El asunto tomo una magnitud tal que ahora el Congreso activará una comisión para tratar salarios y atención médica.
Más de 2.200 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad federales presentaron su baja voluntaria en la primera mitad del año, marcando un récord de deserciones respecto a períodos anteriores. La situación, que refleja un creciente malestar por los bajos salarios y la crisis en la atención médica, obligó al Congreso Nacional a intervenir.
Tras la publicación del informe por parte del portal Misiones Online, desde el Senado confirmaron la creación de una subcomisión específica para investigar el deterioro salarial y las fallas en la cobertura de salud que afectan tanto a personal activo como retirado.
El senador misionero Enrique Martín Goerling, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior, reconoció la gravedad del problema. “Los reclamos son reales”, afirmó, y adelantó que ya se trabaja en una línea directa para atender estas demandas que atraviesan a las fuerzas armadas y a las de seguridad federales.
Las cifras alarmantes se atribuyen principalmente a sueldos bajos y a la crítica situación de la obra social IOSFA, que brinda cobertura a más de 600.000 personas entre militares, gendarmes, prefectos y sus familias. Las quejas abarcan desde demoras en atención médica hasta cortes de servicios y cobros excesivos, especialmente en provincias del interior donde las opciones son limitadas. A ello se suma el malestar por los altos descuentos mensuales destinados a la obra social, que van desde 100 mil a más de 300 mil pesos, sin una contraprestación adecuada.
Goerling, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, confirmó que IOSFA se encuentra bajo auditoría interna, pero remarcó que los problemas se arrastran desde gestiones anteriores y que la situación es mucho más crítica fuera de Buenos Aires.
El legislador adelantó que la subcomisión no solo investigará la situación sanitaria, sino también las condiciones salariales y laborales de los efectivos. Aunque aclaró que la política salarial es potestad del Poder Ejecutivo, el Congreso se compromete a ejercer un rol activo de fiscalización, recepcionando reclamos y peticionando ante las autoridades correspondientes.
En paralelo, se analiza la creación de un observatorio para monitorear las situaciones de las policías provinciales, dada la creciente cantidad de denuncias por abusos o conflictos internos.
Finalmente, Goerling señaló que la Bicameral ya está estudiando las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Seguridad vía decreto, modificaciones que también impactan en las condiciones laborales y alimentan el descontento entre el personal. “Estamos ante una situación delicada que requiere atención urgente para evitar un colapso aún mayor en el sistema”, advirtió.