La CGT realizó una reunión ampliada en la sede de la Uocra, donde los principales referentes sindicales coincidieron en la necesidad de sostener la unidad frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Durante el encuentro, ratificaron que defenderán los derechos de los trabajadores a través del diálogo con legisladores y, si fuera necesario, mediante medidas de acción directa.

El encuentro, encabezado por el triunvirato conformado por Héctor Daer, Octavio Argüello y Gerardo Martínez, se extendió por más de tres horas y estuvo atravesado por la preocupación ante la iniciativa oficial que ya ingresó al Congreso. “Si es para retroceder, no va a haber negociación de ningún tipo”, advirtió Daer, mientras que Abel Furlán reclamó una “reacción concreta” de las organizaciones sindicales.

Los gremios cuestionaron aspectos del proyecto como la negociación por empresa y el denominado “salario dinámico”, a los que calificaron como intentos de flexibilización laboral. En paralelo, la CGT mantiene contactos con gobernadores y legisladores con el objetivo de frenar el avance de la reforma cuando se inicie el debate parlamentario en diciembre.

Las tarifas subirán 3,8% y volverán a superar la inflación y las paritarias, mientras el salario real continúa en caída.

El Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo incremento en las tarifas de gas y electricidad que regirá a partir del 1º de noviembre, con un ajuste promedio del 3,8 %. La medida, confirmada este viernes por la Secretaría de Energía, implica un nuevo aumento por encima de la inflación estimada y del ritmo de las mejoras salariales.

Según las resoluciones publicadas, el gas natural será el primero en registrar el alza, mientras que la electricidad tendrá una corrección similar que se oficializará en los próximos días. Las subas se suman a una serie de aumentos consecutivos que ya habían reducido el poder adquisitivo de los hogares.

El porcentaje definido supera el 2,5 % de inflación esperada para octubre y también los acuerdos paritarios recientes, la mayoría por debajo de la suba de precios. Con este esquema, el costo de los servicios básicos vuelve a presionar sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.

A la par, el Ejecutivo autorizó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, lo que podría derivar en nuevas remarcaciones en naftas y gasoil. El descongelamiento de este tributo, junto con la eliminación de controles de precios, deja a las petroleras en libertad para definir sus propios aumentos.

La política de ajuste tarifario, presentada por el Gobierno como un paso hacia la “racionalización” del gasto público, consolida un escenario de encarecimiento sostenido en los servicios esenciales, con impacto directo sobre el consumo y el costo de vida de la población.

El presidente de Brasil ordenó intervenir en la investigación ante la pasividad del gobernador Cláudio Castro, acusado de encubrir ejecuciones y abuso policial.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso el envío urgente de peritos federales a Río de Janeiro para investigar la masacre policial más letal en la historia del país, que dejó 121 muertos en los complejos de favelas Alemão y Penha. La decisión del Ejecutivo nacional llega tras el silencio del gobernador Cláudio Castro, cuestionado por organismos de derechos humanos por presunto encubrimiento y falta de control sobre sus fuerzas de seguridad.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó que un equipo de especialistas en necropsias, balística y ADN ya fue desplazado desde Brasilia. “El gobierno federal no permitirá impunidad ni manipulación de pruebas”, afirmó el funcionario tras una reunión de emergencia encabezada por Lula.

La intervención federal responde a las crecientes sospechas de ejecuciones sumarias y al intento del gobierno estadual de presentar la operación como un “éxito contra el crimen”. Testimonios recogidos por medios locales y organizaciones civiles aseguran que la mayoría de las víctimas no pertenecían al Comando Rojo, sino que fueron asesinadas dentro de sus viviendas.

Desde el Palacio del Planalto se confirmó además la creación de un gabinete especial que coordinará las acciones entre la Policía Federal, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos. “La seguridad pública no puede ser sinónimo de exterminio”, señaló una fuente oficial, en alusión directa a la política represiva de Castro.

Mientras el gobierno de Río intenta justificar el operativo, el país asiste con conmoción a las imágenes de cuerpos apilados y viviendas perforadas por disparos de fusil. Amnistía Internacional, Río de Paz y otras entidades reclamaron una investigación internacional por violaciones graves a los derechos humanos.

El contraste entre la inacción del gobernador y la respuesta inmediata del gobierno federal marca un punto de inflexión en la relación entre Brasilia y Río. En los últimos años, el estado gobernado por Castro se consolidó como el de mayor letalidad policial del país, con más de 1.300 muertes anuales a manos de las fuerzas de seguridad.

“La policía no existe para matar ni para morir”, recordaron los organizadores del acto en Copacabana que rindió homenaje tanto a los cuatro agentes fallecidos como a las víctimas civiles. En las arenas de la playa, las cruces blancas y los carteles con mensajes de paz contrastaron con el silencio del Palacio Guanabara.

Menos de dos días después del triunfo en la provincia, Sebastián Pareja envió un audio de dos minutos y medio a concejales, armadores locales y referentes seccionales —varios de ellos críticos de su liderazgo— para que lo difundieran entre la militancia. En el mensaje, el dirigente se mostraba eufórico por lo que calificó como “un éxito rotundo”.

“La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires y yo, su presidente, Sebastián Pareja, se los agradezco de todo corazón”, cerró el audio, interpretado por muchos como un intento prematuro de reafirmar su autoridad en medio de la creciente disputa con Las Fuerzas del Cielo.

En ese marco, Pareja movió fichas dentro de la interna libertaria y salió a instalar a Los Inquebrantables, el espacio que lanzó el mes pasado junto a dos de sus principales operadores en el Conurbano: Ramón “Nene” Vera, en la Primera sección, y Luis “El Negro” Ontiveros, en la Tercera.

Según indicaron a LPO fuentes libertarias, como primer paso Pareja ordenó a los concejales más cercanos que identifiquen sus bancas con el sello de Los Inquebrantables, para marcar territorio y exhibir fuerza en la interna frente a los sectores que todavía ponen en duda su conducción.

El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), confirma lo que muchos en el sector venían advirtiendo: la recesión se consolidó y el tejido productivo nacional atraviesa una situación crítica.

Con ventas en caída, salarios depreciados y costos en alza, seis de cada diez pequeñas y medianas empresas ya trabajan sin generar ganancias.

Según el relevamiento, el 40,4% de las pymes reportó malas ventas y la utilización promedio del aparato productivo cayó al 54,6%, un nivel considerado alarmante por debajo del umbral del 60% que se asocia a una economía en funcionamiento saludable. En la industria, la utilización fue de apenas 54,7%, lo que evidencia la fuerte subutilización de la capacidad instalada y la parálisis del mercado interno.

La presión de costos es otro factor que agrava el deterioro. El 88% de las empresas enfrentó aumentos generalizados y el 74% debió subir precios, aunque sin poder trasladar completamente la inflación. En el sector industrial, el 45,9% de las firmas sufrió fuertes caídas en las ventas, lo que confirma el colapso de la demanda interna.

“El consumo se derrumba y las familias están endeudadas hasta el 130% de sus ingresos”, advirtió el presidente de ENAC, Leo Bilinski, quien alertó que el 13% de los empresarios evalúa cerrar antes de fin de año ante un escenario de demanda deprimida y costos que no dejan de crecer.

El impacto también se siente en el empleo: solo el 17,1% de las empresas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En la industria, los despidos escalan al 28,8%, con un saldo negativo de casi 3 puntos porcentuales en el empleo pyme durante el trimestre.

El endeudamiento se ha vuelto un mecanismo de supervivencia más que una herramienta de inversión: el 21,3% de las firmas se financió para pagar impuestos y el 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos. A esto se suman demoras e incumplimientos en los pagos: el 59% de las pymes denuncia retrasos por parte de sus clientes y el 47% reporta más morosidad, lo que genera asfixia de liquidez. En promedio, las pymes cobran a 37 días, pero deben pagar a proveedores en 30.

Las expectativas hacia el futuro refuerzan el clima de pesimismo. Tres de cada cuatro empresarios (76%) creen que la economía seguirá empeorando, y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre los principales obstáculos, destacan la caída del mercado interno (75%), la pérdida de rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%), factores que, según la ENAC, “amenazan la supervivencia de miles de pymes en todo el país”.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei consagra un recorte histórico en el financiamiento educativo nacional. Según el texto enviado al Congreso, el Estado destinará apenas el 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI) a Educación, el nivel más bajo en dos décadas y la mitad de lo invertido hace diez años.

El dato refleja la continuidad del ajuste fiscal que atraviesa el sector educativo: mientras en 2016 la inversión nacional equivalía al 1,52% del PBI, la proyección para 2026 confirma una caída sostenida. La Nación, que aporta cerca del 25% del presupuesto educativo público —frente al 75% que cubren las provincias—, también redujo drásticamente su participación.

Un informe de Argentinos por la Educación, elaborado por el economista Javier Curcio (IIEP-UBA-CONICET) junto con María Sol Alzú y Martín Nistal, advierte que si bien se prevé una leve recuperación del presupuesto educativo nacional para 2026 (entre 4,4% y 8% respecto de 2025), esta mejora es insuficiente para revertir la contracción de los últimos años.

En términos reales, la inversión nacional en educación en 2025 será la mitad de la registrada en 2023, según los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. En pesos constantes de 2025, el gasto educativo nacional cayó de $12,3 billones en 2023 a $6,2 billones en 2025, y apenas se prevé un leve aumento a $6,8 billones en 2026.

La tendencia de los últimos años muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida de una caída sostenida desde 2018, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una contracción severa desde 2024. Con el 0,75% del PBI proyectado, el presupuesto 2026 marca un piso histórico en el financiamiento educativo nacional, muy por debajo del 1% que regía en 2005, cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo.

El proyecto oficial también propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 fija el compromiso de destinar al menos el 6% del PBI (sumando Nación y provincias) al sistema educativo. Esa meta solo se cumplió una vez, en 2015.

“El año 2026 consolida una reversión de más de dos décadas de avances en inversión educativa”, advirtió Javier Curcio, aunque reconoció que podría haber una tenue recuperación si se cumplen las proyecciones macroeconómicas.

Caída en universidades, formación docente e infraestructura

La Secretaría de Educación tendrá un aumento nominal de entre 0,1% y 3,6% respecto de 2025, según la estimación inflacionaria utilizada (Gobierno o BCRA). En términos reales, se mantiene el estancamiento.

Las universidades absorberán el 77% del presupuesto educativo nacional —2,1 puntos menos que en 2025— y seguirán afectadas por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución fue frenada por decreto y judicializada por el sistema universitario. Desde el sector advierten un deterioro salarial superior al 30% desde 2023.

El Plan Nacional de Alfabetización concentrará el 9,2% de los recursos y se enfocará en ampliar la jornada extendida, aunque otros programas clave sufrirán recortes: formación docente (-25%), materiales educativos (+7,8%, por debajo de la inflación) y promoción de la lectura (+0,8%).

Las becas estudiantiles, tercera partida en importancia, recibirán el 5,8% del total. Las Becas Progresar tuvieron una reducción del 78% en términos reales desde 2023 y un 37% menos de beneficiarios.

El ajuste también alcanza a la formación tecnológica, que caerá 49,6%, y a infraestructura y equipamiento escolar, que se reducirá 62,9%, dejando sin fondos programas emblemáticos como Conectar Igualdad, el FONID y la Educación Sexual Integral.

“El presupuesto 2026 consolida el desfinanciamiento educativo iniciado en 2024 y 2025”, sostuvo el economista Juan Ignacio Doberti, para quien el Estado “deserta del sostenimiento de la educación básica y universitaria”. En la misma línea, Jorge Lo Cascio advirtió que la drástica caída en infraestructura y equipamiento “profundiza las desigualdades educativas y deja fuera de la alfabetización digital a amplios sectores sociales”.