Los principales referentes del sector de la construcción advierten que los recursos asignados “no alcanzan ni para mantener las obras existentes”.
El presupuesto destinado a la obra pública para 2025 está causando preocupación entre los principales referentes del sector de la construcción, quienes advierten que los recursos asignados “no alcanzan ni para mantener las obras existentes”. Esta alarmante falta de inversión refleja una política deliberada de desmantelamiento de una de las principales palancas de desarrollo económico y social del país.
Es especialmente grave que en un contexto de crisis económica y deterioro laboral, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, continúe relegando la obra pública, lo que no solo compromete la infraestructura, sino también el empleo. Los números hablan por sí solos: 120.000 personas ya han perdido sus trabajos en el sector, y con el presupuesto proyectado para 2025, esta cifra podría aumentar.
El recorte es dramático, según fuentes del sector, el gasto en capital se reducirá del 1,6% al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto significa que la inversión pública, clave para el desarrollo y el empleo, se está sacrificando en nombre del ajuste fiscal. Aunque se menciona como una medida para “arreglar la macroeconomía”, la realidad es que, una vez más, se pone el superávit fiscal por encima de las necesidades sociales y del desarrollo a largo plazo. ¿Cómo se puede “arreglar” la macroeconomía sin inversión en infraestructura y sin un plan para reactivar el empleo?
Además, los convenios firmados entre la Nación y las provincias para el traspaso de obras públicas parecen estar en riesgo, ya que los presupuestos asignados no coinciden con los compromisos pactados. En otras palabras, las promesas se están incumpliendo, y los gobiernos provinciales y locales son los que cargarán con las consecuencias de esta desfinanciación.
A pesar de que el Gobierno proyecta un leve aumento en la inversión real para 2025, los datos muestran una caída interanual real del 46,4% en la inversión directa de la Nación para 2024. Y las proyecciones para 2025 son igualmente desalentadoras, con una nueva caída del 6,8%. Estos números reflejan una clara tendencia de la actual administración: reducir las asignaciones para la obra pública en favor de un ajuste presupuestario insostenible a largo plazo.
Los expertos coinciden en que el impacto en el mercado laboral será severo. Mientras que algunos indicadores de actividad económica, como el ISAC, mostraron un tímido repunte en julio, la tendencia anual sigue siendo de caída, con una contracción del 20,4%. En lugar de aprovechar este leve respiro para impulsar el sector, el Gobierno incomprensiblemente opta por una política de ajuste que amenaza con agravar la recesión en la industria.
En resumen, la obra pública, que debería ser un motor para la reactivación económica en un contexto de recesión como el actual, está siendo utilizada como moneda de cambio para lograr objetivos fiscales de corto plazo pero insostenibles en el largo plazo. Esto no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que también compromete el futuro del país en términos de infraestructura, desarrollo regional y bienestar social.