El Gobierno autorizó un aumento del precio mayorista del gas que impactará en los hogares

La medida, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento del precio mayorista del gas natural que tendrá un impacto directo en las facturas que pagan los hogares y los comercios. La medida, dispuesta por la administración de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

La decisión fue formalizada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 605/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se dispuso una suba del valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el precio mayorista que abonan las distribuidoras antes de que se sumen los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran el monto final de la boleta.

El PIST es uno de los componentes clave de la tarifa del gas, por lo que su actualización tendrá un efecto inevitable sobre lo que pagan los usuarios residenciales. En ese marco, la resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a incorporar el nuevo valor en los cuadros tarifarios vigentes y a garantizar que todas las distribuidoras del país apliquen el ajuste de manera uniforme. La suba autorizada es del 0,53% respecto del precio que regía hasta ahora.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la medida se inscribe en el proceso de actualización de precios que impulsa el Ministerio de Economía, con el objetivo de avanzar en un sendero de adecuación tarifaria en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según el organismo, la intención es evitar distorsiones entre los costos reales del servicio y los valores que abonan los usuarios.

El impacto concreto del aumento en las facturas dependerá del nivel de ingresos de cada hogar dentro del esquema de segmentación vigente. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, pagarán el costo pleno y absorberán en forma directa la totalidad del incremento. En tanto, los hogares de Nivel 2 y Nivel 3, correspondientes a sectores de bajos y medianos ingresos, mantendrán los subsidios y los topes de consumo bonificados, aunque el excedente se facturará a un precio más alto.

No obstante, el aumento del precio mayorista implica que incluso los usuarios subsidiados verán algún efecto en sus boletas, especialmente aquellos que superen los límites de consumo establecidos para conservar la bonificación. Según lo expuesto en la resolución, el esquema busca concentrar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares con mayor capacidad contributiva afrontan el precio real del servicio.

La actualización del PIST se produce en un contexto de cambios más amplios en la política de subsidios energéticos. El Gobierno anticipó que a partir del próximo año avanzará hacia un régimen simplificado que dejará atrás la actual segmentación y programas específicos como la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, para dar paso a un sistema con solo dos categorías: hogares con asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno.

De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo de esta reconfiguración es “transparentar el precio real de la energía, incrementar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas”. En ese marco, el aumento del gas mayorista aparece como un nuevo paso dentro del proceso de recomposición tarifaria que el Gobierno impulsa desde el inicio de la Emergencia del Sector Energético Nacional.

La resolución establece además que el ENARGAS y las empresas distribuidoras tendrán un plazo de cinco días desde la publicación de la norma para adecuar contratos y aplicar el nuevo valor en las facturas, mientras el ente regulador deberá supervisar el mantenimiento de las bonificaciones vigentes para los usuarios de bajos y medianos ingresos.

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