El dato surge del relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, a través de la Encuesta Nacional Inquilina.
Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación —con un IPC de marzo que se ubicó en 3,7%—, la realidad que enfrentan millones de inquilinos en todo el país pinta un cuadro muy diferente. Según datos de la Encuesta Nacional Inquilina, realizada por Inquilinos Agrupados, el 30% de los inquilinos tuvo que abandonar su vivienda en marzo por no poder afrontar los aumentos en los alquileres.
Este fenómeno, que la organización describe como “desalojo económico”, ha ido en aumento: en diciembre de 2024, el porcentaje de inquilinos forzados a dejar su hogar por razones económicas era del 25%. Lejos de mejorar, la crisis habitacional se profundiza.
El escenario se agrava aún más cuando se observa el contexto laboral y financiero. El 9,2% de los inquilinos está desempleado, el 35,3% busca más trabajo, y el 67% manifiesta preocupación por la reducción de horas laborales. Además, el 65% se encuentra endeudado y el 48% presenta atrasos en pagos esenciales: el 51% en tarjetas de crédito, el 38% en alimentos y el 30% en alquiler.
Mientras tanto, los alquileres continúan por encima del promedio de inflación: en marzo aumentaron 5,3% en el Gran Buenos Aires, 10,2% en la Patagonia, 9,4% en el noroeste, y entre 4% y 8% en otras regiones del país. En contraste, el INDEC informó que en los últimos doce meses la categoría “vivienda y servicios básicos” registró un alza del 149%, muy por encima del promedio general de inflación anual, que fue del 55,9%.
Así, el supuesto alivio en los indicadores económicos oficiales contrasta con una realidad concreta e ineludible: para miles de inquilinos, la estabilidad no se traduce en bienestar, sino en desalojo, deuda y precariedad creciente.