A 120 llegan los despidos en la Universidad de La Matanza
Luego de una asamblea de docentes de esa casa de altos estudios se informó que 45 docentes fueron expulsados por haber participado de una huelga contra las cesantías. Además, 75 alumnos que se encontraban empleados en un call center de esa Universidad corrieron con la misma suerte que sus profesores.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), docentes y estudiantes denuncian más de cien despidos en distintas áreas de esa casa de estudios.
En enero último la UNLAM expulsó a 21 docentes (14 de los cuales formaban parte de la comisión directiva del sindicato); y durante este mes volvió a hacer lo mismo con otros 45 profesores, muchos de los cuales habían denunciado, justamente, los despidos de principios de año.
Entre los estudiantes, los damnificados fueron 75 que se desempeñaban en un call center dependiente de la UNLAM –atiende reclamos del Ministerio de Energía– y que tenían contrato hasta el 31 de agosto.
Las autoridades de la universidad –encabezadas desde 1997 por el rector Daniel Martínez– sostienen que los 75 estudiantes “empezaron a ser dados de baja en un proceso paulatino, porque las tareas se han reducido” por decisión Ministerio de Energía, y prometen que 66 volverán a sus puestos. Sobre los docentes cesanteados esgrimen que estos habían “abandonado sus funciones”.
El 30 de diciembre del 2016, vía mail y sin argumentos, la universidad despidió a 21 docentes de la carrera de Medicina, que nunca fueron reincorporados. Los docentes esgrimían que el trasfondo era político, ya que catorce eran parte activa del sindicato Sidunlam (Conadu).
En repudio por esos despidos, 64 docentes realizaron paros o no asistieron a las reuniones convocadas por los coordinadores de asignaturas. “Todos esos docentes, hasta la fecha, no pudieron volver a entrar al aula. Rápidamente las autoridades consiguieron reemplazos con gente que no tenía nada que ver con las materias y, mediante el personal de seguridad de la universidad, se aseguraron que no pudieran dar clases”, dijo a Página 12 Gabriela Lacarta, una de las despedidas, quien formaba parte de la comisión interna del gremio y dirigía la asignatura Salud mental.
Lacarta aclaró que los docentes reclamaron que se les dieran otras tareas, pero las autoridades –dijo– no respondieron y nunca les informaron formalmente que no podían dar más clases. Si bien durante los meses que pasaron sin dar clases –contra su voluntad– siguieron percibiendo sus salarios, en mayo empezaron a llegar los telegramas de despido.
“En acción plena de sus facultades y amparado en el Estatuto Universitario, el Departamento de Ciencias de la Salud (DCS) se vio obligado a no renovar las designaciones de una nómina de docentes por haber hecho abandono de sus funciones”, argumentó Fabiana Lartigue, vicedecana del DCS, y dijo que en el primer cuatrimestre de 2017 “los docentes no se presentaron a mesas de exámenes finales y/o tampoco lo hicieron a las asignaturas del curso de verano, ni a los llamados de exámenes finales correspondientes; tampoco a las reuniones de planificación”.
