Piden a Vidal que declare la emergencia para el sector. Alertan que 5 mil empresas ya cerraron sus puertas por la crisis económica.

Empresarios Pyme nucleados en diferentes entidades realizarán una protesta frente al Ministerio de Producción bonaerense. Será este jueves a las 11hs en la sede de esa cartera, en 51 e/ 10 y 11.

Según indicaron, el objetivo es visibilizar la difícil situación que atraviesa el sector por la caída de las ventas, el impacto de la inflación y el aumento de las tarifas de Servicios Públicos. También reclamarán por el abrupto incremento de las importaciones.

Luego, se dirigirán hasta la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para solicitar a los legisladores que declaren la emergencia Pyme.

La convocatoria la encabezan APYME (Asamblea de pequeños y medianos empresarios); Asociación PYME; CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales); CGERA (Confederación General Empresaria de la República Argentina); Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; y la Asociación Civil Pymes Sur.

Durante el 2016 cerraron más de 5mil PYMES y según datos que arrojó el Ministerio de Economía de la Provincia, cayeron las ventas minoristas 3.5%; cayó la actividad industrial 3.4%; caída en la producción de alimentos y bebidas 3.4%, caída de las industrias de la construcción 10%; caída de la actividad textil y del cuero 3.2%.

La singular movida comenzará frente al ministerio de Economía y llegará hasta Plaza de Mayo, luego de pasar por los bancos Nación y Central. Será el próximo 30 de abril desde las 10 de la mañana. “La bicicleta financiera mata a la industria”, aseguraron en un comunicado desde la asociación “Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino”, que convoca a la actividad.

Al cierre de la bicicleteada, los pequeños empresarios leerán un documento que se espera sea muy crítico con la política económica del gobierno de Mauricio Macri. “Los empresarios PYME estamos en contra la especulación financiera”, es el título del texto que difundirán.

Según se informó oficialmente esta semana, en marzo ingresaron al país 737 millones de dólares para lo que se conoce como “bicicleta financiera”: esto es, recursos que llegan para aprovecharse de las altas tasas de interés del Banco Central. Son apuestas de corto plazo que buscan rentabilidad alta. De ese modo, los capitales golondrinas ganan hasta 25% en dólares.

De acuerdo con datos propuestos por el Banco Central, en marzo de 2017 ingresaron para “inversión directa” 300 millones de dólares, es decir, la mitad de los fondos destinados a la especulación financiera. Mientras tanto, se informó que en lo que va del año el Gobierno de Mauricio Macri tomó deuda por 11 mil millones de dólares. Por ahora, la política económica de Cambiemos sigue privilegiando al sector financiero sobre el productivo.

El dueño de una pyme chaqueña sufrió un infarto fulminante al enterarse que debía pagar casi 50.000 pesos de luz. Falleció con las boletas en la mano. No es el primer deceso que se registra por los desmedidos aumentos realizados por Cambiemos.

Carlos Bueno, propietario de una pequeña fábrica de hielo en Presidente Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, es otra de las víctimas fatales de los tarifazos de Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, hombre de la Shell.

Bueno murió de un infartó al recibir dos boletas de luz que sumaban unos 50 mil pesos. Su esposa, Natalia Mudrik, que lo encontró tirado en una habitación de la fábrica “casi sin vida”, dijo que tenía “las facturas de luz en la mano” y que el “ataque fue fulminante”.

“De pagar 3.000 pesos pasamos a pagar 17 mil, después 19 mil, y él en la mano tenía dos facturas, una mayor a 20 mil y otra superior a 28.000 pesos. Tenemos 26 años en el rubro del hielo y Carlos murió a los 62 años, tenía grandes proyectos para crear fuentes de trabajo en nuestra ciudad. Creo que el gobierno debería darle una mano a las pymes y no tener que llegar a esta situaciones”, expresó ayer la mujer al portal local Periodismo365.

Los últimos tarifazos anunciado por Aranguren este año van del 61% al 148%, pero si se consideran los aumentos desde el inicio de la gestión de Cambiemos el precio del suministro eléctrico registra un crecimiento de hasta un 1050%.

Asimismo, las tarifas del agua y el gas tuvieron lo largo de 2016 un incremento promedio del 500%. En marzo último, Aranguren informó aumentos en el gas del orden del 36 por ciento para los usuarios de menor consumo, aunque con respecto al último invierno el acumulado llega al 400 por ciento. En algunas provincias, las nuevas boletas llegarán con aumentos del 300% al 500%.

Esto es criminal para los sectores de menores recursos. Durante el invierno pasado, sólo en Córdoba, se registraron 20 muertos por hipotermia o intoxicación con monóxido de carbono, cuando de 2010 a 2015 los decesos por las mismas causas habían sido cinco.

Organizaciones de defensa de los consumidores y expertos como los del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura (OETEC) hablan desde el año pasado de “un genocidio energético” y denuncian que las políticas tarifarias del gobierno sólo benefician a las grandes empresas del sector.

A principios de este mes, Macri y Aranguren fueron imputados en una causa en la que se investiga si el aumento de tarifas en el servicio del gas aplicado el año pasado buscó favorecer a empresarios del rubro energético cercanos al Gobierno, entre los cuales figuran Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin.

La investigación está cargo del fiscal federal Franco Picardi a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que el año pasado advirtió sobre negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.

La familia Caputo tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país, con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera. En generación, la firma posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución tiene intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro. A su vez, otra de las beneficiadas fue Pampa Energía, presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, pero bajo la órbita del grupo Tavistock de John Lewis, el magnate británico en cuya casa Macri pasó Semana Santa el año pasado.

A contramano del optimismo que declara el Gobierno, la baja fue de un cinco por ciento para febrero. Ya van 17 meses consecutivos con tendencia negativa, según información de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La industria pyme cumplió en febrero 17 meses consecutivos con tendencia negativa al caer cinco por ciento en febrero con relación al mismo mes del año pasado, indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Mientras los Precios Transparentes y las importaciones afectaron a muchas ramas, hay brotes verdes en las industrias vinculadas con material de transporte y maquinaria y equipo por el impacto del crecimiento en algunos sectores agropecuarios", subrayó el sondeo.

En ese sentido, el informe aclaró que "el resto de las producciones aún presenta caídas muy profundas".

El sondeo estimó, de ese modo, que "la producción de las PyMES industriales cayó 5% en febrero frente a igual mes del año pasado y 5,2% si se la compara con enero pasado".

"El segundo mes del año volvió a ser malo para la mayor parte de los sectores fabriles, especialmente para calzados, textiles, muebles, minerales no metálicos y productos químicos, que finalizaron con bajas profundas", señaló el estudio.

Los números contrastan con el optimismo que dispensan los funcionarios del Gobierno Nacional al hablar de la economía.

El Diputado Provincial Lauro Grande (FPV) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense de pedido de informes al poder Ejecutivo a fin de dar a conocer la situación de la industria radicada en la provincia y cuales son las políticas públicas y acciones implementadas por el Gobierno provincial. Como por ejemplo cuál fue el impacto de la suba en las tarifas de los servicios públicos, qué líneas de crédito están vigentes o cuáles son las políticas para el fomento de las Pymes.

Este pedido surge luego de conocer un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la situación actual de la industria nacional, que concluye: “estamos frente a una verdadera crisis industrial. Sus motivos son varios pero se explican sobre todo en la política recesiva del gobierno, con la intención de reducir el proceso inflacionario. Dicha política generó una caída del poder adquisitivo de la gran mayoría de la población económicamente activa, impactando en lo que había sido un pilar del crecimiento en años anteriores: el mercado interno”

El proyecto está acompañado por los diputados de bloque FpV Lucía Portos, Rocío Giaccone, Juan Agustín Debandi, César Valicenti, José Ignacio Cote Rossi, Miguel Funes, Karina Nazabal, Gabriel Godoy y Marisol Merquel.

Además, presentó una resolución para declarar de interés legislativo el proyecto de ordenanza presentado por el Concejal Hernán Letcher (FPV) en el Concejo Deliberante de San Martín pidiendo que se declare la emergencia industrial en el distrito de San Martín.

El proyecto pide se declarare la emergencia y expresa la profunda preocupación por la situación que atraviesa desde hace más de un año el sector dedicado a la producción industrial PyME, en el Partido de Gral. San Martín. Además, solicita al gobierno nacional un urgente cambio en la política comercial externa con el objetivo de frenar las importaciones que afectan al sector y realizar conjuntamente con empresarios y trabajadores, un análisis profundo sobre cuáles motivos y causas impiden el crecimiento de la industria.

El partido de San Martín posee la concentración industrial PyME más significativa del país. La industria está basada principalmente en un entramado de empresas especialmente de los rubros textiles, metalúrgicas, plásticos, químicos, entre otros.

Letcher alertó que: “San Martín está atravesando una grave crisis, particularmente en las PyMEs, provocada por la fuerte caída del consumo interno, el incremento de los servicios públicos y la apertura de las importaciones. Este combo es brutal para el desarrollo de la industria. Y el Gobierno no muestra ninguna vocación de modificar el rumbo. Al contrario. Este inicio de año ya hubo aumento de servicios, se apuntaló la apertura importadora, como en el caso de la electrónica, y no se prevé un aumento del salario real, base del consumo interno, si el propio Gobierno propone pautas salariales para sus propios empleados que no superan las expectativas de inflación”.

En este último año la actividad más afectada de toda la industria fue la manufacturera, la cual vio retroceder su participación porcentual en 0,93 puntos porcentuales, seguida por la construcción que retrocedió 0,92 puntos porcentuales. Entre ambas actividades representan el 70% de la economía de San Martín. Asimismo, la actividad industrial cayó en 2016 más de 5%, destruyendo 90.000 puestos de trabajo y poniendo en peligro tanto la continuidad de las empresas como la fuente laboral de miles de trabajadores locales.

El diputado Lauro Grande invitó: “¿Este era el cambio que nos proponía Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal? Los invitamos a recorrer San Martín para que vean de primera mano el desastre que provocaron. La situación que atraviesan las Pymes es muy grave, consecuencia de las decisiones económicas del gobierno, como la apertura de las importaciones, los abusivos aumentos tarifarios y la marcada caída consumo interno”

La ordenanza propone elaborar un programa que incluya incentivos locales –reducción de tasas, capacitación, misiones comerciales, normas técnicas, etc.-, provinciales y nacionales para la mejora productiva del sector, la protección del trabajo decente y el aprovechamiento de la actividad industrial PyME de nuestra ciudad, con el objetivo fundamental de incrementar el valor local de la cadena.

Desde Apyme aseguraron que la suba en las tarifas eléctricas, como sucedió el año pasado, impactará directamente sobre los pequeños y medianos empresarios y que “va a afectar la posibilidad de continuidad de algunas empresas”. Las facturas aumentarán en febrero y marzo entre 61 y 148 por ciento.

Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), advirtió hoy que el aumento en las tarifas eléctricas "va a afectar la posibilidad de continuidad" de algunas compañías, y consideró que "las dificultades en el capital del trabajo se han tornado muy difíciles".

"Esto nos afecta doblemente: por un lado va a sacar una gran cantidad de dinero del circuito del mercado interno, que se va a destinar al pago de energía, y por el otro, el costo energético real en muchas de nuestras empresas y comercios", manifestó Fernández luego del aumento que anunció ayer el Gobierno.

También aseguró que este incremento, "sumado al de logística y de los peajes, va a ser transferido, en la medida de las posibilidades que tiene el mercado, al precio de los productos" y consideró que "seguramente van a afectar la posibilidad de continuidad de algunas empresas, sobre todo si se mantiene la idea de la apertura de importaciones para mantener los niveles de precios".

Ayer, el Gobierno anunció que las tarifas eléctricas para los usuarios de Edenor y Edesur aumentarán en febrero y marzo entre 61 y 149 por ciento de acuerdo al consumo.

La Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), en conjunto con PYMESUR y trabajadores, marchará hoy a la Municipalidad de Luján, desde las 19:00, en reclamo por las políticas económicas implementadas por el Gobierno, que provocan un alarmante cierre de industrias.

La marcha que se realizará hoy, convocará en la misma lucha a empresarios y trabajadores frente a la Municipalidad de Luján, donde el 12% del empleo es industrial. Dentro de ese porcentaje el 70% es textil, una de las áreas más afectadas este 2016.

“Estamos cerrando un año muy malo para las pymes y la situación es crítica, todas las políticas económicas del Gobierno nacional han sido apuntadas a destruir el mercado interno y la industria nacional para favorecer a los grupos concentrados. Es por eso que decidimos organizarnos y empezar a salir a la calle para advertirle al Gobierno que no vamos dejar que sigan cerrando pymes”, aseguró el presidente de la CEEN, Francisco Dos Reis.

Y apuntó: “La apertura de las importaciones, sumada a la recesión económica, los tarifazos y los despidos, son un combo explosivo para el mercado interno. Las pymes dependemos de ese mercado y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mantener a los trabajadores y seguir produciendo, pero se necesitan políticas de Estado y un plan industrial que favorezca la industria nacional”.

El también titular de la Asociación Latinoamericana de la Pequeña y la Mediana Empresa (ALAPYME) explicó que la elección de Luján para la movilización de mañana está relacionada con “las alertas que surgieron frente a la crítica situación, con empresas que han cerrado sus puertas, suspensiones de trabajadores y despidos, que afectan a la vida habitual de la zona”. “Esta situación fue planteada el pasado martes en un encuentro pyme en esa localidad del que participaron autoridades de la CEEN”, detalló Dos Reis.

“Muchas veces se plantea un enfrentamiento entre el empresario y los trabajadores, pero en las pymes la situación es distinta, los dueños de las empresas vivimos de cerca la realidad de todos y trabajamos codo a codo con nuestros empleados. Es por eso que mañana vamos a marchar juntos, en contra del estrangulamiento feroz que está haciendo el Gobierno a todos los que producimos en este país”, completó el titular de la CEEN.

La Justicia Federal de Córdoba revocó la medida otorgada por el juez Hugo Vaca Narvaja que beneficiaba a PyMes, comercios en relación al aumento en las tarifas de gas. La cautelar abarcaba a todos las pequeñas empresas del país.

La Sala A de la Cámara de Apelaciones en Córdoba revocó un fallo de primera instancia que había frenado el tarifazo del gas a las pymes en todo el país y que ordenaba al Enargas que "retrotraiga urgentemente" la refacturación al 31 de marzo de este año. Ahora, no sólo deberán abonar el aumento, sino que también la deuda con los valores actuales.

El Tribunal revirtió el fallo del juez Miguel Vaca Narvaja, que había hecho lugar a un amparo que presentó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), con el fin de frenar el incremento del 500% en las facturas de gas para ese sector.

A fines de septiembre, el magistrado dispuso "hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Apyme y, en consecuencia, disponer para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines, la suspensión de las medidas contenidas" en las resoluciones del Ministerio de Energía que disponían el ajuste tarifario. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que el fallo no se ajusta a la decisión de la Corte Suprema que suspendió la suba del gas para usuarios residenciales, pero no así para las pymes.

En consecuencia, el juez estableció que debe darse "continuidad al cuadro tarifario del servicio vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año, es decir, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario". Ahora, las pymes deberán pagar la deuda que acumularon desde esa fecha con la correspondiente refacturación con la nueva tarifa.

"Las prestadoras del servicio de distribución deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago", decía el fallo de Vaca Narvaja.

El juez justificó su decisión al señalar que "siendo que Apyme actúa en resguardo de los derechos de las pequeñas y medianas empresas, al invocar como hecho único el aumento excesivo y desproporcionado de la tarifa de gas, que provocaría una lesión económica a todos y cada uno de ellas, frente al estado de vulnerabilidad al que quedarían sometidas" las compañías.

"En caso contrario, estaríamos impulsando a todas las pequeñas y medianas empresas del país a concurrir a la Justicia de manera individual, lo que llevaría a la saturación de los juzgados federales de la Nación", añadió. En declaraciones televisivas, el magistrado afirmó que su decisión debe "aplicarse a nivel nacional". "El Estado no puede interrumpir la prestación del servicio", añadió.

Las pequeñas y medianas empresas advirtieron hoy que no podrán pagar el bono de fin de año "sin la asistencia del Estado", al tiempo que se quejaron por no haber sido convocadas a la mesa de la negociación que reunió ayer a funcionarios nacionales, sindicalistas y empresarios.

El presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Zylbersztein, dijo a Télam que "la mesa que negoció ayer no tiene representatividad porque las pymes, centralizadas en tres grandes entidades como son la CAME, APYME y CGERA, no fueron convocadas".

Asimismo, advirtió sobre "una trampa donde se traslada el problema a los sectores más castigados por las políticas actuales".

"Si las pymes representan el 80 por ciento de los trabajadores, ningunearnos es un absurdo. Por otra parte, que no aseguren esos 2.000 pesos y después se tenga que negociar en paritarias, es trasladar un problema a una mesa futura, donde no tiene que haberlo ya que la baja del poder adquisitivo de los trabajadores redunda en el salario de los trabajadores, es decir, estamos del mismo lado del problema, entonces, ¿cómo puede ser que podamos resolverlo?", se preguntó.

Además, "tenemos bajas de ventas, suba de tarifas, competencia de China y encima somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de los trabajadores. Por eso, todo es un absurdo y una trampa en la que no tenemos que caer", añadió el empresario.

Zylbersztein propuso además que "como el bono es necesario, el Gobierno podría hacer un esfuerzo y, por ejemplo, proponer que si lo otorgamos, se nos pueda descontar del IVA o del impuesto a las cargas sociales. Tenemos ideas y propuestas las pymes", añadió.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Eduardo Fernández, quien advirtió hoy, en declaraciones a Radio 10, que las firmas más chicas "no podrán pagar un bono de fin de año sin asistencia del Estado" y lamentó que en la negociación por ese ítem se realizó "con la ausencia del sector".

"Sin asistencia del Estado va a hacer imposible afrontarlo (por el bono). Además, ninguna de las entidades de las pequeñas y medianas empresas intervino en la discusión", se quejó.

El Gobierno reunió ayer a empresarios y sindicalistas en la Casa Rosada, donde convocó a las partes a que inicien negociaciones sector por sector sobre el pago de un bono extraordinario de fin de año, cuya base de referencia fue fijada en 2.000 pesos.

El encuentro concluyó con la firma de un documento con tres puntos: institucionalizar la mesa tripartita como espacio de diálogo; el inicio de las negociaciones por el bono de fin de año; y utilizar como eje articulador la agenda de trabajo contemplada en el plan productivo nacional.

La reunión tuvo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la cabeza de la mesa, acompañado por otros funcionarios nacionales; y a una importante representación gremial liderada por el triunvirato que conduce la CGT y a los integrantes del denominado Grupo de los 6, que congrega los principales ejecutivos del país, encabezando la comitiva empresaria.

La Justicia federal de Córdoba dictó la primera medida cautelar de alcance nacional para suspender el aumento de gas en las pymes, comerciantes y profesionales. La sentencia obliga a las empresas distribuidoras a retrotraer el cuadro tarifario con anterioridad al 31 de marzo, pero no será de cumplimiento inmediato.

El juez federal Miguel Vaca Narvaja hizo lugar a un amparo solicitado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Según explicó en radio La Red, se basó en la ausencia de audiencias públicas previas para justificar su resolución.

"Se contempló la situación económica actual y cómo eso incide sobre este núcleo de las pymes, que dan trabajo al 80% de lo que es el empelo privado en la Argentina", detalló.

La medida había sido solicitada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en representación del colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines.

Sin embargo, Vaca Narvaja –titular del Juzgado Federal N° 3 de la provincia de Córdoba– aclaró que su resolución no está firme y que el gobierno nacional tiene 48 horas para presentar la apelación.

El recurso interpuesto por el Gobierno tiene un efecto suspensivo, por lo tanto no habrá cambios en las facturas hasta tanto se expida la Cámara. Y una vez más podría ser la Corte la que defina la cuestión.

Fuentes oficiales pusieron en duda la legitimidad activa de la asociación que promovió el pronunciamiento del juez federal. Sucede que la Corte Suprema estableció parámetros muy precisos sobre quiénes pueden arrogarse la representatividad de un sector para entablar acciones colectivas.

El Gobierno realizó la audiencia obligatoria prevista por ley el 16 de septiembre. Se prevé que en las próximas semanas presentará formalmente el nuevo esquema de precios de acuerdo a las normas vigentes y a las pautas que había establecido la Corte Suprema.

El Enargas informó que "se atendrá a los tiempos judiciales hasta recibir formalmente los contenidos del fallo", pero explicaron que, "como éste es un organismo regulador, las decisiones políticas son tomadas desde el Ministerio de Energía y Minería" de la Nación.