Al calor de la interna que se viene desarrollando en Cambiemos, el presidente del interbloque de esa fuerza política en Diputados pidió que el subsecretario presidencial, “de un paso al costado”.

El subsecretario de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocupó todas las tapas de diarios y espacios noticieros de televisión  cuando le encontraron 1.2 millones de euros en una cuenta en Andorra. A raíz de ese nuevo escándalo de corrupción, Mario Negri salió sutilmente al ruedo y reclamó que  Gilligan de un paso al costado hasta que se aclare su situación en la Oficina Anticorrupción por los millones encontrados en el país europeo.

El pedido de Negri de que el funcionario "no debe incomodar al gobierno" y debería dar un paso al costado hasta que se aclare su situación se enmarca en la línea Marcos Peña quien durante el fin de semana había señalado que si se comprobara que la maniobra se hizo cuando estaba en la gestión pública debería correrse de sus funciones hasta que la Justicia dicte si hubo o no acto de corrupción.

"Tenemos que dejar trabajar a la OA y a la Justicia, no creemos que tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas, si fuera en el caso de la función actual, de hacer un apartamiento temporario", había precisado Peña en una entrevista durante el fin de semana.

La titular de la OA, Laura Alonso, propinó un bizarro discurso ayer ante empresario en el que culpó a la inflación de la corrupción que existe en Argentina. Además, le pidió a los empresarios que "no manden regalos a los funcionarios nacionales".

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, disertó ante emprearios de la construcción y dio una bizarra explicación sobre el principal motivo de los actos ilegales entre el Estado y los privados.

Según la funcionaria cambista, "la inflación y la corrupción van de la mano" y habló de forma directa al empresariado presente: "Ustedes saben que cuando se sientan a negociar un contrato en una oficina oscura empieza a calcularse cuál será el impacto del aumento de los precios".

En el marco de la 65° Convención de la Cámara Argentina de la Construcción, Alonso le pidió a los presentes que "no envíen regalos a los funcionarios nacionales", y les sugirió que "manden solo una tarjetita".

Sobre esto, la titular de la OA prometió que quiénes denuncien actos de corrupción contarán con "total confidencialidad" que será garantizada por su oficina.

Alonso apeló al "compromiso" de los empresarios para "mejorar la reputación internacional" de la Argentina, en insistió en pedirles que "digan quiénes son" los corruptos.

En una resolución difundida hoy, la Oficina Anticorrupción le recomendó al ministro desprenderse de las acciones o "adoptar alguna medida patrimonial", tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición.

La Oficina Anticorrupción sustenta su recomendación en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que "el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad" y deben "evitarse acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

Además, la OA le hizo saber al ministro que "deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (Royal Dutch Shell cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario".

"En caso que se presente una situación de este tipo, el Ministro deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo", consignó.

En ese sentido, la Oficina Anticorrupción destacó que si bien la Ley 25.188 "no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas".

Según señaló la OA, esta disposición se encuentra "en sintonía" con lo pronunciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2003, que dice que "los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.

Además, recordó que la OCDE expresó en 2005 que "para un funcionario público, tener un aparente conflicto de interés puede ser tan serio como tener un conflicto real, por la potencial duda que puede surgir sobre la integridad del funcionario, y la integridad de la organización del funcionario”.

La funcionaria a cargo de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió que se invirtiera más en su dependencia gubernativa para poder afrontar diferentes tareas que van desde lo administrativo hasta lo edilicio.

Según informaron a Télam fuentes del equipo de la Oficina Anticorrupción, Alonso los convocó y les informó que pedirá al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a la Casa Rosada "cinco veces más de presupuesto" para poder mantener y acrecentar el ritmo de trabajo, algo que "no será posible con los recursos actuales".

En un crudo sinceramiento, Alonso les dijo que el edificio en donde trabajan (ubicado en la calle Tucumán al 300 en el microcentro porteño) "se han recibido varias advertencias por seguridad edilicia", además de no contar con los resguardos que requiere un equipo que participa de investigaciones de alto voltaje político.

Actualmente, el presupuesto con el que cuenta la Oficina Anticorrupción es de 23 millones de pesos para este año, sumado a 40 millones de pesos recibidos por entes cooperantes (por las tasas e impuestos que cobra el Ministerio de Justicia).

Desde la Oficina Anticorrupción dejaron trascender la "preocupación" por la falta de espacio para trabajar en esta nueva etapa: "Durante ocho años este lugar estuvo planchado y ahora no hay lugar para ubicar expedientes ni sala de reuniones. Hace falta incorporar más personal".

La ex diputada del PRO ya dialogó con el ministro Garavano y ambos analizan la posibilidad de, a largo plazo, converger en un mismo edificio la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Oficina Anticorrupción, además de avanzar en la descentralización de los organismos (para que sus recursos y autoridades no dependan de la voluntad del jefe del Poder Ejecutivo de turno).

El equipo de investigación de la Oficina Anticorrupción advierte que "aún hay causas de la década del 90" entre las que requieren seguimiento y que el personal actual no alcanza para profundizar en los dos ejes de acción centrales del organismo: la participación en determinadas causas de delitos contra la administración pública y la planificación de políticas de transparencia.

Los encargados del financiamiento de la Oficina Anticorrupción aseguran que "sin como mínimo duplicar el presupuesto actual", el organismo "ya tocó su techo".