La coordinadora del programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, Lidia Tundidor, señaló que los datos por consultas en el sistema de salud relevados, "como el informe sobre atenciones y las guías de procedimientos" elaborados para una mejor atención de las víctimas en los centros de salud, "son claves para contribuir a la construcción de políticas de Estado que protejan los derechos de las mujeres”.

En los últimos tres años, detalló, capacitaron a 16.000 personas entre miembros de los equipos de salud, promotores sanitarios y organizaciones de la comunidad ,para que sepan prevenir, detectar e intervenir en casos de violencia sexual y familiar.

“Se formaron no sólo para que conozcan cuál es el protocolo a seguir en frente a casos de violencia, sino también para darles un abordaje integral e intersectorial en la prevención y atención de las familias y mujeres víctimas de violencia”, señaló Tundidor.

A través del programa guías sobre la problemática de las violencias basadas en género, como la destinada a los equipos de salud para el abordaje integral de la agresión sexual a niños y adolescentes; otra para residentes y un material dirigido a trabajar con la comunidad, las organizaciones sociales y barriales fortaleciendo especialmente el trabajo en red.

La provincia instrumentó además una red de hospitales en las doce regiones sanitarias para actuar al momento del rescate y acompañamiento de las víctimas.

Desde enero de 2010 hasta junio de 2015, el programa provincial registró 3.867 consultas por violencia familiar y de género.

Del total de registros, el 87 por ciento de las planillas fueron emitidas por hospitales públicos (44%) y centros de atención primaria (43%); mientras que las restantes fueron enviadas por secretarías o direcciones de Salud y ONGs.

Según el relevamiento del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, casi un 55 por ciento de los registros corresponden a atenciones de mujeres entre 20 y 39 años.

La mayor parte de estas mujeres sufren agresión física y psicológica, muchas veces en forma simultánea a las formas sexuales y económicas de la violencia, indica el informe.

Las comisarías, fiscalías, Juzgados de Familia y de Paz son los organismos autorizados, en la provincia de Buenos Aires, para actuar ante denuncias por violencia familiar, y son las que ejecutarán las nuevas medidas adoptadas para la protección de las víctimas.

Así quedó establecido por un decreto de la semana pasada que estipuló algunas modificaciones a la reglamentación de la ley 14.509 de Violencia Familiar.

La norma especifica que cualquier dependencia policial debe recibir denuncias por situaciones de maltrato familiar, aunque recomienda que "preferentemente" se realicen en las Comisarías de la Mujer, que "cuentan con equipos técnicos especializados" para atender estos casos.

El decreto estipula además que los jueces "tomarán a su cargo" las denuncias, estarán "obligados a actuar y a dar una respuesta al momento de establecer contacto" con la causa, "deben realizar" el seguimiento pertinente y "controlar la eficacia" de las medidas tomadas.

Además, garantizó a la mujer en situación de violencia de género "la gratuidad" de las actuaciones judiciales y de la asistencia jurídica.

La reforma incorporó la figura del acompañante, que define como "una ayuda protectora" en caso que la mujer lo solicite.

También estableció la exclusión del hogar del agresor, "independientemente de la titularidad del domicilio" y que se le prohíba la tenencia de armas.

Las denuncias "formarán parte" del Registro Único de Casos (RUC), con el que los diferentes organismos del Ejecutivo "contribuirán aportando datos y darán a conocer el estado de situación de la problemática de violencia en la provincia para la elaboración de políticas públicas", explicó el Consejo en un comunicado.