El negocio de la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) volvió a poner la lupa sobre el entramado empresarial detrás de la logística electoral. Según pudo saberse, Artes Gráficas del Litoral (AGL), perteneciente al Grupo Clarín, fue la principal beneficiaria del proceso de impresión en la provincia de Buenos Aires: se quedó con el 60% del total, mientras que el 40% restante quedó en manos de Boldt, a través de una UTE con IPESA.
La contratación, que se realizó en el marco de la urgencia por reemplazar boletas dañadas o faltantes, implicó una inversión millonaria y concentró buena parte del negocio en empresas con historial de vínculos con el poder político y mediático. AGL, una de las principales imprentas del país, ya había participado en procesos electorales anteriores, al igual que Boldt, tradicional proveedora del Estado en materia de sistemas de juego y servicios gráficos.
A nivel nacional, otras tres compañías también fueron parte de la impresión de las BUP para distintos distritos: Su Papel, Kollor Press y DP Argentina, aunque con volúmenes mucho menores. En conjunto, el reparto revela una fuerte concentración del negocio electoral en pocas manos, especialmente en firmas con capacidad técnica y política para responder a los tiempos del calendario electoral.
La discusión sobre la transparencia y los costos del proceso se reavivó luego de que trascendiera la necesidad de reimprimir boletas en varias provincias por errores y deterioros. En ese contexto, la participación de una empresa del Grupo Clarín en el centro del negocio reabre el debate sobre los vínculos entre el poder económico, los medios y el sistema electoral argentino.