Así, algo artificialmente, sin que conectara con el ADN de sus propuestas (más vinculadas a la necesidad de atraer inversiones, bajar el déficit y controlar la inflación), Macri incorporó una bandera que en realidad era pura demanda social. Aliarse con Elisa Carrió y mezclarse amistosamente con Margarita Stolbizer, dentro de un elástico bando antikirchnerista, terminaron por darle forma al malentendido.

Pero lo cierto es que el PRO, desde su nacimiento hace unos 15 años, nunca fue un partido “honestista”, y esto dicho en sentido neutro. Macri no es Elisa Carrió, tampoco Stolbizer y ni siquiera es semejante a Gabriela Michetti. O al menos no coincide del todo con esa imagen pura y sin dobleces que emana y construye su vice. En un intento por aprovechar ese capital y transferírselo mágicamente al jefe, Michetti fue designada como la primera defensora pública de Macri, ante la difusión de los Panamá Papers.

"Lo primero que hice fue preguntarle a él", explicó la vice en diálogo con Telefé, con su habitual tono familiero. "Contame cómo es el tema, que voy a lo de Gerardo y quiero tener en claro qué es lo que hay que decir en función de la verdad y la realidad", dijo que le preguntó a Macri. Y por supuesto consiguió el efecto buscado: en el piso, la mayoría le creyó a Gaby. La política del siglo XXI (aunque quizás siempre fue un poco así) es una pelea por instalar la sensación más verosímil, un arte en el que PRO se suele destacar.

Antes de que se interesara por la política partidaria, la trayectoria del Macri empresario acumuló todas las manchas y vicios propios de la patria contratista. Hacia fines de los '90, cuando se registraba en las islas Bahamas la cuenta Fleg Trading Ltd que ventilaron los Panamá Papers y le valieron una imputación al presidente, el grupo encabezado por el patriarca Franco Macri apuraba negocios en esa frontera patinosa entre lo público y lo privado.

El Grupo Macri había cerrado contratos para el manejo de los sistemas catastrales de Morón y la administración de rentas de Capital Federal, Misiones, Salta y San Luis. Los contactos políticos abrían las puertas para nuevos emprendimientos. Para entonces, Sevel ya había implementado un sistema para cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes al Uruguay, una maniobra por la que Macri sería procesado años más tarde.

Así, si bien el grupo Macri no inventó las mañas de las grandes empresas y contratistas del Estado, tampoco las descartó. ¿Por qué habría de hacerlo?

La organización Integridad Financiera Global (GFI) publica los datos del promedio por año de los flujos ilícitos desde los países emergentes durante el período 2004-2013. Según la página Chequeado, la Argentina está en el puesto 23 con US$ 7.654 millones. Si se toma solo en cuenta los flujos ilícitos del 2013, asciende al puesto 14 de 123 de países que cuenta con información publicada, con US$ 17.171 millones.

La ONG Red de Justicia Fiscal, por su parte, posicionó en 2012 a la Argentina en el puesto número 8, en un ranking sobre los 20 países con mayor stock de fondos ilícitos depositados en paraísos fiscales en el período 1970-2010. Evadir, eludir, tratar de pasar al Estado y reducir controles fueron (y todavía son) deportes nacionales para las grandes empresas argentinas.

(El grupo) Macri se formó en ese clima y con esas prácticas. Y si bien el heredero de Franco pegó un volantazo biográfico con su salto a la política, la gestión porteña del PRO no se destacó como ejemplo de lucha contra la corrupción, las contrataciones dudosas y el financiamiento oscuro de las campañas.

Ahora, Macri es presidente, y el sillón de Rivadavia habilita la posibilidad de una transformación. Hay antecedentes históricos que lo acreditan. Sin embargo, Macri todavia no impulsó una sola medida de la agenda oenegeísta: al momento, hizo algunas promesas, como la de poner su patrimonio en un fideicomiso o la de sancionar una ley de acceso a la información. Sus funcionarios más perfilados hacia la lucha contra la corrupción, como el ex lilito Adrián Pérez, mantuvieron algunas reuniones con representantes de Poder Ciudadano y otras sociedades civiles, ansiosas por cambiar algunas tendencias de los últimos años. Es que para el kirchnerismo, el honestismo fue muchas veces un sinónimo de anti-política, y más precisamente de anti-kirchnerismo. Van cuatro meses de gobierno, y Macri todavía está a tiempo de torcer su rumbo.

Mientras el gobierno nacional jugaba a bajarle el precio al escándalo internacional y pensaba que había pasado el vendaval de #PanamaPapers, el fiscal federal Federico Delgado decidió darle un impulso a un expediente judicial para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones.

Así surge del dictamen al que accedió el portal Infobae, donde el representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.

"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado.

El nombre del presidente de la Argentina apareció entre los empresarios y políticos que montaron compañías offshore en paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Apenas se conoció el nombre de Macri, el Poder Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que defendió la legalidad de la maniobra y aseguró que el jefe de Estado no tenía la obligación de declarar ante las autoridades fiscales su participación porque no había obtenido dividendos de la operación. Ahora la Justicia determinará si la interpretación oficial es la adecuada o si se violó alguna norma.

Delgado aseguró, además, que la Justicia deberá determinar "la vida social" de las empresas mencionadas por la denuncia presentada por el diputado nacional Norman Darío Martínez, a fin de comprobar si se infringió algún "tipo penal" y, en ese caso, si Macri "tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento".

El Presidente se refirió al tema en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó más detalles en una conferencia de prensa. Si bien Delgado reconoció que ya hubo "aclaraciones públicas" sobre las filtraciones, precisó que "el trabajo judicial es determinado".

A efectos de cumplir con la pesquisa, Delgado sugirió que se soliciten copias de la investigación periodística y las declaraciones juradas de Macri en la AFIP. Asimismo, pidió un informe detallado de Alberto Abad sobre la "dinámica tributaria" y qué sujetos están obligados a declarar sus participaciones en compañías offshore.

El diario New York Times aseguró que el mandatario argentino, Mauricio Macri,  como otros líderes del mundo, usaron los paraísos fiscales para "proteger su vasta riqueza” y es uno de los casos más serios que destapó la filtración de documentos panameños.

En un artículo escrito por la periodista Liam Snack se detalla acerca de la documentación y señala: “Alrededor de 215 mil compañías offshore  y  14.153 clientes están vinculados a Mossak Fonseca e involucran a 143 políticos, sus familias y amigos más cercanos ─ incluidos 12 importantes líderes de Estado ─ con el uso de paraísos fiscales para ocultar grandes fortunas”.

“Entre estos se encuentra el presidente Mauricio Macri, de Argentina; el presidente Petro O. Poroshenko, de Ucrania; Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia en aquel entonces; el primer ministro Nawaz Shariff, de Pakistán; el Rey Salman, de Arabia Saudita; el ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani y su ex primer ministro, Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, y la estrella argentina de fútbol, Lionel Messi”, asegura la nota titulada “Los papeles de Panamá : Aquí está lo que sabemos”.

Entre otros detalles la nota de Snack, detalla: “El chelista Sergei Roldugin, un amigo cercano del presidente Vladimir V. Putin, de Rusia, también fue mencionado en los documentos. En el diario The Guardian se menciona al Sr. Roldugin como quien dirigía una operatoria que movía dos mil millones de dólares de los bancos de Rusia a cuentas ocultas en el extranjero”.

El escenario elegido fue el despacho del intendente de Roque Perez, Juan Carlos "Chinchu" Gasparini, en el cual los intendentes y funcionarios provinciales trataron disimiles temas como las cuentas Offshore y la participación del presidente Maurcio Macri, el aumento de las tarifas, la paralización de la obra pública en sus territorios y llamaron a construir “todas las instancias de diálogo que sean necesarias, con la intención de contribuir en el abordaje de los problemas”.

Vale destacar que este encuentro fue la continuidad de los desarrollados en Bolívar y en Ensenada en donde también se habló del futuro de la FAM y temas relacionados a las medidas tomadas por el jefe de Estado; “que no solo repercuten a nivel nacional y provincial, sino que también a nivel municipal”.

En referencia a la persecución del denominado “Partido Judicial”, los intendentes señalaron a través de un comunicado: “Nos alerta fuertemente la situación judicial de la ex Presidenta de la Nación por la causa relacionada con la venta de dólar futuro y creemos ver en la misma, una alarmante precariedad de los elementos judiciales que intentan fundamentar la referida citación. De la misma manera que reafirmamos el apoyo, el respaldo y el compromiso para su figura, en tanto claro referente y líder natural del espacio político al cual pertenecemos”.

A la hora de abordar las revelaciones del informe Panamá Papers, indicaron: “Entendemos que en la cuestión relacionada con la creación de sociedades Offshore y la participación del presidente Maurcio Macri en las nominas que han circulado, debe ser debidamente aclarada de forma urgente y en términos personales, de frente a la sociedad”.

Además, señalaron que “como parte de un colectivo político debemos realizar la mayor cantidad de esfuerzos posibles para construir unidad, solidaridad y organización con la intención de poder expresar una vocación mayoritaria que sea capaz de interpretar de nuestro pueblo. Estamos más convencidos que nunca que ´El todo es superior a la suma de las partes´”.

A la hora de referirse a los problemas concretos de sus municipios, los jefes comunales allí reunidos manifestaron su preocupación por la “paralización de la Obra Pública en nuestro territorio, la consecuente detención de la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, y el impacto que la misma tiene sobre el empleo; luego de un virtuoso proceso de intervención del estado articulado desde el Ministerio de Planificación Federal por el Arq. Julio De Vido.  Acompañando la detención de las obras necesarias, existe también una impronta de judicialización de toda la obra pública en general, lo que más allá de algunos casos puntuales, llama poderosamente nuestra atención”.

Siguiendo con las cataratas de inquietudes planteadas, también expresaron: “Nuestra profunda preocupación por el encadenado aumento de tarifas, que sumó al brutal incremento de la tarifa eléctrica, una fuerte suba de gas, agua y transporte. Más aún, esta modificación de los cuadros tarifarios de los principales servicios impacta negativamente sobre la estructura industrial – fundamentalmente las PyMES – cuyos costos los dejan fuera de mercado”.

“Lamentablemente comenzamos a sentir en cada uno de nuestros municipios, un incremento de las demandas sociales básicas, de manera tristemente inédita para la experiencia de los últimos años. En ese sentido observamos con atención el creciente incremento en los pedidos de cupos para  los comedores escolares y merenderos de nuestros distritos”, asegura el comunicado.

Acerca de la unidad del peronismo, los jefes comunales detallaron: Reconocemos humildemente que nuestro espacio político ha perdido las elecciones, a pesar de todo lo positivo realizado a través de 12 años de gobierno, no hay verdades absolutas. Estamos convencidos de que el debate debe ser transversal, plural y democrático. Con preocupación volvemos a hacer un llamamiento para que los diversos sectores y referentes que forman parte del espacio político al cual pertenecemos, dejen de lado las operaciones cruzadas y los egos excluyentes que en nada aportan para comprender la situación actual, ni generan empatía con los sectores que pretenden representar”.

Del encuentro celebrado en Roque Pérez participaron los intendentes: Mario Secco, Ensenada; Ricardo Casi, Colón; Germán Lago, Alberti; Néstor Álvarez, Guamini; Marcelo Santillán, González Chávez; Hugo Corvatta, Saavedra; Roberto Alvarez, Tres Lomas; Francisco Durañona, San Antonio de Areco; Juan Patricio Mussi, Berazategui; Santiago Maggiotti, Navarro; Gustavo Menéndez, Merlo; Eduardo Bucca, Bolívar; Alejandro Acerbo, Daireaux; Gustavo Cocconi, Tapalqué; Osvaldo Caffaro, Zarate; Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo; Hernán Bertellys, Azul; Juan Carlos Veramendi, General Paz; Juan Ustarroz, Mercedes.

Los diputados provinciales: Juan Mussi, Cesar Valicenti, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Walter Avarca y el senador provincial, Daniel Barrera. Y el Diputado Nacional Gustavo Arrieta.

Los referentes locales: Enrique Slezack, Beriso; Gastón Arias, Brandsen; Gustavo Sobrero, Lobos; Ariel Notta, Luján; Raúl Basualdo, San Miguel del Monte; Daniel Di Sabatino, San Vicente; Juan Pablo Anghileri, Gral Rodriguez; Antonio Delfino, Suipacha; Marta Susana Medici, Alberti; Guillermo Santillán, Olavarría; Jorge Eijo, Gral. Belgrano; Diego Yason, Saladillo; Gerardo Zarandono, Guillermo Gallardo.

La oficina anticorrupción tiene la obligación de investigar los hechos de corrupción en la que se implica a funcionarios del erario público.

Quien conduce el área, es la funcionaria macrista, Laura Alonso, quién tras el escándalo en el que está implicado el presidente de la nación Mauricio Macri, sostuvo frases poco felices, del estilo "constituir una sociedad off shore no es delito en si mismo".

Alonso recibió una catarata de críticas y denuncias por mal desempeño del cargo.

En este contexto, el presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, presentó hoy un proyecto de ley tendiente a modificar la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA), para que el organismo quede en manos de un funcionario designado por la primera minoría opositora y que además cumpla con la condición de ser abogado.

La iniciativa establece que “la conducción, representación y administración de la Oficina Anticorrupción será ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado a propuesta del bloque parlamentario con mayor cantidad de legisladores por parte de la oposición (primera minoría) con rango y jerarquía de secretario”.

Asimismo, establece la designación de un subsecretario en representación de la segunda minoría de la oposición, y dispone que ambos funcionarios deberán “poseer título universitario de abogado, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados y una reconocida trayectoria democrática y republicana".

“Este es un detalle no menor que creemos que fue un error, pues se buscó adecuar el cargo a una persona, en vez de seleccionar a un profesional idóneo que cumpliera los requisitos que ya estaban establecidos legalmente”, explicó Recalde.

En los fundamentos, el diputado afirma que debería seguirse un criterio similar al de la Auditoria General de la Nación (AGN), que por la reforma constitucional de 1994 tiene a la cabeza a un representante propuesto por el principal partido de la oposición.

Además, señala que en las causas donde puedan investigarse hechos ocurridos en un gobierno que actualmente sea oposición, deberá intervenir el subsecretario, para evitar que ninguna fuerza termine autoauditándose.

La Cámara de Diputados ratificó esta tarde el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Medios y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), normativa que de este modo queda firme, ya que para la validez de un DNU es necesario el voto favorable de un solo cuerpo legislativo.

Ya tiene aval parlamentario el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, y que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en reemplazo de la AFSCA y de la AFTIC, que fueron disueltas.

El decreto –el más polémico de la sesión de este miércoles- fue avalado por la Cámara de Diputados en una votación a mano alzada, a pesar de las protestas del kirchnerismo, que pidió realizarla de manera nominal.

El Frente Renovador de Sergio Massa le garantizó el apoyo numérico a la alianza oficialista Cambiemos, tal como lo hizo en la comisión bicameral abocada a los DNU.

El rechazo fue encabezado por el Frente para la Victoria, el progresismo y la izquierda, mientras que el bloque Justicialista decidió abstenerse.

Aunque el Senado todavía no se expidió al respecto, la sola aprobación por parte de la Cámara baja deja ratificado el DNU.

El decreto 267 del 29 de diciembre de 2015 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, organismos de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, respectivamente.

En su reemplazo se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones.

También se creó en el ámbito del Poder Ejecutivo una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las leyes citadas, una de las banderas del kirchnerismo.

El diputado macrista Pablo Tonelli defendió la “necesidad y urgencia” que llevó al presidente a dictar un DNU sin pasar por el Parlamento. La primera razón, dijo, “es que el decreto fue emitido durante el receso del Congreso”, antes del inicio del período ordinario el 1ro. de marzo.

También aseguró que era “necesario y urgente superar los defectos y problemas que tenían estas dos leyes y sobre todo los desvíos en que estaban incurriendo los organismos encargados de aplicarlas”.

Además advirtió que la AFSCA estaba “conducida por un notorio militante político”, en alusión a Martín Sabatella, que había sido candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria.

En otro orden, Tonelli consideró que las entidades tenían superposición de competencias y que esto atentaba contra la tendencia moderna de la convergencia. En cambio, aseguró que ésta se verá favorecida con el nuevo ENACOM, al entender que va a tener competencia en medios audiovisuales y en telecomunicaciones.

El rechazo estuvo a cargo del camporista santafesino Marcos Cleri, quien en primer lugar negó la necesidad y urgencia del decreto al señalar que el presidente estaba facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

Con más énfasis, el diputado kirchnerista aseguró que el DNU “concentra mucho más la comunicación, atenta con la libertad de expresión y apunta a dejar a gente sin voz y trabajo”.

“Es inconstitucional, ilegal, ilegítimo y viene a cumplir con quien lo acompañó a Macri en la campaña electoral, que es el Grupo Clarín y los grupos concentrados; viene a darle una sola voz, concentrada en la Capital Federal”, denunció Cleri y amplió que apunta a “darle todas las ventajas necesarias en las licencias, en la comunicación, y darle vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica”.

También protestó porque por medio de este decreto del Ejecutivo fueron removidos los directores de AFSCA y AFTIC nombrados por el Congreso, porque “cesa la participación ciudadana” en el otorgamiento de licencias y porque “no hay una sola medida que beneficie la industria cultural”.

“Hace cesar los límites para la formación de monopolios”, alertó Cleri en relación a la eliminación del tope de licencias audiovisuales.

Luis Petri, de la UCR, se sumó a la defensa del decreto y cargó contra la utilización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del kirchnerismo, al que le pidió “que rinda cuentas de la pluralidad de voces y la democratización de la palabra en la Argentina”.

“El gobierno anterior partía de la premia de que todo medio que no se subordinara al relato era un medio opositor. Entonces, para equilibrar la balanza, construyeron un holding de medios amigos.

Esto es lo que hicieron con la Ley de Medios”, denunció el mendocino.

El representante del Frente Renovador en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Raúl Pérez, justificó el apoyo de su bloque al DNU al destacar que abre la discusión a una nueva Ley de Medios, dado que la vigente tuvo “escaso consenso interno en este Parlamento”.

Asimismo, Pérez fue duro con Sabbatella, a quien tildó de “mediocre funcionario con mucha militancia y poca cintura política”.

Por último, el massista le advirtió al oficialismo que “no cometa el mismo error que el Frente para la Victoria” con la utilización de la norma.

Por parte del espacio progresista, Alicia Ciciliani (Partido Socialista) también apuntó a la “desastrosa aplicación de la ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del gobierno anterior. “Fue usada a favor de uno y en detrimento de otros”, resumió.

En el marco del escándalo internacional por la investigación conocida como Panamá Papers, continúan las repercusiones en todo el ámbito político.

La implicancia del jefe de estado, Mauricio Macri, puso a la Argentina en un estado de alerta institucional. El amplio rco político argentino se manifestó públicamente respecto de la situación de Mauricio Macri.

Hoy fue el turno del dirigente de izquierda, Alejandro Bodart, referente del MST, quién en declaraciones públicas sostuvo que "tenemos un presidente cuya familia hizo su fortuna a partir de desastres que lindan con lo ilegal”.

A la vez, pidió “investigar y no tapar el problema”, y advirtió que “van a saltar diez o doce empresas más”.

“Si yo tengo capitales argentinos, hago una empresa en Panamá, abro una cuenta en las Bahamas para hacer un negocio en Brasil. ¿Para qué hago esto si no es para currar?”, ironizó el referente de izquierda.

“Es una de las empresas que la dictadura con Cavallo le nacionalizó la deuda: papá Macri y el hijito Mauricio hicieron su fortuna porque pedían plata afuera en dólares y en vez de pagar la deuda se la enchufaron al Estado. De eso no hablan. Hizo su fortuna afanándole al pueblo, que es el que todavía paga la deuda religiosamente", concluyó Bodart.

El embajador argentino en Panamá, Miguel del Sel, jamás se imaginó que iba a estar en el medio de un torbellino de estas carácterísticas. Quizás por ello tardó tanto en reaccionar y en dar señales de actuación desde su lugar de trabajo.

Más de dos días después de desatado el escándalo internacional de los Panamá Papers, envió un cable a partir de la aparición del presidente, Mauricio Macri, como director y vicepresidente de, hasta el momento, una sociedad offshore en el que advierte que “el Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”.

El informe detalle que “el Ministerio Público iniciará una investigación de oficio por las publicaciones sobre las actividades sospechosas de la firma panameña Mossack Fonseca”.

“De darse la investigación, sería el segundo expediente que le abriría la Procuraduría General a esa firma en lo que va del año (el primero fue a causa del caso Lava Jato , en Brasil)”, explicó Del Sel.

Además el ex cómico indicó cual fue la repercusión en Panamá de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. En este sentido sostuvo que generó “una amplia repercusión, tanto en los distintos medios de comunicación local, como también a nivel Gobierno”.

También indicó que el país centroamericano “cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”.

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Por este motivo dichas acciones deberán entregarse en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

Además el anuncio del Gobierno de Panamá advierte que “como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales, como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero”, según informan desde Ámbito Financiero.

En el marco del escándalo que tiene repercusión mundial, por la investigación conocida como Panama Papers, que detalla la participación del presidente Mauricio Macri en empresas offshore que operan en paraísos fiscales, todo el arco político se expresó ante la crisis institucional que vive el país.

Hoy fue el turno del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador, Felipe Solá, quien aseguró que el presidente "puede eludir problemas legales" pero “lo que no va a poder eludir son problemas éticos".

"El presidente actúa como un empresario que siente que tiene derecho a todo", arremetió Solá con dureza.

A la vez, el diputado nacional remarcó que "la gente no quiere tener un Presidente que figura en un paraíso fiscal porque en un paraíso fiscal, están allí los que tienen que esconder algo", advirtió y sostuvo la importancia de que el presidente de la nación realice una conferencia de prensa sobre la situación.

En el mismo sentido, el legislador, adelantó que se van a presentar pedidos de informe sobre las sociedades offshore en las que tiene participación el presidente de la nación.

En la misma línea, Felipe Solá, acusó a Laura Alonso, de transformar la Oficina Anticorrupción “en la oficina de defensa al Presidente", por lo que afirmó que la funcionaria "actuó como una política del PRO y no está capacidad para estar en ese puesto".

"El Presidente ha querido mostrar siempre que lo que vino, lo que llegó con él es lo distinto, lo diferente al anterior gobierno, sobre todo en el tema ético, para eso hay que mostrarlo todo", enfatizó Solá.

“El Presidente ya no es más un empresario, hace tiempo, y sigue teniendo la actitud de un empresario que siente que tiene derecho a todo, al igual que lo que pasa con los políticos corruptos, gente que quiere sacar plata, abre empresas en un paraíso fiscal", disparó con dureza el referente de la política bonaerense.

Y añadió: “Con los amigos que tiene, con el pasado empresario, con los firuletes que ha hecho el padre (Franco Macri), Macri va a volver a tener problemas", por lo que le aconsejaría que antes que ocurran, haga una conferencia de prensa y muestre quién es y qué opina y que diga todos los movimientos (económicos) que ha tenido".

Observando que el mandatario "ha quedado mundialmente expuesto", el ex gobernador bonaerense subrayó que Macri "otra vez la pone a la Argentina en un plano de visibilidad muy grande y se ve totalmente perjudicada por aparecer" en los Panama Papers.

"(Macri) dice que tuvo una empresa por años pero nunca tuvo plata, movimiento, entonces, para qué tuvo la empresa", cuestionó Solá y agregó que "el Presidente puede eludir problemas legales, pero lo que no va a poder eludir son problemas éticos", concluyó.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que existe "tranquilidad" en el Gobierno respecto a la investigación periodística que menciona al presidente Mauricio Macri como participe de una sociedad offshore.

"Puedo garantizar que no hay empresas donde el presidente tenga activos y no estén declaradas", manifestó Peña en el marco de una incómoda conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno.

"Existe la enorme tranquilidad de que no hay nada que ocultar, la poca información que se pueda dar, de algo que no tiene contenido, será brindada a la Oficina Anticorrupcion", indicó Peña.

Acompañado por el ministro de Derechos Humanos, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, que entre otros y paradójicamente presentaron proyectos para combatir lavado de dinero, el jefe de Gabinete indicó hoy que el presidente Mauricio Macri fue "muy claro" al brindar explicaciones respecto a la investigación periodística.

"El Presidente dio las explicaciones a minutos de surgido el tema. No se comunicó antes la información porque no había nada que comunicar", manifestó Peña.

"No hay nada que se haya debido comunicar antes porque no hay cuentas ni activos del presidente que se deba declarar. Es un tema de Francisco Macri que él deberá aclarar", añadió.

En la misma conferencia los ministros aseguraron que respaldan a la jefe de la oficina Anticorrupcion, Laura Alonso, quien fue cuestionada por la oposición por haber asegurado que el presidente Mauricio Macri no cometió delito al participar de la compañía offshore.

Al respecto, al consultado sobre las críticas que recibió Alonso por parte de la oposición, Peña consideró que la exdiputada fue víctima del "ensañamiento".

"Por supuesto que respaldamos a Laura Alonso en su función. Fue consultada sobre un hecho concreto y eso no es una opinión subjetiva, está en el Código Penal".

Y agregó: "Se está trabajando muy bien en fortalecer una Oficina Anticorrupción, que había sido desmantelada y que tiene un objetivo muy importante, que es dotar de más transparencia, más institucionalidad a un Gobierno luego de una serie de gestiones que han generado un enorme manto de sospecha en las acciones de un Estado".

"Ojalá que, como está ocurriendo, la Justicia pueda seguir avanzando en su tarea de transparentar lo que haya ocurrido", concluyó el jefe de Gabinete.