El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario sobre tres fundaciones vinculadas al PRO que son investigadas en el marco de la causa para determinar el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti en noviembre del año pasado. Las esquirlas ya le llegan a otros referentes del macrismo.

La decisión del magistrado abarcó a las fundaciones Pericles, Formar y FundarJusticia y Seguridad, luego de recibir informes sobre todas ellas por parte de la Inspección General de Justicia, confirmaron a Télam fuentes judiciales.

Las tres quedaron bajo investigación luego de abierta la causa penal que investiga el origen de los fondos robados a Michetti, parte de los cuales estaban destinados a una cena de gala de Suma, la fundación presidida por la funcionaria y sobre la cual ya se levantó el secreto bancario.

La pesquisa se orientó hacia otras fundaciones vinculadas al PRO a raíz de una ampliación de la denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.

Ahora, fuentes judiciales consignaron que Lijo libró oficios al Banco Central para que informe sobre las cuentas bancarias de las tres fundaciones y pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

En noviembre del año pasado, Michetti sufrió el robo de 200.000 pesos, 50.000 dólares y otros 45.000 pesos, en un hecho por el que fue procesado y enviado a juicio uno de sus custodios.

A raíz de este hecho se abrió en los tribunales federales de Retiro una causa para investigar el origen del dinero.

Michetti presentó descargos en los que explicó que los 200.000 pesos eran para una cena de Suma, los 50.000 dólares un préstamo de su pareja, Juan Tonelli, para pagar un curso en el exterior a su hijo y el dinero restante para abonar obras de refacción en su casa.

El contador de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó ante la Justicia que aportó 10.000 pesos en efectivo en un sobre a la fundación SUMA sin recibir una constancia por ese monto, a pedido de una hermana de la funcionaria durante una cena de amigos.

"Soy amigo y contador de ella", se presentó el contador Marcelo Eduardo Domínguez ante al juez federal Ariel Lijo al declarar como testigo en la causa que investiga el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta.

Domínguez declaró el 5 de octubre último en los tribunales federales de Retiro en el marco de la convocatoria a declarar como testigos a un listado de aportantes a la fundación SUMA propuesto por la defensa de Michetti.

"Aproximadamente en el mes de noviembre, a principios de ese mes y en una cena de amigos que hizo en su casa, Silvina nos pidió colaboración para la Fundación”, explicó el contador, según la declaración a la que accedió Télam.

Unos días después, Domínguez relató que le llevó a la hermana de la Vicepresidenta un sobre "con la colaboración, la cual era de 10.000 pesos".

Ante la pregunta referida a cómo se registró ese aporte, el contador respondió que "no fue documentado".

"Cuando le llevé el dinero a Silvina, me dijo que, cuando lo rindiera Gabriela a la Fundación, le iba a pedir el recibo correspondiente y me lo iba a alcanzar”, pero en su declaración Domínguez no precisó si esto efectivamente ocurrió.

El testigo explicó que es contador de Michetti "desde hace aproximadamente diez años", e indicó que la ahora Vicepresidenta "tuvo una etapa de monotributista y ahora en relación de dependencia".

"Yo siempre la ayudé con las declaraciones anuales que ella debía presentar ante la AFIP" y en ese marco explicó cómo declaró el préstamo de 50.000 dólares que habría hecho la pareja de la Vicepresidenta, Juan Tonelli Banfi, para pagar un posgrado a su hijo, dinero que también fue robado de su casa.

“No sé si la deuda fue documentada. Cuando ayudé en la confección de la declaración jurada del período 2015 es cuando yo reflejo la deuda, pero fue básicamente en base a lo que me decía Gabriela de la deuda que tenía con Juan. En ese momento, me dijo que tenía una deuda pero que también había sufrido un robo; por eso el mismo importe se refleja como una deuda y como una pérdida en el año 2015”, explicó el contador ante la Justicia.

Además, detalló que el valor de la deuda en la declaración jurada está "en pesos" y "valuada al tipo de cambio al momento en que se endeuda", septiembre de 2015, por lo cual figuraba por 461.050 pesos.

El contador explicó que es dos años mayor que la Vicepresidenta y que se conocen desde la escuela en Laprida.

En tanto otro testigo, Alain Vincent Dujean, declaró también ante Lijo haber donado 15.000 pesos para la cena anual de la Fundación que preside la Vicepresidenta e indicó que no le dieron recibo.

Dujean es director empleado de la empresa Gulf y explicó que también le pidió la colaboración la hermana de la Vicepresidenta durante una cena de amigos.

En su declaración, dijo que entregó 15.000 pesos y que Silvina Michetti le dijo que le entregarían recibo cuando fuera documentado el ingreso del dinero a la Fundación, pero que después no lo recibió

En la causa se investiga el origen del dinero robado el 22 de noviembre pasado a la casa de la Vicepresidenta, 245.000 pesos y 50.000 dólares.

La lista incluye al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, al secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi; y al de Obras Públicas, Daniel Chaín, y a la subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz, dijeron fuentes judiciales.

La declaraciones arrancarán el próximo martes 4 de octubre con la declaración del contador Darío Grandi y durarán a razón de uno por día hasta el 22 de noviembre, concluyendo con la testimonial del embajador en Uruguay y ex juez federal, Guillermo Montenegro.

Dado que varios son funcionarios gubernamentales, el juez autorizó a que presenten su descargo por escrito, sin tener que concurrir personalmente los tribunales federales de Comodoro Py.

Michetti denunció que el robo ocurrió el mismo día del balotaje en que fue electa junto a Mauricio Macri, aunque el hecho se conoció recién hace dos meses.

Según la vicepresidenta se trató de 50 mil dolares prestados por su pareja para pagar estudios en el exterior de su hijo, y de 189.500 pesos producto de donaciones para la cena anual de la fundación que se realizaría días más tarde.

La lista de donantes fue facilitada la semana pasada por la propia Michetti, quien en un escrito ante el juez Lijo dijo que la plata había sido juntada por Pinedo pero que los donantes eran Ibarra, Klemensiewicz, Lombardi, Chaín, Francisco Irarrazabal, Gabriela Ricardes, y Montenegro, entre otros.

Michetti dijo que fueron donaciones "no demasiado significativas" que oscilaron entre los 2.500, 5000, y 10.000 pesos, y que el más importante había sido de 15.000 pesos.

La vicepresidenta declaró que su jefe de despacho, Santiago Riobó, juntó el dinero recaudado por la hermana de Michetti, quien no fue citada aún, por Pinedo y por él mismo Riobó.

La vicepresidenta Gabriela Michetti confió en que la situación de la Fundación SUMA, que encabeza, "se va a aclarar en la Justicia" ya que, según afirmó, "no hay nada raro" y está "todo correcto", aunque la justicia parece no pensar lo mismo.

"Todo se va a aclarar en la Justicia", señaló Michetti en declaraciones periodísticas formuladas al salir de su domicilio este jueves por la mañana.

La vicepresidenta indicó que "no hay nada raro, nada que esté mal, está todo correcto", al tiempo que consideró: "La verdad se sostiene siempre por sí misma".

"Me manejé siempre con la verdad", aclaró Michetti, quien señaló que le parece "correcto que el juez mande todas las instrucciones que tenga que" realizar para que "se aclare a fondo" la situación de la fundación.

Este miércoles, el juez federal Ariel Lijo ordenó un operativo en la sede de la Fundación SUMA, que preside la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y por la cual es investigada por la procedencia de los fondos que le robaron en su domicilio particular en noviembre del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que el procedimiento en la sede de la Fundación fue ordenado para secuestrar los libros contables, a raíz de que, según informó la Inspección General de Justicia (IGJ), nunca fueron presentados ante este organismo.

El robo a la casa de la vicepresidenta (electa hacía instantes) Gabriela Michetti la misma noche del balotaje del 22 de noviembre va teniendo consecuencias cada vez más impensadas. El argumento de que esa plata que guardaba en la casa era para su fundación SUMA le provocó más dolores de cabeza que el robo mismo.

En primer lugar, puso la lupa sobre esa entidad que finalmente demostró no tener sus papeles en regla, no haber presentado balances y no registrar los sueldos que pagaba a su personal. Pero la onda expansiva no se detuvo allí: a raíz de su caso, se comenzó a investigar el funcionamiento de otras fundaciones similares que habitan el ecosistema PRO tales como Fundar Justicia y Seguridad (del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco) o Formar (que dirige el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich). Incluso se avanzó sobre la extinta Creer y Crecer, que capitaneaba el polémico intendente de Lanús, Néstor Grindetti, jaqueado también por la investigación sobre los Panamá Papers.

Resultó que, según los informes de la Inspección General de Justicia (IGJ), ninguna de estas fundaciones había presentado los balances, pese a haber recibido cuantiosas donaciones durante años. Los denunciantes sospechan que son maniobras de lavado de dinero y/o financiamiento ilegal de la política. Hoy se vence el plazo para que la AFIP entregue al juzgado de Ariel Lijo un informe sobre fundaciones que debería mostrar, entre los puntos clave, si en sus declaraciones incluyen las donaciones que reciben y si, como dicta la ley, están bancarizadas.

Este no es el único modo en que el escándalo Michetti salpica a otros dirigentes más allá de la vicepresidenta. También ocurre con aquellos que figuran como autoridades de la propia fundación SUMA: el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo ocupa el puesto de Secretario y la ex legisladora porteña y actual integrante del directorio del Enacom, Silvana Guidici es la Tesorera. En tanto, como vocales figuran el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el actual embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El juez Ariel Lijo recibió los legajos de varias Fundaciones bajo la lupa: SUMA, Fundar seguridad y justicia, Crecer y crecer y Formar, en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que a todas luces se trataría de una situación irregular, según confirmaron fuentes judiciales.

De todas maneras la IGJ informó al juzgado que en las últimas horas el organismo recibió información que aún no ha sido analizada ni verificada.

El magistrado aguarda ahora que la AFIP le envíe las declaraciones juradas de Michetti correspondientes a los períodos 2014 y 2015 para analizarlas junto a los datos que surgen de la enviada por la Oficina Anticorrupción. Además en los próximos días, el juzgado pediría las DDJJ de la pareja de la vicepresidenta.

Esto es porque Michetti dijo que parte del dinero que le fue sustraído era de un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.

En el expediente se apunta a las fundaciones Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco, que tienen en común no haber presentado balances en los últimos años.

La otra fundación bajo la lupa es SUMA, cuyo directorio lo conforman, además de Michetti, varias cabezas del PRO como el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros, según explicaron los denunciantes del caso.

A la denuncia presentada por Leonardo Martínez Herrero, se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, quienes aseguran que la fundación "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia", que "recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida", y que no hubo controles estatales. Todos estos datos están siendo chequeados por la justicia.

En la causa, el fiscal Guillermo Marijuán pidió establecer si el dinero robado en la casa de Michetti estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella misma explicó.

Además, Michetti afirmó que 45 mil pesos estaban destinados al pago de una refacción de su vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Tonelli Banfi.