En un trámite acelerado y con fuerte sesgo privatizador, el Ministerio de Economía avanzó con la venta total de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas a consorcios privados. La operación, que ronda los USD 707 millones, implica el traspaso de infraestructura construida con inversión pública y reaviva críticas por el valor y la velocidad del proceso.
El gobierno nacional profundizó este viernes su política de desguace del patrimonio energético con la preadjudicación del cien por ciento del capital accionario de cuatro represas centrales del Comahue a empresas privadas, en una operación que el propio Ejecutivo presentó como un éxito, pero que generó fuertes cuestionamientos por el precio y la celeridad del trámite.
Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se avaló la segunda etapa del concurso público que habilita la venta de las sociedades operadoras de Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina. El monto total comprometido asciende a poco más de 706 millones de dólares.
Central Puerto se aseguró la represa Piedra del Águila con una oferta de 245 millones de dólares, mientras que el complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora y MSU Energy, que ofertó cerca de 236 millones. En tanto, Edison Inversiones, junto a un grupo de empresas mendocinas, se quedó con Alicurá y Cerros Colorados por montos sensiblemente menores, incluso luego de pedidos de mejora de precio por parte del Estado.
La resolución también dejó fuera de carrera a otros oferentes cuyas propuestas fueron calificadas como “no serias”, al haber presentado valores simbólicos, una situación que expuso las inconsistencias del proceso licitatorio y la falta de parámetros claros para resguardar el interés público.
Según lo dispuesto, la firma de los contratos de concesión y transferencia se realizará el próximo 22 de diciembre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, y los acuerdos entrarán en vigencia tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial.
El avance de la privatización se concretó en menos de cinco meses desde el llamado a licitación, un plazo inusualmente breve para activos de esta magnitud estratégica. La decisión se inscribe en la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, que impulsa una retirada acelerada del Estado de sectores clave, incluso en áreas sensibles como la generación eléctrica.
Las cuatro represas forman parte de la columna vertebral del sistema hidroeléctrico nacional y fueron desarrolladas con décadas de inversión pública. Su traspaso al sector privado, a valores que especialistas consideran bajos en relación con su capacidad de generación y rentabilidad futura, consolida un cambio estructural en la política energética argentina y abre un nuevo frente de debate sobre soberanía, tarifas y control de recursos estratégicos.