La medida se implementará sin pasar por el Congreso, siguiendo el modelo de privatizaciones impulsado por Mauricio Macri.
El gobierno de Javier Milei acelera su plan de desguace del Estado, lanzando una ofensiva para vender más de 200 terrenos y edificios públicos estratégicos, muchos de ellos vitales para el funcionamiento estatal, con el fin de destinarlos a la especulación inmobiliaria de grandes grupos económicos. En un paso decisivo, este martes se creó la Unidad de Grandes Proyectos Urbanos dentro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), formalizada en la Resolución 107/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Este nuevo organismo, que tendrá carácter temporario, está diseñado para allanar el camino a una ola de privatizaciones, despojando al Estado de activos cruciales. La Unidad de Grandes Proyectos Urbanos se encargará de coordinar y facilitar la ejecución de grandes negocios inmobiliarios, bajo la fachada de la planificación y desarrollo de proyectos estratégicos. Su función, en esencia, es desmantelar y vender el patrimonio estatal sin la necesidad de debate ni control parlamentario.
Entre las primeras misiones de esta unidad figura la urbanización del Barrio Padre Mugica en Retiro y la implementación de un Máster Plan para el “Ex Mercado de Hacienda” en Mataderos, proyectos que buscan atraer financiamiento privado y transformar estos terrenos en áreas de alta rentabilidad inmobiliaria. Estas iniciativas no solo implican la pérdida de patrimonio público, sino también un claro avance de los intereses privados sobre espacios que deberían estar al servicio de la comunidad.
El decreto establece que la Unidad de Grandes Proyectos Urbanos tendrá una vigencia de dos años, plazo durante el cual se espera que se concreten la mayor cantidad posible de ventas y desarrollos, consolidando el desguace del Estado como política de gobierno.
La administración Milei no oculta su objetivo: recaudar mil millones de dólares mediante la liquidación de terrenos públicos altamente codiciados por el mercado inmobiliario. En la mira están incluso propiedades clave como el Campo Hípico militar y el Regimiento de Patricios, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, que según un informe de Página/12, enfrentarán remates forzados sin pasar por el Congreso, siguiendo el mismo esquema utilizado por Mauricio Macri para despojar al Estado de activos estratégicos.
El malestar es creciente dentro del Ejército, ante la perspectiva de perder terrenos estratégicos en un remate que se llevará a cabo mediante decretos y un mega DNU, otorgando a Milei la capacidad de ejecutar estas ventas sin ningún tipo de control legislativo.
Para llevar adelante este plan, Milei ha designado a Nicolas Pakgojz, un exfuncionario de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, al frente de la AABE. Pakgojz, conocido en el sector inmobiliario como un operador cercano al empresario Eduardo Elsztain, recibió plenas facultades a través del DNU 636/2024, permitiéndole disponer y vender inmuebles del dominio privado del Estado Nacional de manera expedita.
En su ofensiva para desmantelar el Estado, la AABE ha exigido a todos los ministerios y dependencias estatales un inventario detallado de sus inmuebles, incluyendo aquellos en posesión de las Fuerzas Armadas, que administran algunas de las propiedades más valiosas del país. Aunque no existe un inventario público actualizado, se estima que el Ejército cuenta con más de 1.500 inmuebles, la Armada con unos 3.500, y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3.000.
Este remate masivo no solo afecta a las Fuerzas Armadas, sino que también pone en riesgo terrenos ferroviarios, propiedades de universidades nacionales, instalaciones de organismos como el INTI e incluso el predio de Tecnópolis, todos en la mira de los desarrolladores inmobiliarios que se preparan para capitalizar el desmantelamiento de un Estado cada vez más debilitado.