El Protocolo contra las manifestaciones y los piquetes que promueve la ministra Bullrich se inscribe totalmente en este ataque. Desde la dictadura de Onganía en adelante se trató de implementar la reglamentación a las protestas populares. De la Rúa directamente instauró el Estado de Sitio y trató de acallar la protesta con una represión que causó 33 muertos. Su gobierno cayó ante una rebelión popular que comenzó el día de la instauración del Estado de Sitio.

El gobierno K armó todo un andamiaje de control y represión de la protesta popular y pretendió reglamentarla por ley, aunque fracasó. La presidenta CFK anunció en su mensaje de apertura de las sesiones del Congreso Nacional en el 2014 su propósito de reglamentar piquetes y movilizaciones. Ya entonces, diputados del PRO y la UCR, hoy funcionarios del gobierno Macri, aplaudieron en forma entusiasta esta parte del discurso, que luego se materializó en el proyecto de ley Pedrini-Conti. Antes había sacado la ley antiterrorista que también está dirigida a penalizar la protesta popular. En los cinco mil casos de procesamiento de dirigentes y luchadores sindicales, ambientalistas, estudiantiles y sociales existente se apela a figuras penales (asociación ilícita, incitación a la violencia, artículo 194 del Código Penal contra los cortes de ruta, etc.) para tratar de ahogar la protesta obrera y popular.

Recientemente, y como consecuencia del paro y movilización nacional convocado por ATE el 24 de febrero contra los despidos en las administraciones públicas, fueron encausados los dirigentes Raquel Blas y Roberto Macho (ATE) y Federico Lorite (SITEA) de la provincia de Mendoza por organizar una gran manifestación sindical de protesta contra los despidos masivos. Fue el debut de la aplicación el Protocolo contra las luchas sociales.

El Protocolo pretende que las manifestaciones o cortes sean avisados y pactados con las autoridades, de lo contrario estarían prohibidos y serían pasibles de ser reprimidos en forma sumaria por las fuerzas policiales, y sus dirigentes y participantes terminar en prisión. La reglamentación de la protesta popular por el gobierno es muy precisa. Habilita la filmación de manifestantes por parte de las fuerzas de seguirdad en lo que es la institucionalización del Proyecto X de espionaje y criminalización de la protesta popular. Incluso se ha cuidado también de regimentar a los medios de prensa: hay un capítulo especial dedicado a los periodistas que ya no tendrán la posibilidad de moverse libremente en el terreno de los acontecimientos, sino que deberán responder a las instrucciones policiales. Se trata de una restricción a la libertad de prensa y de un pasaporte de impunidad al atropello y la represión policial.  Con este Protocolo nunca se habría sabido que el comisario Fanchiotti ejecutó estando detenidos a Kosteki y Santillan en 2002, o constatar la ‘zona liberada’ en la que se desarrolló el crimen de Mariano Ferreyra. Los periodistas habrían sido reprimidos si intentaran captar las imágenes que recorrieron el país y el mundo, y permitieron saber la verdad sobre la provocación policial contra los manifestantes.

Denunciamos que este Protocolo no sólo es impulsado por el gobierno nacional de Macri-Bullrich, sino que ha sido avalado por gobiernos provinciales del PJ y el FPV. Alicia Kirchner pidió la Gendarmería para desalojar a los huelguistas que protestan contra el vaciamiento y el robo de sus salarios por Lazaro Baez.

El objetivo del Protocolo es imponer con represión las medidas de ajuste antinacional y antipopular, dictadas por el pacto con los fondos buitres que el gobierno y el conjunto de las fuerzas de Estado y los grupos económicos y financieros proponen como salida a una nueva bancarrota nacional. Desde Nueva York se está dictando la política nacional y se subordina al propio Congreso. El protocolo antimanifestación es un arma del ajuste.

Por eso, el 24 de marzo vamos a marchar miles para reclamar su anulación.

*Néstor Pitrola, militante del Partido Obrero, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.

El nuevo protocolo de seguridad que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, abrió el debate en todo el espectro político.

La diputada provincial del Frente para la Victoria, Lucía Portos,  que presentó un proyecto de repudio al nuevo reglamento, dialogó con PRIMEREANDO.

En primer lugar, Portos sostuvo que "el protocolo es restrictivo del derecho a las personas a manifestarse, ese derecho ciudadano no puede restringirse con un protocolo, que se animen a discutir un proyecto de ley", aseguró haciendo referencia a la decisión del gobierno nacional de Mauricio Macri.

En el mismo sentido, la legisladora advirtió que la ministra Bullrich en sus declaraciones habló de la necesidad de limpiar las calles en 5 minutos, y que esto hace que no quede claro cuáles son las zonas que están limitadas y las acciones que llevarían a la aplicación del mismo.

"El protocolo no habla con claridad de la identificación de los agentes policiales y tampoco de la posibilidad o no de portar armas, lo que deja libre la posibilidad de acción policial frente a los manifestantes", destacó la diputada provincial.

Por otro parte, la legisladora hizo mención a la necesidad de clarificar el protocolo, pero sobre todo a la necesidad de poner blanco sobre negro sobre cuál es intencionadamente política del gobierno nacional.

"Yo lo que me pregunto es si el gobierno va a implementar el protocolo contra los vecinos que cortan la calle por la falta de luz en los barrios de alto poder adquisitivo, o si está pensando únicamente  para amedrentar a los trabajadores que están luchando por sus puestos de trabajo", agregó Portos y concluyó  "yo sostengo que el gobierno (de Mauricio Macri) eligió a quién reprimir".

Con un escrache a la casa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) hizo público su repudio al flamante protocolo Anti-Piquetes que impulsa "La Piba" para regular la protesta social.

"La gente tiene que saber que constitucionalmente con este protocolo se están violando muchos derechos", señaló Alejandro Bodart, exlegislador porteño y uno de los referentes políticos a nivel nacional del espacio.

"En vez de palos los funcionarios tendrían que pensar en cómo dar una respuesta sin violentar la consitucion", agregó Bodart quien recordó que la protesta es un derecho garantizado por la Constitución Nacional.

"Este protocolo habilita la pena de muerte, es una locura", dijo y añadió: "Lo triste es que la pena de muerte se abale para la gente que está defendiendo un derecho social".

"Nadie sale a la calle porque quiere, es porque no le queda otra", concluyó Bodart y pidió que en lugar de regular la protesta den soluciones para que la gente no tenga la necesidad de salir a la calle a pelear por los derechos vulnerados.

La CTA Provincia de Buenos Aires cuestionó el Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, y buena parte de sus pares provinciales.

“Estas normas limitan la protesta social, violan derechos y garantías de los ciudadanos y pone en peligro la integridad de las personas”, consideró María Reigada, Secretaria de Derechos Humanos de la central gremial.

En tanto, desde la CTA bonaerense se exigió que “las autoridades se atengan a la legislación vigente y a los tratados internacionales que garantizan el derecho a la protesta”.

También se manifestó en este sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que considera que este Protocolo es contrario a "los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta", ya que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ’orden público’ por encima de todo".

"Según la resolución, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad", señala.

Para el CELS, este protocolo "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social". En ese sentido, "no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones". Tampoco obliga al "uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

"Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta", agrega.