El presidente de Brasil ordenó intervenir en la investigación ante la pasividad del gobernador Cláudio Castro, acusado de encubrir ejecuciones y abuso policial.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso el envío urgente de peritos federales a Río de Janeiro para investigar la masacre policial más letal en la historia del país, que dejó 121 muertos en los complejos de favelas Alemão y Penha. La decisión del Ejecutivo nacional llega tras el silencio del gobernador Cláudio Castro, cuestionado por organismos de derechos humanos por presunto encubrimiento y falta de control sobre sus fuerzas de seguridad.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó que un equipo de especialistas en necropsias, balística y ADN ya fue desplazado desde Brasilia. “El gobierno federal no permitirá impunidad ni manipulación de pruebas”, afirmó el funcionario tras una reunión de emergencia encabezada por Lula.
La intervención federal responde a las crecientes sospechas de ejecuciones sumarias y al intento del gobierno estadual de presentar la operación como un “éxito contra el crimen”. Testimonios recogidos por medios locales y organizaciones civiles aseguran que la mayoría de las víctimas no pertenecían al Comando Rojo, sino que fueron asesinadas dentro de sus viviendas.
Desde el Palacio del Planalto se confirmó además la creación de un gabinete especial que coordinará las acciones entre la Policía Federal, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos. “La seguridad pública no puede ser sinónimo de exterminio”, señaló una fuente oficial, en alusión directa a la política represiva de Castro.
Mientras el gobierno de Río intenta justificar el operativo, el país asiste con conmoción a las imágenes de cuerpos apilados y viviendas perforadas por disparos de fusil. Amnistía Internacional, Río de Paz y otras entidades reclamaron una investigación internacional por violaciones graves a los derechos humanos.
El contraste entre la inacción del gobernador y la respuesta inmediata del gobierno federal marca un punto de inflexión en la relación entre Brasilia y Río. En los últimos años, el estado gobernado por Castro se consolidó como el de mayor letalidad policial del país, con más de 1.300 muertes anuales a manos de las fuerzas de seguridad.
“La policía no existe para matar ni para morir”, recordaron los organizadores del acto en Copacabana que rindió homenaje tanto a los cuatro agentes fallecidos como a las víctimas civiles. En las arenas de la playa, las cruces blancas y los carteles con mensajes de paz contrastaron con el silencio del Palacio Guanabara.