La Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que esta medida no sólo es equivocada sino también hipócrita, y que responde a una lógica electoralista que prioriza los discursos fáciles y punitivos por encima de soluciones estructurales y humanas.
“Más oportunidades que penas”, es el mensaje central del documento difundido, donde se rechaza de plano la idea de resolver el complejo problema de la inseguridad juvenil con más cárceles. Desde los sectores religiosos que trabajan en las villas y barrios populares, con décadas de compromiso social en la línea de Carlos Mugica, señalan que los adolescentes no son los principales responsables de la criminalidad: “La droga no la fabrican los chicos de 13 a 15 años, ni la introducen en los barrios, ni se benefician con su venta”, advierten. Por el contrario, son víctimas de redes de adultos, muchas veces articuladas con sectores del poder, la justicia y las fuerzas de seguridad.
El texto denuncia con claridad el oportunismo político: “El poder político, en lugar de ofrecer una solución estructural sostenida, reacciona con parches que desgarran y perforan aún más el tejido social”. Así, desde la Pastoral Social, acusan al oficialismo de recurrir a discursos demagógicos, buscando rédito electoral a través de medidas que sólo profundizan la exclusión social.
En el documento, se pide un debate serio, a largo plazo, que incorpore las voces de especialistas y abandone las salidas simplistas. “La pena no mejora al sujeto; por el contrario, lo estigmatiza y lo margina aún más”, sostienen. Las estadísticas oficiales respaldan esta posición: en 2023, los menores de entre 0 y 15 años representaron solo un 4,74 % de los inculpados por robo de automotores y apenas un 0,64 % de los acusados de homicidio doloso.
Además, la Pastoral advierte que, en el caso de que se apruebe esta baja, no existen dispositivos adecuados en las provincias para alojar ni contener a los menores. Las cárceles actuales, sostienen, son espacios donde reina la violencia institucional y la posibilidad de reinserción es prácticamente nula.
La Comisión llama a todos los sectores —Estado, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, clubes y ciudadanía— a comprometerse con una verdadera “cultura del cuidado” que garantice educación, salud, trabajo y espacios de contención para jóvenes y adolescentes. La respuesta no es más castigo, es más comunidad, más justicia social y más dignidad.
“La baja de imputabilidad no tiene efectos disuasorios. No queremos más cárceles para jóvenes, queremos más escuelas, más clubes, más docentes con salarios dignos”. “Esto es determinante porque, como nos recuerda el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”, concluye el comunicado.