El adolescente se mostró preocupado por el mensaje y las represalias que derivaron. Mirá el video

Un documento muestra que el fiscal ordenó que se realicen “tareas de espionaje” en universidades públicas, donde está prohibido que ingresen policías

Se trata de integrantes del colectivo social La Garganta Poderosa. Ocurrió durante la madrugada

Se agrava la persecución a opositores en Jujuy. Esta mañana, por orden del juez Jorge Zurueta y ante el pedido del fiscal Diego Cussel detuvieron a dirigentes de distintos sectores políticos, gremiales y sociales que participaron en la movilización del 4 de abril, en la apertura de sesiones, que fue reprimida con balas de goma y gases. Les imputan el delito de atentado contra la autoridad agravado por poner resistir la embestida policial.

“Ese día hubo represión y heridos de bala de goma, fue un caos. Anoche se hizo la cacería de brujas y ahora tenemos diez detenidos lamentablemente que se suman a los presos políticos de la Tupac”, explicó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.

Durante una entrevista con el programa Dar Vuelta la Taba por Radio Rebelde, Catalano señaló que “no hay provincia donde no se esté discutiendo salarios, donde no haya movilizaciones, donde no haya represión. Y el primer problema que se identifica es que la sociedad empieza a naturalizar la represión como un hecho cotidiano”.

Los imputados son Santiago Hamud, Jose Zurita, Erik Peralta, Carlos Mercado, Jairo Joel Velazquez, Carlos Albornoz, Bienvenido Mendez, Pedro Cachizumba, Juan Pousa Ciancia, Ivan Mercado y Leonel Altamirano.

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Fuente: Diario Pulse

Trabajadores de la TV Pública denunciaron una "persecución" por parte del titular del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en el sector web de noticias del canal, donde todos los periodistas fueron desplazados y reasignados en otras áreas.

"Como represalia del conflicto sindical que tenemos, de un día para el otro la empresa barrió con todo el sector web de noticias. Todos dejaron de tener funciones en ese sector y les asignaron tareas en otras áreas para no tener allí trabajadores con convenios laborales bajo el estatuto del periodista", afirmó Agustín Lecchi, delegado gremial en el canal público.

Según denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) en un comunicado, "por orden directa de Lombardi; del presidente de RTA, Miguel Pereira, y del vicepresidente, Emilio Lafferriere, les sustrajeron las claves de acceso, les impidieron seguir realizando su trabajo y les notificaron luego que no cumplían funciones en el sector web del canal; ni ellos ni otro periodista del noticiero".

Lecchi explicó que, en lugar de los periodistas que cumplieron sus funciones hasta el miércoles pasado, "pusieron gente flexibilizada, de otros sectores, que al no estar organizada gremialmente no tienen capacidad para discutir la linea editorial o cualquier cuestión que sí se venían discutiendo".

Todo esto, sostuvo el delegado, se debe al conflicto gremial que mantienen los trabajadores con las autoridades del canal por la cuestión salarial y por las denuncias de "censura" que realizaron en el último tiempo.

"Hay una paritaria cero que planteó la empresa en octubre, cuando se nos venció el acuerdo paritario de 2016. Tenemos los salarios congelados desde el 30 de septiembre de ese año y hoy estamos cobrando el 50 por ciento de lo que cobrábamos en 2017", explicó.

"No hay ningún motivo profesional ni laboral mediante el cual la empresa podría justificar esta política más que el ensañamiento con quien se organiza gremialmente, su persecución y censura", aseguraron desde Sipreba, y sentenciaron: "Aunque a esta altura nada nos sorprende, debemos remarcar la paradoja de una gestión que hacia el afuera utiliza como eslogan el “todas las voces”, pero hacia adentro persigue y ataca a los trabajadores que se organizan y defienden sus derechos".

Fuente: El País Digital

El oficialismo quiere aprobar el inicio del proceso para quitar de en medio al juez Daniel Rafecas. Será este jueves en el Consejo de la Magistratura.

Con la ayuda del presidente de la "Comisión de Disciplina y Acusación" del Consejo de la Magistratura, el diputado macrista Pablo Tonelli, quien dijo hace poco "Freiler es un juez corrupto, es un pésimo ejemplo para la sociedad", inició otro ataque a la Justicia, esta vez quieren ir por juez Daniel Rafecas.

Se trata de una denuncia presentada por la diputada oficialista Elisa Carrió, junto a otras acusaciones. El magistrado está acusado de mal desempeño en sus labores como juez, aunque no está permitido por reglamento juzgar a un magistrado por sus decisiones. Rafecas había decidido que en la denuncia de Nisman no había bases para considerar que hubo delito.

La semana pasada, "por mal desempeño en sus funciones", rodó la cabeza del camarista Eduardo Freiler, quien había denunciado que su enjuiciamiento estaba relacionado con su postura en las causas Hotesur y la denuncia Alberto Nisman por el atentado a la AMIA.

Fuente: Infonews

Lo denunció el centro de estudiantes del colegio. No parece fuera de la lógica del PRO que busca instalar de todas las formas posibles que todo lo malo que le paso al país proviene del peronismo.

Fue en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, ubicado en la Avenida Rivadavia al 5500, un colegio primario y secundario del barrio de Caballito.

Emmanuel Labrador de 6to año denunció ante el diario Página 12 que la actual gestión encabezada por el coronel Juan José Collins, que concurre al establecimiento con uniforme militar, rompió el “buen diálogo” que los alumnos mantenían con las anteriores autoridades.

“Este año explotó todo por hacer la V de la victoria dos veces”, dijo Emmanuel. La primera vez fue en el aniversario de la muerte de Centeno quien fundó el colegio años más tarde para acoger a otros huérfanos.

“El comentario del director, que aseguraba que en el colegio no hay expresiones políticas y que en caso de que las hubiera el responsable sería sancionado, terminó siendo verdad”, agregó. El director le negó que la sanción pudiese entenderse como una persecución.

“No hay actos por el 24 de marzo y en las aulas se sostiene la teoría de los dos demonios”. “Lo que sí hay son actos por el 2 de abril, el aniversario de la Guerra de las Malvinas”, aclara Emmanuel.

La medida se aplicará en los organismos de la administración nacional como empresas y sociedades estatales deberán brindar información al Ministerio de Modernización. La información contendrá los datos personales y salariales de todos los estatales. También se registrarán las licencias justificadas y no justificadas, y la afiliación sindical.

El Gobierno dispuso la creación de una “Base integrada de información de empleo público y salarios en el sector público nacional” como parte de un proceso que tiene “el fin de lograr una homogenización de las bases que componen el motor de gestión de todo el Estado”.

Así lo indica el Decreto 365/2017, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Modernización Andrés Ibarra y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

De acuerdo con la norma, tanto entidades de la administración nacional como empresas y sociedades del Estado deberán “suministrar a la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización los datos de sus sistemas de liquidación de haberes y de gestión de recursos humanos (…) en los plazos y modalidades que establezca la autoridad de aplicación”.

En los considerandos, el Gobierno argumentó que “la modernización del Estado requiere el diseño y puesta en funcionamiento de planes de recolección de información acordes con las nuevas formas de gestión que aseguren el desarrollo y el buen funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa y formulación de políticas de recursos humanos aplicables a toda la organización de manera homogénea”.

“Para contar con información relevante, precisa y oportuna, es necesario aplicar métodos y procedimientos claramente definidos y controlados que permitan impulsar racional y equilibradamente las políticas de desarrollo de recursos humanos”, explicó el Ejecutivo.

“En consecuencia, se estima conveniente iniciar un proceso de estandarización, para el Sector Público Nacional con el fin de lograr una homogenización de las bases que componen el motor de gestión de todo el Estado, sin perjuicio de que la naturaleza particular de cada una implique un diseño funcional dentro de sus propias estructuras”, justificaron

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lleva a cabo una persecución ideológica que incluye el despido de 21 trabajadores de planta permanente que fueron directores de  otras tantas radios durante la gestión anterior.

La resolución fue tomada por el presidente de RTA, Miguel Pereyra, e incluye a aquellos que ejercieron cargos directivos durante la gestión anterior.  En un comunicado, los 21 trabajadores denunciaron que “es evidente que estamos ante una situación de persecución ideológica instrumentada incluso con el nefasto simbolismo de listas negras, que retrotrae a épocas que creíamos superadas en nuestro país. La mayoría de los y las despedidas fuimos designados/as directores/as tras participar de concursos públicos de oposición y antecedentes. Todos fuimos sacados del cargo de director/a tras la asunción de las autoridades de la alianza Cambiemos”.

Entre los cesanteados se encuentra Ernesto Espeche,  ex director de Radio Nacional Mendoza  (cargo al que accedió por concurso), ex director de la carrera de Comunicación de UnCuyo y doctor en Comunicación por la UNLP.  La lista también incluye a Pablo Ferrero (La Pampa) – Elena Corvalán (Salta)– Jorge Ramirez (Rosario) –Maria Eugenia Cisneros (Córdoba)– Ariel Loreto (Ushuaia)– Omar Turconi (Bahia Blanca) – Ramiro Rearte (Tucumán) – Federico Sanchez (Zapala) – Lorenzo Hernandez (Río Turbio) – Itumelia Torres (Iguazú) – Carlos Mendez Bogado (Las Lomitas) – Verónica Sesin (Santiago del Estero) – Sebastian Abraham (SS de Jujuy)– Martin Illanez (La Rioja) – Wences Rubio (San Luis) – Carlos Echeverría (Bariloche) – Matías Ciampini (Neuquén) – Pablo Zamorano (Ing Jacobacci) – Ghittoni Horacio (Paso de los Libres) – Rus Claudia (Mendoza LV8).

“Esta es una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes a las de la alianza gobernante, y para disciplinar al resto de los trabajadores y trabajadoras. Esas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al estilo de épocas oscuras que parecen regresar”, denunciaron los trabajadores.

Asimismo, señalaron que “estas prácticas se llevan a cabo mientras el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, habla de pluralidad de voces y respeto por el derecho a la libre expresión en los medios públicos, pero como se ve, sus palabras se dan de bruces con la realidad. Desde el Estado y las corporaciones que hoy lo instrumentan, han inaugurado la era de las máscaras: lo que llaman pluralidad es censura; lo que enuncian como “de todos” es solo para unos pocos; lo único que comunican son amenazas, prohibiciones y telegramas de despidos”

En este sentido, denunciaron que una vez más las autoridades del área de comunicación del gobierno de Cambiemos violan el articulado vigente de la ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, dado que una decisión de esta naturaleza debería haber sido tomada por el directorio de RTA, y no solo por su presidente.

También advirtieron que estos despidos “vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las actuales autoridades que han provocado un desmantelamiento de las radios púbicas de todo el país, no solo en la infraestructura (que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los contenidos”. “Así, mientras se habla de federalismo y de respeto por las voces locales, las emisoras del resto del país han sido obligadas a emitir programación local solo por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires”, agregaron.

Para los trabajadores cesanteados, el vaciamiento de los medios públicos “toma la forma de un plan sistemático: achicaron las horas de producción propia, perforaron el piso de calidad artística de los contenidos, restringieron la participación de los oyentes y en muchos casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias que no guardan relación con su formación profesional. El despido de personal, en ese contexto, es un punto de llegada de una política fríamente organizada más que un hecho caprichoso o desafortunado”.