Sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y pese al amparo presentado por los vecinos, el Gobierno de Mauricio Macri oficializó la incorporación del aeródromo de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos para empresas low cost como FlyBondi.

A través del decreto 1092/2017, que se publicó en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno incorporó la base aérea de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos.

La medida fue dispuesta para el uso de las low cost Norwegian y Flybondi. Esta última tiene como dueño a Richard Guy Gluzman, socio del secretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.

El decreto señala que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) resolvió la “no objeción” con respecto a la incorporación del aeródromo como aeropuerto comercial aunque reconoce que aún no fue realizado el informe técnico.

“Teniendo en consideración que deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, así como también adoptarse las medidas pertinentes a efectos de determinar el alcance de las distintas jurisdicciones -civil y militar– involucradas”, detalla en los considerandos del decreto.

El lunes pasado, cientos de vecinos de la zona de El Palomar, en el partido de Morón, Tres de Febrero y Hurlingham se manifestaron contra el “aeropuerto trucho”, denunciando que no cumple con los requisitos de seguridad y tiene “graves consecuencias ambientales”.

“Basta de negocios a costa de la seguridad y la salud de los vecinos”, subrayó durante la movilización el colectivo Stop Flybondy, que presentó un amparo para frenar la reconversión del aeropuerto.

También desde la Dirección de Sitios de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación confirmaron que la Base El Palomar fue catalogada como un sitio protegido, dado que allí podría haber pruebas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar.

Desde esa Dirección pusieron en conocimiento al juez federal Daniel Rafecas, que entiende en la causa, “para que tome conocimiento de que se podría estar destruyendo prueba judicial de causas de lesa humanidad”, consignó el diario Página/12.