“Exigimos al Gobierno nacional que esclarezca este atentado que apuntó directamente contra militantes kirchneristas pero que afecta a toda la Democracia”, expresó ayer Martín Sabbatella y agregó: “Este hecho debe tener el repudio enérgico de todas las fuerzas políticas y un rechazo claro y contundente del presidente Mauricio Macri”.

El sábado por la noche dos militantes kirchneristas fueron heridas con balas de plomo mientras participaban, junto a los legisladores porteños José Campagnoli y Andrea Conde, de la inauguración de un local de Nuevo Encuentro en Padilla y Gurruchaga, en Villa Crespo.

“El Gobierno nacional es responsable de la seguridad de todos los ciudadanos, de encontrar a quienes ejercieron este atentado y de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio pleno de los derechos democráticos”, consideró el referente nacional de NE, quien hoy verá a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“El hecho se da en el marco de un clima creciente de violencia verbal y discursiva promovido por el Gobierno nacional contra el kirchnerismo, que derrama en hechos de violencia institucional y violencia política como éste”, afirmó Sabbatella.

“Este clima de violencia se expresa en desaforadas represiones como las que se hicieron contra despedidos de Cresta Roja, municipales de La Plata, nenes murguistas del Bajo Flores, docentes de Santiago del Estero, vecinos de La Pampa, entre muchas otras. Se expresa también con cordones de Infantería y carros hidrantes en la puerta de organismos públicos para impedir el ingreso de trabajadores. Y, además, da marco para que cualquiera se sienta con derecho a disparar a mansalva contra 500 militantes democráticos”. "Es el inicio más violento de un mandato presidencial de las últimas décadas", consideró el ex intendente de Morón.

“Cristina me expresó su profunda preocupación y su profunda tristeza porque esto le recuerda los peores años de la historia política de Argentina”, agregó.

El referente de Nuevo Encuentro subrayó que “este hecho se da también en el medio de una campaña de permanente estigmatización de la militancia política, de demonización del kirchnerismo y de los trabajadores públicos, que incentiva la violencia física y verbal contra los opositores”

“El presidente Macri es el responsable de desarmar este contexto de violencia institucional, de poner fin a la campaña de demonización que él mismo propaga y de pronunciarse contundentemente y sin excusas a favor de la paz y del libre ejercicio de los derechos a la expresión y a la participación democrática”, concluyó.

También participaron de la conferencia de prensa en el local donde ocurrieron los hechos, los dirigentes porteños Gabriela Cerruti y Mariano Recalde; los diputados nacionales del FpV Adrián Grana, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carolina Galliard, y Aracelli Ferreyra; los legisladores porteños del FpV José Cruz Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca, y Lorena Pokoik; el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; el parlamentario por el Mercosur Daniel Filmus; los dirigentes radicales Leopoldo Moreau y Leandro Santoro; el dirigente Luis D'Elia; los dirigentes sindicales Víctor Santa Maria (SUTERH) y Eduardo López (Cetera y UTE); el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González; Carlos Barragán y Edgardo Mocca, entre otras personalidades. Sobre el final, cantaron ante los más de 500 asistentes Liliana Herrero, Horacio Fontova, Dolores y Marilina Ross, que expresaron su solidaridad y el repudio al grave atentado.

Quizá sus dichos respecto que en “cinco minutos” desalojarían cualquier protesta social son los que más repercusiones trajeron, sobre todos en organizaciones sociales, pero debemos tener en cuenta algunas cuestiones que contradicen ese acting de la Ministra, que no se compadece con la carga comunicacional que pretendió imponer a la cuestión. La primera de ellas es lo que concretamente refiere el protocolo:

“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Aquí no podrá haber cinco minutos, ya que aun, utilizando el procedimiento de flagrancia, debe darse intervención a los magistrados ya que ninguna fuerza puede proceder ante ordenes políticas o por mera y propia voluntad.

La segunda cuestión es política y quizá más controvertida pero menos presente, el protocolo fue aprobado por amplia mayoría de los representantes de cada provincia del Consejo de Seguridad Interior, es decir por representaciones partidarias que abarcan todo el espectro político. La única excepción clara fue la provincia de San Luis que no concurrió a la reunión, es decir el conjunto le cedió esta herramienta al actual gobierno, derogando inclusive una resolución del año 2011.

Resulta paradójico que la primera reunión del Consejo de Seguridad fuera para establecer este protocolo y no para discutir profundamente que hacer con el narcotráfico o con la inseguridad que sigue estando al tope de las exigencias de la sociedad.

Los bonaerenses que tenemos indicadores muy por encima en materia delictual que cualquier jurisdicción provincial que se tome para comparar, esperábamos un poco más. No creemos que las cuestiones de fondo se resuelvan con protocolos. Esperamos ansiosos las definiciones gestuales, y normativas fuertes que empiecen a reconciliar a la sociedad con la política, la justicia y la policía situación que hoy casi deviene utópica, pero no por ello imposible.

Sabemos que no hay atajos pero si políticas de largo plazo que cambien la autogestión policial y deseamos una completa estrategia de prevención social y de seguridad ciudadana centrada en el ámbito de cada uno de los Municipios. Pero a su vez la decisión y la necesidad de conformar mandos únicos respetando esas estrategias particulares, pero uniformes en las acciones de política provincial.

La clave del éxito de reformular la policía, y por ende la seguridad, debe tener como directriz inmediata el control sobre los efectivos y altos mandos. Sus aspectos patrimoniales deben ser públicos ,un nuevo régimen de ética pública policial y declaraciones juradas actualizables, como así la Dirección de Asuntos Internos, organismo encargado de la investigación del accionar de los efectivos debe estar constituida por personal intachable en la tarea de contralor de la policía, con autonomía de investigación previa y obligación de constituirse en querellante, y no un simple organismo que se aboque a los sumarios internos una vez producidos los hechos. Nuevos planes de formación tendientes a recobrar la cuestión vocacional de los ingresantes, donde la policía no debe ser una salida laboral.

Debe existir un compromiso multipartidario de tolerancia cero con la corrupción intra fuerza. Solo dando una señal clara que se acepta el desafió la sociedad apoyará incondicionalmente los cambios, por más que los mismos tarden en producirse dado el estado actual de la situación, pero que no deben limitarse a acciones comunicacionales, en una sociedad que ya demostró reiteradamente su paciencia ,pero también su inconformismo justificado.

*Walter Martello, ex diputado de Buenos Aires, ex miembro del Consejo de Seguridad y autor del libro “20×20, ¿Sin Salida?”

Con un escrache a la casa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) hizo público su repudio al flamante protocolo Anti-Piquetes que impulsa "La Piba" para regular la protesta social.

"La gente tiene que saber que constitucionalmente con este protocolo se están violando muchos derechos", señaló Alejandro Bodart, exlegislador porteño y uno de los referentes políticos a nivel nacional del espacio.

"En vez de palos los funcionarios tendrían que pensar en cómo dar una respuesta sin violentar la consitucion", agregó Bodart quien recordó que la protesta es un derecho garantizado por la Constitución Nacional.

"Este protocolo habilita la pena de muerte, es una locura", dijo y añadió: "Lo triste es que la pena de muerte se abale para la gente que está defendiendo un derecho social".

"Nadie sale a la calle porque quiere, es porque no le queda otra", concluyó Bodart y pidió que en lugar de regular la protesta den soluciones para que la gente no tenga la necesidad de salir a la calle a pelear por los derechos vulnerados.

Este lunes 22 de febrero a las 12 horas en el Congreso Nacional, los diputados Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, que integran el bloque del Frente de Izquierda, convocan a una audiencia pública en rechazo al protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, presentaron un proyecto de resolución en rechazo al mismo.

“El protocolo regimenta severamente el derecho a la protesta popular y a la libertad de prensa y, a su vez, habilita la represión y convalida la impunidad de las fuerzas de seguridad”, expresa la invitación que se está girando a todos los bloques del Congreso.

Pablo López, diputado del FIT por Salta, sostuvo: “A Macri no le importa el tránsito sino la regimentación de la movilización popular. En la campaña electoral participó de los cortes de ruta de las patronales agrarias a quienes después premió con la quita de retenciones y la devaluación".

"Acá lo que está en juego son los intereses sociales que se defienden. Este protocolo es contra los reclamos de los trabajadores, en el marco de un fuerte ajuste. En Salta lo conocemos, porque Urtubey es un adelantado en el ajuste y la represión. El ejemplo son las trabajadoras despedidas de Cerillos, que fueron encarceladas y se encuentran procesadas con graves imputaciones", fustigó el diputado salteño.

Soledad Sosa, diputada por la provincia de Mendoza, explicó que “el protocolo es similar a lo que estableció la Intendencia radical de la capital de Mendoza, multa a gremios y organizaciones políticas de izquierda por realizar movilizaciones por reclamos populares, que no logró evitar. En cambio, exceptuó de las multas a las movilizaciones encabezadas por la UCR y el PRO. Está claro el sentido regimentador y represivo que posee esta medida del Ejecutivo”.

Por su parte, Néstor Pitrola, agregó que “el protocolo está hecho para hacer pasar el ajuste, por eso fue avalado por la mayoría de las provincias, incluidas las gobernadas por el FPV".

"No sorprende, Scioli no solo había planteado en su campaña ´tolerancia cero´ a los piquetes sino que en los últimos días sus referentes defendieron las medidas contra el pueblo trabajador llevadas adelante por el gobierno de Macri, que generarán fuertes convulsiones sociales", agregó el ex candidato a gobernador de la izquierda.

Están convocados a la audiencia diputados, legisladores, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.

La CTA Provincia de Buenos Aires cuestionó el Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, y buena parte de sus pares provinciales.

“Estas normas limitan la protesta social, violan derechos y garantías de los ciudadanos y pone en peligro la integridad de las personas”, consideró María Reigada, Secretaria de Derechos Humanos de la central gremial.

En tanto, desde la CTA bonaerense se exigió que “las autoridades se atengan a la legislación vigente y a los tratados internacionales que garantizan el derecho a la protesta”.

También se manifestó en este sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que considera que este Protocolo es contrario a "los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta", ya que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ’orden público’ por encima de todo".

"Según la resolución, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad", señala.

Para el CELS, este protocolo "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social". En ese sentido, "no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones". Tampoco obliga al "uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

"Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta", agrega.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que los manifestantes tendrán "5 o 10 minutos" para desalojar las calles, autopistas o rutas que corten, sino serán desalojados, a partir del nuevo protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad que se pondrá en vigencia en los próximos días.

"Les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", afirmó Bullrich en declaraciones a radio La Red, en relación al protocolo difundido ayer por el Ministerio de Seguridad, que busca establecer "reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes".

"A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron ayer", amenazó la ministra, refiriéndose a los cortes en protesta por la liberación de Milagro Sala.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticaron con dureza la nueva normativa por considerarla vaga e inconstitucional.

Mediante un comunicado, el CELS explicó: "Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad".

"El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

"Este protocolo limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta" y aseguraron: "Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta", agregaron.

Asimismo, afirmaron que la nueva medida "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al "orden público" por encima de todo".

El presidente Mauricio Macri expresó en Twitter su satisfacción por "las capturas", mientras que la vicepresidenta Gabriela Michetti le manifestó a la gobernadora María Eugenia Vidal su "admiración por haber capturado a los prófugos".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo una reunión con su par bonaerense, Cristian Ritondo, tras la cual dijo que el Gobierno estaba "contento" con la noticia de que los tres prófugos habían sido detenidos. Pero finalmente se concoció que no habían tres detenidos

El comisario general de la Policía de Santa Fe, Rafael Grau, confirmó que "el único detenido" por esa fuerza es el hermano mayor de los prófugos por el triple crimen de General Rodríguez, quien estuvo detenido en la Comisaría de Cayastá y luego fue trasladado a Buenos Aires. Fue encontrado "caminando en un sector del kilómetro 68 de la ruta 1 y no se resistió", dijo el funcionario.

Más tarde, el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, desmintió la versión de que Cristian Lanatta y Víctor Schillaci también habían sido apresados y confirmó que "las cuatro fuerzas federales siguen buscando a esos malvivientes".

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantó que los efectivos de Gendarmería que actualmente se desempeñan en el Conurbano bonaerense volverán a las fronteras ya que esas zonas de tránsito "están muy devastadas con respecto a la seguridad".

En 2011, el Gobierno Nacional había lanzado el Operativo Centinela para "reforzar la seguridad pública en los municipios del Conurbano" con el apoyo de miles de efectivos de Gendarmería. Bullrich explicó que los gendarmes retornarán a "su lugar primario".

"Los vecinos no quieren saber nada con que se vayan, pero hay que llevarlos a su lugar primario porque las fronteras están muy devastadas con respecto a la seguridad", sostuvo al tiempo que aclaró que "no va a salir ningún efectivo de ningún lado sin que haya un aseguramiento de que la gente está cubierta".

Por otro lado, "La Piba" habló del traspaso de la policía Federal a la Ciudad, y consideró que "la transferencia va a ser casi inmediata. Todo lo que es la policía de calles, la Superintendencia Metropolitana, va a pasar a la Ciudad: las comisarías y todo el servicio de seguridad ciudadana, esto va a ser lo más rápido".

En la misma entrevista en radio Continental, la funcionaria se refirió al protocolo de acción que presentará el macrismo para actuar frente a las protestas sociales, y destacó que el proyecto será con "consenso de todos".

La represión con balas de goma realizada ayer por la Gendarmería Nacional a los trabajadores de Cresta Roja para desalojar la autopista Riccheri podría tener consecuencias en la justicia.

El Partido Obrero (PO) denunciará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado.

En un comunicado que difundió la Izquierda Diario, el PO informó que denunciará a Bullrich al acusarla de “recurrir a los métodos de la injuria y la provocación política contra el Partido Obrero, y justificar la acción represiva contra los obreros de Cresta Roja”.

En el texto se acusa a la funcionaria de reproducir en un comunicado oficial de su ministerio declaraciones de un delegado de Cresta Roja a medios de comunicación que “provienen de informaciones absolutamente falsas y equivocadas”.

Ayer la ministra de Seguridad dijo que la Gendarmería tenía "directivas claras" para desalojar a los manifestantes en Ezeiza y aseguró que el operativo se realizó "con total apego a la ley" y con "absoluta y total responsabilidad". "Nuestro objetivo es la tranquilidad social", manifestó en declaraciones al canal Todo Noticias.

Desde el ministerio de Seguridad ayer difundieron que un delegado de la empresa había asegurado en declaraciones periodísticas que “existen infiltrados del Partido Obrero en la manifestación”.

Esa jugada generó críticas desde el Frente de Izquierda. Por su parte, María Eugenia Vidal recibió críticas de amplios sectores políticos, sobre todo de la izquierda. Es que la gobernadora había prometido una salida a un conflicto que afecta a más de 3 mil trabajadores.

El diputado del Frente Renovador y ex precandidato a gobernador Felipe Solá criticó, este lunes, la designación de "la piba" Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y advirtió que la dirigente "no tiene idea de lo que pasa en la calle".

"No estoy de acuerdo en que Eugenio Burzaco esté debajo de Patricia Bullrich", remarcó Solá, al cuestionar a la ministra que será nombrada por Mauricio Macri.

Tras señalar que "Bullrich no tiene idea de lo que pasa en la calle", el exgobernador cuestionó la idoneidad de la actual diputada para el cargo.

En declaraciones a AM 950, el dirigente massista cuestionó también a Burzaco, al señalar que es uno de los funcionarios nombrados que "menos" le "gusta".

"El que menos me gusta es Burzaco, el joven (Marcos) Peña es un desafío interesante, Rogelio Frigerio sabe negociar y Alfonso Prat Gay sabe mucho, es un poco rígido y heterodoxo, hará una moderación del ajuste. De los demás no opino porque no los conozco", advirtió Solá.