votación, a las 8 de del domingo 22.

La Cámara Electoral que integran Santiago Corcuera y Alberto Dalle Vial dispusio también que sea la Junta Electoral Nacional de la Capital, compuesta por los jueces Maria Servini de Cubría, Jorge Morán y Fernando Posse Saguier, la que establezca la fecha de recepción y verificación de boletas.

La Cámara aprobó hoy el modelo de Acta de Escrutinio de Mesa que será impresa por la DNE y distribuida por el Correo con el material electoral restante.