¿Es solo un mapa de tasas o el inicio de una pelea política más grande? Esa es la pregunta que empezó a circular tras el lanzamiento del nuevo portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno nacional.

¿Es solo un mapa de tasas o el inicio de una pelea política más grande? Esa es la pregunta que empezó a circular tras el lanzamiento del nuevo portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno nacional. La reacción fue casi inmediata y vino desde Quilmes, con declaraciones durísimas que encendieron el debate y pusieron al conurbano bonaerense en el centro de la escena.

El Ministerio de Economía presentó una plataforma online que muestra, municipio por municipio, qué tasas cobran los gobiernos locales en todo el país. El objetivo oficial es claro: que cualquier ciudadano pueda ver cuánto paga una empresa o comercio según el distrito donde opera.

La herramienta permite comparar alícuotas, bases imponibles y tributos municipales vinculados a actividades comerciales, industriales y de servicios. La iniciativa fue impulsada por Luis Caputo y busca, según el Gobierno, aportar información clara sobre la presión fiscal local y su impacto en los precios.

¿Es solo un mapa de tasas o el inicio de una pelea política más grande? Esa es la pregunta que empezó a circular tras el lanzamiento del nuevo portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno nacional. La reacción fue casi inmediata y vino desde Quilmes, con declaraciones durísimas que encendieron el debate y pusieron al conurbano bonaerense en el centro de la escena.

Qué es el portal de Transparencia Tributaria Municipal

El Ministerio de Economía presentó una plataforma online que muestra, municipio por municipio, qué tasas cobran los gobiernos locales en todo el país. El objetivo oficial es claro: que cualquier ciudadano pueda ver cuánto paga una empresa o comercio según el distrito donde opera.

La herramienta permite comparar alícuotas, bases imponibles y tributos municipales vinculados a actividades comerciales, industriales y de servicios. La iniciativa fue impulsada por Luis Caputo y busca, según el Gobierno, aportar información clara sobre la presión fiscal local y su impacto en los precios.

Por qué generó ruido político

Apenas se publicó el mapa, varios municipios del conurbano bonaerense quedaron marcados por tener tasas altas, en especial la conocida Tasa de Seguridad e Higiene. Esto generó malestar entre intendentes, que interpretaron el portal como una señalamiento político en medio de una economía en recesión.

Desde Nación sostienen que se trata de transparencia. Desde los municipios, que se ignora la realidad territorial y el costo de sostener servicios básicos.

La respuesta de Mayra Mendoza

La primera reacción fuerte llegó de Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia. A través de redes sociales, apuntó directo contra Javier Milei y Luis Caputo, cuestionando el sentido del portal.

Según reconstruyeron medios nacionales, Mendoza acusó al ministro de “perder el tiempo” con una web de tasas municipales mientras la economía se deteriora. También afirmó que el Gobierno nacional ataca a quienes “contienen en el territorio” los efectos de la crisis y cerró con una frase contundente: “mafiosos e impresentables”.

De acuerdo al relevamiento oficial, Quilmes aparece entre los distritos con mayor carga tributaria municipal aplicada a actividades económicas. El portal expone estas diferencias y deja en evidencia cómo varía la presión fiscal entre municipios vecinos.

Para el Gobierno, esta información ayuda a entender por qué algunos precios son más altos que otros. Para los intendentes, es una forma de trasladar responsabilidades en un contexto de caída del consumo.

El cruce entre Mayra Mendoza y Luis Caputo no es un hecho aislado. Se suma a una tensión creciente entre Nación y los gobiernos locales del conurbano. Mientras el Ejecutivo nacional habla de orden fiscal, los intendentes denuncian una ofensiva política.

El portal de Transparencia Tributaria Municipal abrió una discusión que va mucho más allá de los números. Y todo indica que este capítulo recién empieza.

En un trámite acelerado y con fuerte sesgo privatizador, el Ministerio de Economía avanzó con la venta total de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas a consorcios privados. La operación, que ronda los USD 707 millones, implica el traspaso de infraestructura construida con inversión pública y reaviva críticas por el valor y la velocidad del proceso.

El gobierno nacional profundizó este viernes su política de desguace del patrimonio energético con la preadjudicación del cien por ciento del capital accionario de cuatro represas centrales del Comahue a empresas privadas, en una operación que el propio Ejecutivo presentó como un éxito, pero que generó fuertes cuestionamientos por el precio y la celeridad del trámite.

Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se avaló la segunda etapa del concurso público que habilita la venta de las sociedades operadoras de Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina. El monto total comprometido asciende a poco más de 706 millones de dólares.

Central Puerto se aseguró la represa Piedra del Águila con una oferta de 245 millones de dólares, mientras que el complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora y MSU Energy, que ofertó cerca de 236 millones. En tanto, Edison Inversiones, junto a un grupo de empresas mendocinas, se quedó con Alicurá y Cerros Colorados por montos sensiblemente menores, incluso luego de pedidos de mejora de precio por parte del Estado.

La resolución también dejó fuera de carrera a otros oferentes cuyas propuestas fueron calificadas como “no serias”, al haber presentado valores simbólicos, una situación que expuso las inconsistencias del proceso licitatorio y la falta de parámetros claros para resguardar el interés público.

Según lo dispuesto, la firma de los contratos de concesión y transferencia se realizará el próximo 22 de diciembre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, y los acuerdos entrarán en vigencia tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial.

El avance de la privatización se concretó en menos de cinco meses desde el llamado a licitación, un plazo inusualmente breve para activos de esta magnitud estratégica. La decisión se inscribe en la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, que impulsa una retirada acelerada del Estado de sectores clave, incluso en áreas sensibles como la generación eléctrica.

Las cuatro represas forman parte de la columna vertebral del sistema hidroeléctrico nacional y fueron desarrolladas con décadas de inversión pública. Su traspaso al sector privado, a valores que especialistas consideran bajos en relación con su capacidad de generación y rentabilidad futura, consolida un cambio estructural en la política energética argentina y abre un nuevo frente de debate sobre soberanía, tarifas y control de recursos estratégicos.

El Secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, habló sobre el impacto de la última movilización sindical, la postergación del debate de la reforma laboral y la presión del movimiento obrero para frenar una iniciativa perjudicial para los trabajadores.

Lobato aseguró que la movilización realizada en las últimas horas cumplió su objetivo central al forzar la postergación del tratamiento legislativo. “Lo primero que se logró con la movilización de ayer fue posponer la discusión, que era el objetivo principal que buscábamos”, afirmó.

En diálogo con AM 530, el dirigente de la UOM detalló que la presión sindical incluyó gestiones políticas directas. “Tuvimos charlas con diputados, senadores y gobernadores. La movilización influyó en la decisión de postergar la discusión”, explicó.

El sindicalista reconoció que parte de la base trabajadora no dimensionaba inicialmente el alcance del proyecto oficial. “Los trabajadores no estaban 100% al tanto de todos los perjuicios que iba a traer esta ley”, señaló, y remarcó que la protesta permitió visibilizar el rechazo gremial. En ese sentido, calificó la jornada como “una gran manifestación”.

Lobato ratificó además la voluntad de sostener el plan de lucha. “Nosotros desde la UOM tenemos la decisión tomada de estar en la calle”, indicó, y reclamó una medida de fuerza general cuando la iniciativa llegue al Senado.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, concluyó, al tiempo que llamó a la CGT a avanzar en una convocatoria unificada contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El anuncio se da luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país incluyendo un caso en la propia quinta presidencial de Olivos.

El Gobierno nacional anticipó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país. La decisión se conoce en un contexto atravesado por el malestar salarial, la crisis de la obra social militar y crecientes cuestionamientos sobre los mecanismos de contención emocional dentro de las fuerzas.

Según confirmaron altas fuentes del Ejecutivo, la medida contempla una revisión amplia de los protocolos de evaluación, seguimiento y acompañamiento del personal, con especial foco en aquellos efectivos que cumplen funciones armadas en entornos de alta sensibilidad, como tareas de seguridad permanente y custodia presidencial. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de reemplazar los controles vigentes, sino de profundizarlos y complementarlos con instancias adicionales de seguimiento psicológico continuo y detección temprana de situaciones de riesgo.

El anuncio oficial se produjo tras la muerte de Rodrigo Gómez, soldado voluntario de 21 años que prestaba servicio de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos. El joven fue hallado sin vida dentro del predio donde reside el Presidente de la Nación y la investigación, a cargo de la Justicia Federal de San Isidro, apunta a un disparo autoinfligido, sin intervención de terceros. El hecho generó una fuerte conmoción interna y encendió alertas en la mesa chica del Ejecutivo.

Sin embargo, el caso de Olivos no fue un episodio aislado. Días después, en Monte Caseros, Corrientes, fue encontrado muerto Juan Javier Pereyra, suboficial principal del Ejército, de 48 años y con más de dos décadas de servicio. El cuerpo fue hallado dentro del Casino de Suboficiales de una dependencia militar, con signos compatibles con ahorcamiento. La Justicia también descartó la participación de terceros.

El tercer caso ocurrió en la madrugada del jueves en Las Heras, Mendoza, donde Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario de 22 años perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, fue hallado sin vida en su vivienda por sus familiares. La causa quedó en manos de la Justicia provincial y de la Policía Científica, que avanzan bajo la hipótesis de suicidio. El Ejército emitió un comunicado breve y protocolar, sin mayores precisiones.

Tres muertes en menos de siete días, en tres jurisdicciones distintas, expusieron una problemática que distintos sectores consideran estructural. Jóvenes soldados voluntarios —muchos provenientes de sectores populares— cumplen jornadas extensas, tareas de alta exigencia emocional y funciones de seguridad sensibles, en un escenario de ajuste presupuestario, atraso salarial y dificultades crecientes en el acceso a la salud a través del IOSFA.

Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el Ministerio de Defensa analizan ahora reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar, actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia y mejorar el acompañamiento profesional del personal. Desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcan que el enfoque es integral y que no puede analizarse la situación del personal sin considerar variables operativas, sanitarias y económicas.

En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas, en medio de reclamos por la falta de definición sobre las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión anterior. En la Casa Rosada advierten que aún no hay fechas confirmadas y que cualquier incremento deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía. También se analiza una reestructuración del IOSFA, cuya crisis financiera impacta de manera directa en el bienestar del personal y sus familias.

Mientras las investigaciones judiciales continúan en paralelo, crecen las preguntas hacia el poder político y militar. Para distintos sectores, cuando las muertes se acumulan, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. La alarma está encendida y el desafío, señalan, es si las medidas anunciadas lograrán traducirse en cambios concretos antes de que la estadística vuelva a repetirse.

Un estudio elaborado por equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al CONICET encendió una señal de alarma: la demanda de alimentos en comedores, merenderos y ollas populares de la región continúa en fuerte crecimiento, impulsada por el deterioro de la situación socioeconómica.

El informe, titulado “Situación de comedores, merenderos y ollas populares en la región”, fue presentado en la Sala del Consejo Superior de la UNLP y da cuenta de un aumento sostenido de personas que recurren a estos espacios para cubrir necesidades básicas de alimentación, en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El relevamiento se realizó en barrios populares del Gran La Plata a partir de entrevistas a 61 servicios de asistencia directa (SDA), y estuvo a cargo de equipos UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios.

Los datos muestran que casi el 40% de los comedores y ollas populares asiste regularmente a más de 180 personas, mientras que otro 27% recibe a más de 120, cifras que reflejan la presión creciente sobre estos dispositivos comunitarios. Además, el informe advierte que la cantidad de personas asistentes aumentó en todos los grupos etarios en comparación con el año pasado, con un impacto particularmente fuerte en niños, niñas y adolescentes: más del 70% de los espacios reportó un incremento en este grupo. Entre personas mayores, el aumento alcanzó a casi el 64% de los comedores.

En cuanto a la modalidad de atención, el 90% de los SDA entrega viandas para consumo domiciliario, más de un tercio distribuye alimentos sin elaborar y solo el 16% ofrece comida para consumir en el lugar. La merienda es el servicio más extendido (75,4%), seguida por la cena (49,2%), aunque muchos espacios combinan más de una prestación diaria.

Más personas, menos recursos

El informe subraya una contradicción crítica: mientras la demanda de alimentos crece, la disponibilidad de insumos básicos disminuye. Los productos que más escasean son aceite, azúcar, carnes, verduras, arroz y harina, alimentos centrales para garantizar una dieta mínima adecuada. Esta situación profundiza las limitaciones ya detectadas en el relevamiento anterior y pone en riesgo la sostenibilidad de la asistencia alimentaria comunitaria.

Más del 76% de los referentes de los espacios consultados señaló que la calidad de la comida ofrecida empeoró respecto de 2024, principalmente por la reducción en la cantidad y variedad de alimentos, especialmente carnes y verduras, en un contexto de demanda en aumento.

En relación con el rol del Estado, el estudio indica que el 64% de los SDA recibe alimentos del gobierno provincial, aunque la asistencia del Estado nacional se redujo de manera drástica: solo el 5% recibe alimentos y apenas el 3% algún tipo de apoyo económico. Ante este escenario, más de la mitad de los comedores y ollas populares debió recurrir a actividades adicionales para sostener su funcionamiento.

El relevamiento advierte que la falta de una alimentación adecuada ya genera consecuencias graves en infancias, juventudes, adultos y personas mayores, como anemia, problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, pérdida de masa muscular y mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, el informe concluye que las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo el principal sostén alimentario y emocional en los barrios, pero alerta que no cuentan con los recursos ni la responsabilidad de resolver una crisis estructural. “El retiro de la asistencia del Estado Nacional y las políticas macroeconómicas vigentes están vulnerando el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada”, subrayan los investigadores.

En Neura, su canal de streaming, el periodista libertario Alejandro Fantino quiso escuchar a sus seguidores para saber cómo está la situación económica. “Yo tengo una visión de las cosas, comparto muchas políticas del gobierno, pero tal vez no estoy viendo la realidad. Quiero escuchar a la gente”, dijo.

Después, se sucedieron una seguidilla de mensajes todos con el mismo tenor: “Banco al gobierno pero no damos más, no hay plata en la calle, la gente la pasa muy mal”. “Ah, mirá” o “epa” repetía una y otra vez Fantino ante los mensajes muy críticos de la gente.

“A mi negocio no entra nadie. Nunca vi algo así. Ando en la calle todo el día y veo eso en todos lados, están todos los negocios sin gente. Yo banco pero se me hace cada vez más difícil”, resumió un oyente. No hay pauta oficial que tape el sol con un dedo.

Los senadores aliados del gobierno de Javier Milei se rebelaron contra el gobierno y Patricia Bullrich tuvo que anunciar que la reforma laboral pasará para febrero. Apenas unas horas antes, había asegurado que se iba a sacar de modo inmediato. Antes, ocurrió el traspié de los libertarios en el presupuesto que tuvo media sanción de Diputados con artículos que Casa Rosada no quería.

Bullrich convocó este jueves a una reunión para después de la cumbre de la Casa Rosada con los senadores para apurar el dictamen y aprobarlo esta misma tarde.

Pero tanto los senadores radicales, como los del PRO y los aliados provinciales le plantearon a la ex ministra de Seguridad que primero se vote el Presupuesto. “Sin presupuesto no sale la reforma laboral”, dijo un senador La Política Online.

Después de la moderada elección de octubre pasado, el gobierno de Milei se creyó que podía llevarse a todo el mundo por delante. Ahora deberá recalcular. Se termina el 2025 sin dos leyes clave. Mientras, la economía no para de dar malas noticias.