Se realizaban comicios para elegir a la junta vecinal. Todo indicaba que el oficialismo iba a perder la elección y mandaron a Prefectura para frenar los comicios

Le disparó con su arma reglamentaria tras una discusión de tránsito en la Autopista Illia

Lo contó su hijo, quien fue demorado por los efectivos cuando intentaba llevarlo de urgencia al hospital para que lo atendieran. Murió antes de llegar

La represión sistemática desplegada desde la asunción de Mauricio Macri dejó dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 328 heridos y 354 detenidos. El CEPA constató un total de 111 hechos de este tipo en el país, siete de los cuales se registraron en La Plata.

(Por Fernando M. López *) La brutal embestida de Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja, apenas doce días después de la asunción de Mauricio Macri, el 22 de diciembre de 2015, sobre la Autopista Riccheri, con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, anunció la configuración de un Estado policial que tuvo sus primeros ensayos en la Jujuy de Gerardo Morales con la detención arbitraria de Milagro Sala.

Desde entonces, las políticas de ajuste de Cambiemos fueron de la mano con una creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta social, junto a una fuerte campaña mediática para demonizar a los sectores sociales más vulnerables, como los pueblos originarios, convertidos hoy en una suerte de “enemigo interno” por el solo hecho de reclamar tierras ancestrales usurpadas.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta de 111 hechos represivos en todo el país desde el 8 de enero de 2016, cuando la Infantería de la Policía bonaerense desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de cooperativistas despedidos frente a la Municipalidad de La Plata, hasta el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de veintidós años que el 25 de noviembre último recibió una bala de plomo por la espalda en medio del ataque del Grupo Albatros de la Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El crimen de Nahuel se conoció el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, quien apareció muerto en el río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, comandada por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En promedio, esos 111 casos representan una represión cada siete días, con un total de 328 heridos y 354 detenidos, en su mayoría (37,8%) en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

En las provincias del NOA se registró el 19,8% de los hechos represivos; Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos concentraron el 18%; la Patagonia, el 16,2%; y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

“Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores –formales e informales–: 52%. En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”, detalla el CEPA.

El informe también precisa que el 73% de las represiones fueron protagonizadas por las policías provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) actuaron en el 27% de los casos.

Además, “la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización”, inaugurada el 16 de enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur que continúa en el penal de Alto Comedero de Jujuy, a pesar de las resoluciones a su favor de la ONU, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos similares ocurrieron en Río Negro, con el arresto de integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre ellos el propio secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti.

En Mendoza también estuvo detenida Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru local, junto a cuatro de sus familiares. En esa misma provincia se imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Lautaro Jiménez, Víctor Dávila y Héctor Fresina; a los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira y Jorge Chávez; y al abogado de derechos humanos Enrique Jasid, todos ellos por haber participado activamente del paro realizado el 6 de abril de este año.

La Plata

De las 111 represiones, siete sucedieron en la capital bonaerense, a cargo del intendente macrista Julio Garro. Dos meses después del violento desalojo de los cooperativistas que protestaban frente a la Municipalidad, la Policía bonaerense reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas Taser a auxiliares de la educación frente a la Dirección General de Escuelas, dejando un saldo de siete heridos.

El 15 de agosto de 2016, la misma fuerza arremetió contra una toma de tierras que tuvo lugar en el predio del Parque Pereyra Iraola, y detuvo a 48 quinteros del cordón frutihortícola de la región. Unas semanas después, el juez César Melazo ordenó el desalojo de un predio de cuatro hectáreas en Melchor Romero. La policía no sólo reprimió con dureza, también incendió las casillas de las familias.

Ese año terminó con la represión a los choferes despedidos de las líneas Este y 520. Hubo más de una veintena de detenidos y varios heridos.

El 8 de febrero de 2017, un joven de veintidós años fue herido con balas de goma en Olmos durante una protesta por la falta de luz tras el temporal que azotó a la ciudad de La Plata. Un mes más tarde, la policía salió a cazar vecinos de Abasto que se quejaban por el mismo problema en la esquina de 179 y 531, dejando varios heridos y detenidos.

Violencia policial en la Patagonia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahüe, Andrés Ponce de León, repudió ayer el accionar de la Policía Federal, que el fin de semana ingresó a las Residencias Estudiantiles rompiendo puertas y cerraduras. El nivel de abuso fue tal que a una de las alumnas la detuvieron desnuda mientras se encontraba duchándose en el baño, mientras que a otros los inmovilizaron en el suelo con precintos.

“Este suceso es parte de un contexto político más amplio, es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas, pero sentimos que es una excusa para ingresar”, dijo el decano recordando hechos como el de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde la Policía de Gerardo Morales irrumpió de manera ilegal y se llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) detalló que la Federal impidió el ingreso de abogados, “violando el derecho constitucional de defensa, y no pidieron autorización a la Universidad, violando la autonomía universitaria”.

“Evidentemente, nos enfrentamos a la militarización de la Patagonia por parte de las autoridades nacionales y provinciales en defensa de los predadores de Vaca Muerta, las mineras, Benetton, Lewis y todos los terratenientes”, señalaron los docentes en alusión a los diversos operativos represivos en el sur del país.

Mientras tanto, en Neuquén, estatales, maestros, judiciales, obreros, militantes sociales y organizaciones políticas se movilizaron este lunes hasta la Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas para repudiar el desalojo y la represión de los trabajadores de Maderas al Mundo (MAM), en la que resultó herido el diputado de izquierda Raúl Godoy.

El secretario general de la seccional local de ATE, Carlos Quintriqueo, reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que deje de ser el empleado del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga (PRO)”.

“Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Pedimos que empiece a gobernar y a dar respuestas”, subrayó el gremialista, que llamó a la “unidad” de todos los sectores para enfrentar el ajuste y la represión.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

La Justicia realizó una inspección ocular donde el joven fue baleado por la espalda. Lo único que se halló fueron muchísimas vainas servidas de proyectiles 9 milímetros, como los que utilizan los miembros del grupo Albatros de Prefectura.

Ni una sola arma, peo si “muchísimas” vainas servidas de 9 milímetros. Esto es lo que determinó la inspección ocular encabezada por el juez Villanueva en el territorio Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi, Bariloche, donde fue asesinado Rafael Nahuel. El hallazgo contradice la versión que hizo circular el Gobierno sobre un supuesto “enfrentamiento” a tiros entre los mapuches y las fuerzas de seguridad dirigidas por Patricia Bullrich.

El procedimiento tuvo como objetivo recabar pruebas e indicios que determinen el contexto y las responsabilidades del crimen de Nahuel y de las heridas en otros dos miembros de la comunidad mapuche. Se hallaron balas utilizadas en escopetas 12-70, como las que utilizan Albatros y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), las fuerzas que operaron ese día allí.

La inspección duró ocho horas y fue custodiada por un operativo de 70 agentes adentro del predio y otros 200 apostados sobre la ruta 40, según detalló el portal enestosdias.com.ar.

Con el juez estuvieron el padre y un hermano de Nahuel, sus abogados, la diputada nacional Victoria Donda, una abogada de la Prefectura y dos prefectos.

No estuvieron los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que permanecen en la zona de los altos ni hubo contacto con ellos. Pero al finalizar la inspección, varios de ellos se acercaron y le gritaron “asesinos” a los integrantes de las fuerzas de seguridad y al juez que ordenó el operativo represivo.

La abogada de la familia, Natalia Araya, dijo que “en el interior de la comunidad no existen las tranqueras ni había árboles caídos o con orificios de bala”. Es decir, todo lo contrario a lo que había informado la ministra Seguridad, Patricia Bullrich. El lugar del supuesto “enfrentamiento” tampoco coincidía con los dichos de la funcionaria: el sitio donde Rafael Nahuel fue baleado no está a 400 metros de la tranquera de ingreso, sino “a unos mil o 1.500 metros” de la entrada; es decir, que el operativo avanzó más de lo que se había informado.

En tanto, el magistrado analiza medidas de prueba solicitadas por la querella y se prevé que llame a declarar a prefectos aún no imputados. Por estas horas, además, Villanueva deberá definir si accede al cambio de carátula de “NN sobre muerte dudosa” a “homicidio agravado”, solicitado por la querella.

Fuente: Página 12

De esta manera, se cae la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento entre los mapuches y los agentes de la fuerza federal. Ni Rafael Nahuel, asesinado por la espalda, ni los heridos presentaron restos de pólvora, lo que significa que no dispararon armas de fuego, como sostuvo Prefectura y confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Así lo aseguró la investigación preliminar de la Justicia. Rafael Nahuel, un joven de 22 años, fue asesinado por la espalda por agentes de Prefectura. Testigos de la comunidad mapuche aseguraron que "no hubo un enfrentamiento, se trató de una cacería".

"El Ministerio de Seguridad, a través de la Prefectura Naval, bajo las órdenes operativas de la Secretaría de Seguridad de la Nación, lamenta lo sucedido pero considera que, en esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada", había asegurado Bullrich en un comunicado oficial. Además, en conferencia de prensa habló de "armas de grueso calibre" y dijo que "no se puede dudar de la Prefectura".

Ahora, los abogados de Nahuel pedirán que la causa se cambie a "homicidio calificado y abandono de persona". Fuentes del Gobierno no realizaron declaraciones luego de la pericia de la Justicia ni informaron si realizarán sumarios a los agentes involucrados en el asesinato del joven.

El diputado radical apuntó contra la ministra de Seguridad y la Vicepresidenta por sus polémicos dichos. Cuestionó que se dé el beneficio de la duda a las fuerzas de seguridad.

Ricardo Alfonsín salió a cruzar a Patricia Bullrich, quien defendió el accionar de Prefectura y sostuvo que el Estado no debe probar que las fuerzas de seguridad actuaron en legítima defensa en la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado en Villa Mascardi durante un operativo.

"No sé de dónde se puede sacar semejante cosa. Y cualquiera, incluso un particular, debe probar la legítima defensa en la Justicia. Hay que ser ser muy exigentes con el cumplimiento de la ley. No solo los ciudadanos, sobre todo el Estado. Es preferible exagerar en ese sentido y no en el contrario", consideró el legislador.

En este sentido, Alfonsín apuntó también contra la vicepresidenta Michetti y aclaró que "exigir la verdad no puede ser interpretado ni como un ataque a la institución ni a la comunidad".

"El beneficio de la duda, es un principio aplicable en la sentencia. Lo que corresponde ahora es facilitar la investigación, sin prejuzgar", opinó.

Finalmente, el diputado dijo que le "preocupan las manifestaciones racistas" que, a su entender, surgieron a partir de los conflictos territoriales con grupos aborígenes y agregó que el Gobierno "debe condenarlas".

"Hay que tener mucho cuidado de no alentarlas. También los políticos, los medios y todo los que pueden influir en la opinión pública debemos tener mucho cuidado", concluyó.

La Nación + dio a conocer una escucha entre prefectos que participaron del operativo en Bariloche y contradice la versión del Gobierno de los mapuches armados.

"Al pie de la montaña, ahí va a venir la gente de la delegación. El primer escalón, ahí estamos secuestrando mochilas, un motosierra Stihl y una pala. Lo preservamos, por favor…", se escucha en el diálogo entre prefectos del Grupo Albatros.

Ayer, Bullrich y Garavano afirmaron que los mapuches estaban armados, la misma versión que difundió en un comunicado el ministerio de Seguridad y que el Gobierno amplificó con sus medios cercanos.

Escuchá el audio:

La madre de Rafael Nahuel, el joven asesinado por la espalda durante la represión de Prefectura en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, pidió que se determine quiénes fueron los responsables. “Queremos hablar con el policía que lo mató. ¡¿Por qué lo mató?!”, agregó el padre de la víctima.

Antes de dirigirse hasta el Juzgado de Bariloche, los padres de Rafael Nahuel aseguraron que no pararán hasta que los responsables del crimen de su hijo sean juzgados y condenados.

El joven de 22 años fue asesinado de un tiro por la espalda cuando el Grupo Albatros de la Prefectura ingresó el sábado violentamente a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. El informe preliminar de la autopsia confirmó que Nahuel recibió una bala 9 milímetros, compatible con las de Prefectura.

“Sólo quiero justicia para mi hijo. No puedo estar tranquila y no puedo creer que mi hijo se fue de esa manera. Lo único que deseo es que se haga justicia. No voy a bajar los brazos”, sostuvo Graciela Salvo y recordó a su hijo como “una persona muy buena y trabajadora”.

Según la autopsia realizada por la Justicia rionegrina, la bala que terminó con la vida de Nahuel le ingresó por el glúteo izquierdo y dañó órganos, causando una hemorragia interna.

“Queremos hablar con el policía que lo mató. ¡¿Por qué lo mato?!”, afirmó entre lamentos el padre del joven, Alejandro Nahuel, quien aclaró que su hijo nunca tuvo armas de fuego, como tratan de instalar los prefectos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los medios que demonizan a los mapuches.

El hombre dijo que Rafael había ido hasta la comunidad, donde vive su hermana –tía del joven fallecido- para hacer una “changuita”, mientras que Graciela agregó: “El asesino que mató a mi hijo tiene que pagarla”.