En un hecho que generó profunda indignación y bronca, se conoció que la ministra Bullrich intervino directamente en la entrega de 160 viviendas del plan Procrear ubicadas en Avellaneda, pese a que estas ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias y vecinos de la zona.
En un hecho que desató un fuerte repudio social y político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este martes un nuevo escándalo al encabezar la entrega de 160 viviendas del plan Procrear a las fuerzas federales, pese a que esas propiedades ya habían sido sorteadas y adjudicadas legalmente a familias trabajadoras del partido bonaerense de Avellaneda.
La entrega, realizada en el complejo habitacional conocido como edificio Sagol, se llevó adelante con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de un acto oficial que expuso una decisión altamente cuestionada tanto desde el punto de vista ético como legal.
Los departamentos, ubicados a pocas cuadras del centro de Avellaneda, forman parte de un desarrollo urbanístico iniciado en 2021 como parte del plan Procrear II, que fue desmantelado oficialmente este lunes mediante la Resolución 764/2025, firmada por Caputo. A través de esta maniobra administrativa, el Gobierno nacional logró disolver el fideicomiso que sustentaba el programa y disponer de las viviendas ya adjudicadas como si se tratara de un bien ocioso.
Horas antes del acto, los edificios amanecieron con pintadas anónimas que expresaban el rechazo popular: “Bullrich usurpadora” y “Roban casas como en la dictadura” fueron algunas de las frases que reflejan el malestar vecinal. Las familias adjudicatarias, muchas de las cuales habían sido notificadas formalmente y esperaban desde hace meses la entrega de las llaves, fueron desplazadas sin ninguna explicación oficial.
Según fuentes del municipio de Avellaneda, la decisión fue unilateral y arbitraria, sin consulta ni coordinación con autoridades locales ni con las familias afectadas. “Se vulneró el derecho constitucional a la vivienda y se desmanteló un programa que garantizaba el acceso justo y transparente a un techo digno”, denunció Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda. “Esto es un atropello. Las casas son de los vecinos y vecinas que las ganaron por sorteo”, agregó.
El acto fue justificado por el Gobierno como parte de una “respuesta estructural” a las necesidades habitacionales del personal de las fuerzas federales. En un comunicado, la Policía Federal Argentina aseguró que las propiedades serán ahora administradas directamente por las fuerzas, con el objetivo de “garantizar su cuidado y mantenimiento”.
Sin embargo, desde diversos sectores advierten que se está utilizando el aparato del Estado para militarizar una política pública pensada para familias trabajadoras, despojando a ciudadanos comunes del fruto de años de espera y esfuerzo.
Desmantelamiento del Procrear
El escándalo se inscribe en una política sistemática de desmantelamiento de los programas de vivienda implementada por el Gobierno desde fines de 2023. A través de distintos decretos y resoluciones —entre ellos el Decreto 1018/2024 (eliminación del Procrear original), el Decreto 6/2025 (supresión del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social), y el Decreto 312/2025 (disolución del Fondo de Integración Socio Urbana)— se fueron desarticulando los pilares del sistema de acceso habitacional subsidiado.
El impacto del Procrear en números
Lanzado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Procrear fue una de las políticas más importantes en materia de acceso a la vivienda. A través de créditos accesibles y desarrollos urbanísticos, el programa permitió que decenas de miles de familias accedieran a su primer hogar.
Solo entre 2021 y 2023, bajo el programa Procrear II, se liquidaron más de 65 mil créditos para construcción, y se levantaron más de 4 millones de metros cuadrados de viviendas, generando también empleo en el sector de la construcción.
Los perfiles de beneficiarios revelan una clara orientación social:
- El 85% eran menores de 45 años
- El 52% tenía hijos a cargo
- El 57% de los hogares estaba encabezado por mujeres
- Y el 85% contaba con trabajo formal en relación de dependencia
Hoy, muchas de esas familias ven frustrado su sueño por una decisión política que prioriza a las fuerzas de seguridad por sobre el derecho social a la vivienda, en un acto que ya ha sido comparado con los métodos autoritarios de los años más oscuros de la historia argentina.
Reacciones y posibles medidas judiciales
Desde el municipio, se evalúa iniciar acciones judiciales para frenar la entrega y restituir los derechos de los adjudicatarios originales. Diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ya manifestaron su rechazo y convocan a movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda.
Mientras tanto, Patricia Bullrich suma otro episodio a su extensa lista de controversias. Esta vez, con consecuencias directas sobre la vida de cientos de familias que ven cómo el Estado les da la espalda y vulnera derechos adquiridos en nombre de una supuesta “reorganización” que encubre el desmantelamiento de las políticas sociales.