El modelo de mano dura de Daniel Noboa no resuelve las causas de la crisis ecuatoriana. Con una reelección en juego, el mandatario y candidato se alinea con figuras como el presidente estadounidense, mientras la injerencia externa se potencia.
Ecuador vive horas decisivas. Enfrentado a una espiral de violencia sin precedentes, un aparato estatal debilitado y una creciente desigualdad social, el país se encamina hacia el balotaje del domingo 13 de abril, donde se enfrentarán el presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Pero la elección no es solo un asunto interno: por la ubicación estratégica del país y su valor militar y económico, también está en juego el tablero geopolítico regional.
Desde que asumió el poder, Daniel Noboa ha optado por una estrategia de mano dura para enfrentar la violencia y el crimen organizado. Ha declarado “conflicto armado interno”, desplegado a los militares en las calles y mantenido estados de excepción recurrentes. Pero mientras fortalece el brazo represivo del Estado, la pobreza, el desempleo y la precariedad siguen sin respuestas estructurales.
La represión, sin políticas sociales y económicas profundas, no alcanza. La historia latinoamericana enseña que la seguridad no se impone: se construye desde la inclusión, el trabajo, la educación y el bienestar. En Ecuador, la militarización avanza, mientras el Estado retrocede y se debilita.
En paralelo, el presidente Noboa, empresario educado en EE.UU. y heredero de una de las mayores fortunas del país, ha privilegiado su imagen internacional. Su reciente encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago fue un gesto que buscó reforzar su legitimidad entre sectores conservadores, aunque resultó más simbólico que efectivo. Para muchos, fue una forma de alinearse con el nuevo eje de poder republicano en Washington, que ve en Ecuador un enclave clave para sus intereses.
Está elección presidencial es la primera en América del Sur desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Para el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio —conocido por su rol en operaciones encubiertas en la región—, Ecuador es la primera prueba de fuego de su “cruzada antizquierdista”. No se trata solo de impedir el retorno del correísmo al poder, sino de asegurar que la infraestructura militar de EE.UU. en Ecuador —como la presencia en Galápagos o la eventual reapertura de la base de Manta— no se vea amenazada.
En ese marco, la posibilidad de un fraude no puede ser descartada. Noboa llega debilitado al balotaje tras un empate técnico en la primera vuelta. Su rival, González, ha sumado el respaldo del movimiento indígena y campesino liderado por Leónidas Iza, que obtuvo el 5% de los votos. El bloque de poder que respalda a Noboa —que incluye al sionismo israelí, sectores del poder económico y la embajada estadounidense— ve en González un riesgo para sus intereses.
Los antecedentes no son alentadores. En 2021, cuando el candidato del correísmo Andrés Arauz ganó la primera vuelta, el entonces gobierno colombiano, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la inteligencia estadounidense montaron una operación para vincularlo falsamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), valiéndose de archivos presuntamente encontrados en una computadora de un comandante insurgente abatido. Cinco días después de la elección, el fiscal colombiano llegó a Quito para entregar la supuesta “prueba” a su par ecuatoriana. El escándalo, amplificado por los medios, afectó la candidatura de Arauz y facilitó el triunfo del banquero Guillermo Lasso.
Hoy, los mismos actores parecen estar en juego. La militarización de las Islas Galápagos, la cesión de soberanía territorial para operaciones del Comando Sur, y el alineamiento con Trump, son parte de una estrategia que apunta a blindar a Ecuador como puesto avanzado de la proyección militar estadounidense en el Pacífico, en plena disputa con China y su nuevo megapuerto en Chancay, Perú.
Mientras tanto, Noboa insiste en mostrarse como un líder fuerte, pero su política de seguridad se tambalea por la falta de legitimidad social y por su desconexión con las realidades del pueblo ecuatoriano. La represión no puede ocultar el vacío político ni la ausencia de un proyecto de país. Su prioridad no parece ser la solución de los problemas estructurales, sino la preservación del poder a cualquier costo.
En este escenario, el balotaje del 13 de abril será mucho más que una elección presidencial: será una disputa entre soberanía y dependencia, entre democracia y manipulación, entre justicia social y dominación imperial.
