Guerras arancelarias, intervenciones militares, revoluciones, y el auge representativo en occidente de una derecha que desafía la supuesta temporalidad en su condición reaccionaria, convirtieron al saliente año en uno cargado de fuertes cimbronazos en el plano geopolítico.

Por Joshua Lentulus Aivazian

El año 2025 estuvo representado en el zodiaco chino por el símbolo de la serpiente de madera. Su combinación con la madera, la dota de cualidades que trae una energía de evaluación silenciosa y ajustes precisos. Mientras que la serpiente está relacionado con la intuición, la sabiduría y el misterio, vinculado a su naturaleza de mudar cada cierto tiempo su piel. Esta “muda” simbólica, nos dio un año de desprendimientos de ilusiones e identidades como el descubrimiento de verdades ocultas que rompen con los convencimientos tradicionales. Fue en el plano geopolítico internacional donde hallamos con mayor elocuencia dicho simbolismo.

Guerras arancelarias, intervenciones militares, revoluciones, y el auge representativo en occidente de una derecha que desafía la supuesta temporalidad en su condición reaccionaria. Todo ello convirtió al 2025 en un año de desprendimientos sobre los ideales de una paz Kantiana fundada en el consenso internacional de las instituciones y el respeto por los derechos humanos, y del descubrimiento perenne del realismo internacional, con expresiones y demostraciones de poder en los campos diplomáticos y bélicos.

En el plano bélico tuvimos un relucir de escamas sobre acciones directas de intervención militar, siendo las más relevantes en el plano internacional aquellas que amenazaban una potencial escalada nuclear. La guerra llevada a cabo por Israel entre el 13 y 24 de junio tenía como objetivo proclamado evitar que Irán pudiera fabricar una bomba nuclear, pero la estrategia subyacente era la reorganización de Oriente Medio y el deseo de Israel de establecerse como fuerza hegemónica. El nombre israelí de esta operación militar fue el de “León Ascendente”, en una clara referencia a la restauración del Shah de Persia y la dinastía Pahlavi.

Si bien estos ataques contra Iran se planteaban en el contexto de la profundización de la limpieza étnica israeli en la franja de Gaza, y en el debilitamiento de los aliados de la defensa del pueblo palestino (Siria, Líbano, Yemen e Irán) declarando objetivos tanto militares como civiles (infraestructuras nucleares, dirigentes militares, y científicos iraníes en edificios residenciales), Israel no tardo en declarar abiertamente querer castigar a la población civil. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha advertido que los “residentes de Teherán pagarán el precio”. En total murieron 1.060 iraníes y más de 4.000 resultaron heridos, la mayoría de ellos civiles.

Mientras que en la reacción iraní al ataque, entre los objetivos militares alcanzados, se encuentran la sede del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv e instalaciones energéticas en Haifa. Durante los 12 días de guerra, 28 israelíes han muerto en los ataques iraníes, y más de 3.000 han resultado heridos. Otra potencial escalada nuclear la tuvimos entre el 7 y el 10 de mayo en la región de Cachemira entre las fuerzas de India y Pakistán. En respuesta a un ataque terrorista ocurrido el 22 de abril en la Cachemira administrada por India, que India alega fue patrocinado por Pakistán, la Fuerza Aérea India realizó ataques aéreos no solo en la Cachemira administrada por Pakistán, sino también en el Punjab pakistaní. Esta última zona es el corazón del ejército pakistaní y el centro de gravedad económico, político y estratégico del país.

Pakistán respondió derribando cuatro aviones de la Fuerza Aérea India. Las tensiones se intensificaron aún más el 8 de mayo, cuando India realizó ataques con drones contra la infraestructura de radar de Pakistán, y Pakistán lanzó misiles y drones contra 36 ubicaciones en India. Fue principalmente una guerra de misiles y drones, siendo estos últimos el arma predilecta. India dependía de drones de fabricación israelí, como el IAI Searcher, el Herón, el Harpy y el Harop, así como de varios drones autóctonos. Mientras que el arsenal de Pakistán incluye el dron chino CH-4, el Bayraghtar Akinci turco y los drones Burraq y Shahpar, de desarrollo autóctono. El resultado estratégico del conflicto parece favorecer a la India. Si bien sufrió algunas pérdidas en la fase inicial, posteriormente neutralizó los sistemas de defensa aérea y radar de Pakistán y logró penetrar profundamente en territorio pakistaní.

Tras el fin de las hostilidades, el 12 de mayo, el primer ministro Narendra Modi anunció una nueva doctrina militar india, que señala una postura más agresiva contra el terrorismo transfronterizo y las amenazas nucleares implícitas. Según la nueva doctrina, India responderá al terrorismo en sus propios términos, tanto en la elección de los medios como en la ubicación de los ataques. Cada crisis refuerza la determinación de India de castigar aún más a Pakistán, y el conflicto de mayo de 2025 fue, sin duda, un paso cualitativo en esta dirección. Al lanzar ataques en territorio pakistaní, India pretendía demostrar que había abandonado cualquier idea de moderación estratégica, pero su comportamiento real demostró, de hecho, más cautela de la que se reconoció públicamente.

Entre la cautela bilateral y las demostraciones de fuerza, ha retornado una observación sobre los conflictos bélicos en clave de su contexto regional. Esta clave barre una unipolaridad teledirigida por occidente, quienes se enfrentan en tono declarado y abierto a una reacción belicista en contra de Rusia, tras la irresolución de la guerra en Ucrania. Puede pensarse esta guerra en tono civilizatoria, sin embargo, dicho tono solo persigue aferrarse a las escamas caídas de los universalismos de civilización y democracia, mientras Europa encuentra desgastado su rol moral ante el realismo piramidal del leviatán geopolítico norteamericano. Este se ha arrogado un rol “pacificador” partiendo de la coerción multilateral.

Las guerras acontecidas entre Israel e Irán, Camboya y Tailandia y Ruanda y el Congo, han pretendido ser frenadas por el arcaico hegemón del norte, significando únicamente una victoria tercerizada de uno de los actores en conflicto, con absoluta impunidad sobre sus crímenes humanitarios y persistencia colonialista. La “paz” en Gaza, es una complacencia con la ocupación ilegal de Israel sobre territorio Palestino, la “paz” entre Camboya y Tailandia fue un entretiempo entre la coordinación de los intereses domésticos de dichos países de dotarse de un respaldo simbólico territorial, con la recuperación de sus templos históricos, con los intereses internacionales de abrir un nuevo conflicto periférico a China. Mientras que la “no paz” entre Ruanda y el Congo, con el avance del grupo rebelde M23 con respaldo de Ruanda, solo ha demostrado la defraudación material en la tercerización de la paz regional, y por extensión, de una “pax mundis”.

Estos fracasos, hablan del fracaso de pretender que la paz fuera siempre el objetivo de las potencias a las cuales se le delegaba el rol de gendarme global, y no la firma extorsiva de convenios neocoloniales en los que, por ejemplo, el Congo y Ucrania transferían a Estados Unidos estratégicos recursos mineros, mientras que Nigeria y Venezuela ven declarado la intención de invasión y ocupación de sus reservas petroleras. Esto con el objetivo de evitar la devaluación monetaria del dólar, fijado por el precio del petróleo, y ampliar la extorsión energética a China a través de sus socios estratégicos, provocando a dicho país a una declarada intervención militar en defensa de uno de sus aliados, siendo la última provocación crítica, la de Japón sobre su intervención militar en la isla de Taiwán si se sienten amenazados por China.

La paz implícita tras la guerra arancelaria comercial entre ambos hegemones en disputa, ha forzado una paulatina mutación cutánea de una serpiente que ha revelado la realidad de un mundo poliédrico de intereses, alianzas y alineamientos. Tras este 2025, en febrero, en el calendario chino, se dará inicio al año del caballo de fuego. Un símbolo cargado de significado, augurando un año de aceleramiento de los distintos acontecimientos sembrados en el pasado proceso de ruptura institucional interna, con los descontentos generales que hubo hacia los gobiernos, con las marchas de la generación Z, quienes lograron el derrocamiento de gobiernos como los de Bulgaria, Nepal, Madagascar y Bangladesh, y de rupturas internacionales con un Estados Unidos abandonando los acuerdos por el cambio climático de París, la desfinanciación de la ONU y la OMS, y el abandono de los mecanismos internacionales de resolución de conflicto, confiando en su propia fuerza como medio de persuasión y de “pacificación”. ¿Consecuencias? un avispero agitado y prendido fuego que nos auspicia un 2026 turbulento de disputas entre el soberanismo y los imperialismos regionalistas.

Mientras profundiza el recorte en políticas de discapacidad y avanza con el vaciamiento de la ANDIS, el Gobierno quedó envuelto en un escándalo que expone maniobras para entorpecer una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos públicos.

El ajuste brutal en el área de discapacidad no fue un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Más adelante, el intento de cierre y desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad apareció como una jugada política que buscó meter palos en la rueda de una investigación cada vez más incómoda para el oficialismo, atravesada por denuncias de corrupción, audios comprometedores y vínculos directos con el poder.

En el centro del escándalo quedó Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, desplazado luego de quedar involucrado en denuncias por presuntas coimas en la compra de insumos. Su nombre no pasó desapercibido: fue una de las personas que más visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, un dato que reforzó las sospechas sobre el alcance político del entramado investigado.

En el mismo tono, el caso de Ornella Calvete terminó de detonar la indignación pública. En su domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo, una suma que intentó justificar con explicaciones que no lograron despejar las dudas. Aun así, la imputada pidió su sobreseimiento mientras la investigación sigue abierta y suma elementos que comprometen al entorno libertario.

Con el mismo ímpetu, comenzaron a salir a la luz audios que describen con detalle cómo se habrían armado las compras dentro de la ANDIS, un material clave para la Justicia que expone un mecanismo sistemático de presuntas coimas y retornos. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, el Gobierno respondió con recortes presupuestarios, despidos y un vaciamiento que amenaza con borrar pruebas y paralizar el funcionamiento del organismo.

Al mismo tiempo, mientras el escándalo crecía, el Ejecutivo reasignó fondos y avanzó con decisiones administrativas que fueron leídas como un intento de control de daños, en lugar de una respuesta transparente frente a las denuncias. El ajuste, en este marco, apareció menos como una política fiscal y más como una herramienta para tapar responsabilidades.

El cierre de la ANDIS y el ajuste en discapacidad no solo representan un ataque directo a uno de los sectores más vulnerables, sino que también configuran una maniobra política grave: recortar derechos, vaciar organismos y correr el foco justo cuando la investigación por corrupción empieza a rozar al corazón del poder. Un escándalo que, por más que el Gobierno intente silenciar, sigue creciendo.

La desaparición de Jorge Julio López en democracia dejó al descubierto la falta de medidas efectivas para proteger a testigos claves en este tipo de causas.

La Provincia instituyó el 18 de septiembre como el “Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad“, en recuerdo de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata en 2006. La medida fue oficializada en las últimas horas y se conmemorará por primera vez el año próximo, al cumplirse 20 años de su secuestro.

La Resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, también faculta “a la Dirección General de Cultura y Educación o quien en un futuro la reemplace, a través de sus organismos pertinentes, a desarrollar clases conmemorativas destinadas a los distintos niveles educativos de la provincia”.

En septiembre de 2025, como todos los años desde aquella mañana de 2006, en La Plata se llevó a cabo una movilización para exigir justicia por este trágico hecho. Bajo la consigna “¿Dónde está Julio López?”, que atraviesa casi dos décadas de lucha; organismos de derechos humanos, familiares y vecinos renovaron su reclamo frente a una causa que continúa impune en plena democracia.

La segunda desaparición de Jorge Julio López

La mañana del 18 de septiembre de 2006 en Los Hornos no solo hicieron desaparecer a quien fue el testigo fundamental para que el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz fuera condenado a prisión perpetua, sino a quien se aprestaba a comparecer como testigo en otras tres causas ante la Justicia bonaerense por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Se trataba de los crímenes perpetrados en la Unidad N°9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría Quinta y en el sitio conocido como Pozo de Arana.

La desaparición de López en democracia dejó al descubierto la falta de medidas efectivas para proteger a testigos claves en causas de lesa humanidad. A 19 años del inicio de la causa que investiga su desaparición, la Justicia Federal no ha logrado identificar a todos los responsables ni esclarecer su destino.

Entre los reclamos más urgentes de la familia se destacan la exhumación y análisis genético de tumbas NN en el Cementerio de La Plata, la desclasificación de archivos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el estudio de llamadas y geolocalizaciones vinculadas a los días previos a su desaparición.

Enargas oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde enero próximo, pero evitó precisar el impacto real en las boletas. La medida refuerza una política de aumentos decididos a puertas cerradas y con escasa información pública.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026, aunque volvió a omitir un dato central: cuánto aumentarán efectivamente las facturas que llegarán a los hogares.

La decisión fue formalizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país. Sin embargo, el organismo no difundió estimaciones, comparaciones ni porcentajes de suba respecto de los valores vigentes durante 2025.

En los cuadros técnicos se observan fuertes diferencias según categoría y región. En el caso de Metrogas, los valores para usuarios residenciales van desde poco más de $3.500 para los de menor consumo en la Ciudad de Buenos Aires hasta montos que superan los $80.000 anuales en las categorías más altas. En el conurbano bonaerense, los rangos también muestran saltos significativos, sin que exista una explicación oficial sobre los criterios aplicados.

Situación similar se repite con otras distribuidoras, como Naturgy BAN, donde los valores aprobados abarcan desde cifras inferiores a los $3.000 hasta más de $30.000, dependiendo del nivel de consumo. El esquema incluye las categorías intermedias y de mayor demanda, pero el Gobierno evitó detallar cómo se traducirá esto en la boleta final que recibirán los usuarios.

La normativa mantiene el actual sistema de segmentación de subsidios para los niveles 2 y 3, aplicados sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. No obstante, tampoco se precisó el alcance real de esas bonificaciones ni su peso frente a los nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Enargas se limitan a señalar que la actualización responde a revisiones periódicas de costos y a lineamientos del sector energético. La falta de información clara y accesible refuerza las críticas sobre un esquema tarifario cada vez más complejo, definido sin transparencia y que traslada la incertidumbre directamente a los usuarios.

Mientras el Gobierno insiste en la “normalización” del sistema energético, las subas avanzan sin debate público ni datos concretos, en un contexto de ingresos golpeados y con millones de hogares obligados a calcular a ciegas cuánto podrán pagar por un servicio esencial.

Familiares y sobrevivientes recordarán a las 194 víctimas del incendio con una misa, una movilización y un acto central, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia y la denuncia de la desidia estatal que hizo posible la tragedia.

A 21 años del incendio en el boliche República de Cromañón, familiares y sobrevivientes volverán a ocupar el espacio público para recordar a las 194 personas que murieron y a las más de 1.400 que resultaron heridas, en una tragedia que expuso de manera brutal la corrupción, el abandono y la responsabilidad directa del Estado.

Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, desde las 19:30, se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, en las inmediaciones de Plaza Miserere, donde a las 20:30 tendrá lugar el acto central.

Fabiana Puebla, sobreviviente del recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, señaló que la jornada no es solo de recuerdo sino también de denuncia. “Cromañón no fue una tragedia inevitable, fue consecuencia de controles inexistentes, funcionarios cómplices y un sistema que priorizó el negocio por sobre la vida”, expresó.

Durante el acto central, familiares y sobrevivientes leerán documentos políticos y rendirán homenaje a las víctimas. Además, habrá intervenciones musicales en Mitre y Ecuador, con la participación de artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita. Desde la organización No nos cuenten Cromañón informaron que también se realizarán actividades culturales en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

A más de dos décadas del incendio, el reclamo sigue vigente: justicia completa, memoria sin concesiones y un Estado que deje de mirar para otro lado. Cromañón no es pasado cerrado, es una herida abierta que interpela a cada gobierno que naturaliza la precariedad y la impunidad.

Patricia Bullrich sufrió un revés político luego de que la hermana del presidente bajara la designación de Gerardo Milman para evitar tensiones internas y preservar acuerdos parlamentarios del oficialismo.

La exministra Patricia Bullrich atravesó una fuerte derrota política luego de que su intento por ubicar al diputado Gerardo Milman en un cargo clave del Senado fuera bloqueado por Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

Milman, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, había sido impulsado para asumir una función relevante en la Cámara alta, pero su designación fue finalmente descartada por decisión de la secretaria general de la Presidencia, que priorizó evitar conflictos políticos y desordenar las negociaciones en curso.

La maniobra fue interpretada en el entorno de Bullrich como una señal de pérdida de influencia dentro del oficialismo, en un contexto de internas persistentes entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno.

Desde el espacio que responde a Karina Milei señalaron que la decisión buscó sostener una estrategia de equilibrio parlamentario y evitar ruidos innecesarios en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

El episodio volvió a exponer las tensiones internas dentro del Gobierno y consolidó el rol de Karina Milei como una de las figuras con mayor poder de decisión, capaz de frenar movimientos de otros dirigentes incluso dentro del propio espacio oficialista.

La medida, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento del precio mayorista del gas natural que tendrá un impacto directo en las facturas que pagan los hogares y los comercios. La medida, dispuesta por la administración de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

La decisión fue formalizada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 605/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se dispuso una suba del valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el precio mayorista que abonan las distribuidoras antes de que se sumen los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran el monto final de la boleta.

El PIST es uno de los componentes clave de la tarifa del gas, por lo que su actualización tendrá un efecto inevitable sobre lo que pagan los usuarios residenciales. En ese marco, la resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a incorporar el nuevo valor en los cuadros tarifarios vigentes y a garantizar que todas las distribuidoras del país apliquen el ajuste de manera uniforme. La suba autorizada es del 0,53% respecto del precio que regía hasta ahora.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la medida se inscribe en el proceso de actualización de precios que impulsa el Ministerio de Economía, con el objetivo de avanzar en un sendero de adecuación tarifaria en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según el organismo, la intención es evitar distorsiones entre los costos reales del servicio y los valores que abonan los usuarios.

El impacto concreto del aumento en las facturas dependerá del nivel de ingresos de cada hogar dentro del esquema de segmentación vigente. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, pagarán el costo pleno y absorberán en forma directa la totalidad del incremento. En tanto, los hogares de Nivel 2 y Nivel 3, correspondientes a sectores de bajos y medianos ingresos, mantendrán los subsidios y los topes de consumo bonificados, aunque el excedente se facturará a un precio más alto.

No obstante, el aumento del precio mayorista implica que incluso los usuarios subsidiados verán algún efecto en sus boletas, especialmente aquellos que superen los límites de consumo establecidos para conservar la bonificación. Según lo expuesto en la resolución, el esquema busca concentrar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares con mayor capacidad contributiva afrontan el precio real del servicio.

La actualización del PIST se produce en un contexto de cambios más amplios en la política de subsidios energéticos. El Gobierno anticipó que a partir del próximo año avanzará hacia un régimen simplificado que dejará atrás la actual segmentación y programas específicos como la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, para dar paso a un sistema con solo dos categorías: hogares con asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno.

De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo de esta reconfiguración es “transparentar el precio real de la energía, incrementar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas”. En ese marco, el aumento del gas mayorista aparece como un nuevo paso dentro del proceso de recomposición tarifaria que el Gobierno impulsa desde el inicio de la Emergencia del Sector Energético Nacional.

La resolución establece además que el ENARGAS y las empresas distribuidoras tendrán un plazo de cinco días desde la publicación de la norma para adecuar contratos y aplicar el nuevo valor en las facturas, mientras el ente regulador deberá supervisar el mantenimiento de las bonificaciones vigentes para los usuarios de bajos y medianos ingresos.

Al corregir distorsiones metodológicas clave, distintos estudios demuestran que la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

Aunque el INDEC informó una fuerte caída de la pobreza y la ubicó en 31,6% durante el primer semestre de 2025, distintos estudios académicos y estimaciones privadas advierten que el deterioro social es mas grave de que lo anuncia el gobierno. Al corregir distorsiones metodológicas clave, la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

La magnitud del contraste abre un debate central: no se discute que la pobreza haya bajado respecto del pico de 2024, sino cuánto bajó realmente y por qué. Para numerosos especialistas, la mejora difundida por el organismo estadístico responde en gran medida a cambios técnicos en la medición y no a una recuperación genuina de los ingresos ni de las condiciones de vida.

Según el INDEC, la pobreza se redujo más de 21 puntos porcentuales en apenas un año, un descenso inédito que no encuentra correlato en otros indicadores sociales, laborales o de consumo. En un contexto todavía marcado por salarios rezagados, alta informalidad y consumo masivo deprimido, la cifra oficial aparece desanclada de la experiencia cotidiana de los hogares.

Canasta desactualizada e ingresos “mejor medidos”

Uno de los principales problemas señalados es la línea de pobreza que utiliza el INDEC. La Canasta Básica Total se apoya en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, una metodología obsoleta tras dos décadas de cambios económicos y sociales. Las estimaciones que actualizan la canasta con ponderadores más recientes muestran que hoy el costo de vida real es más alto de lo que refleja la medición oficial, lo que tiende a subestimar la pobreza.

El segundo factor es la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares. Desde fines de 2023, la mejora en los mecanismos de relevamiento y la desaceleración inflacionaria permitieron registrar ingresos más altos, especialmente en sectores informales. Ese “efecto estadístico” empujó a millones de personas por encima de la línea de pobreza en los registros, aunque su situación material no haya mejorado en la misma proporción.

Al corregir ambos elementos —actualización de la canasta y ajuste por subdeclaración de ingresos— la pobreza se ubica en torno al 42%, lo que implica una baja más moderada: entre 14 y 16 puntos desde el pico de 2024, muy lejos de los 21 puntos que muestra la serie oficial.

No hay una reducción genuina del flagelo

Un informe del Observatorio Universitario de Economía de la UNLPam y de la consultora Equilibra es contundente: la caída de la pobreza reportada por el INDEC no refleja una mejora estructural, sino deficiencias metodológicas. El estudio, elaborado por Lorenzo Sigaut Gravina, Sebastián Lastiri, Gonzalo Carrera y Micaela Bassi, señala que sin estas distorsiones la reducción durante la gestión de Javier Milei sería marginal.

Los investigadores concluyen que, frente al cierre del gobierno de Alberto Fernández, solo una fracción menor de la baja oficial puede considerarse “genuina”. El resto se explica por cambios en la medición. En términos históricos, el nivel actual de pobreza corregida es similar al de fines del macrismo y apenas inferior al del período anterior.

Mientras el empleo informal sigue elevado, el consumo continúa débil y la capacidad de ahorro permanece prácticamente anulada, la discusión sobre cómo se mide la pobreza deja de ser un tecnicismo: define el diagnóstico de la crisis social y la evaluación de las políticas económicas en curso. Actualizar la canasta básica y transparentar los efectos estadísticos resulta clave para contar con un termómetro social que refleje, sin maquillajes, la verdadera dimensión del problema.

El presidente Javier Milei le dio un reportaje al medio británico The Telegraph en la previa de lo que el gobierno espera que sea una visita de estado a Reino Unido para el mes de abril. 

En la entrevista, el líder libertario afirmó que está negociando con los británicos para levantar la restricción de armas que tiene el país por el conflicto por las Islas Malvinas y dejó declaraciones que generaron ruido respecto del reclamo de soberanía, reseñó La Política Online.

El artículo sostiene que Milei ató esta negociación va de la mano con la posición argentina sobre las Islas Malvinas y allí, el jefe de estado dijo que el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Esa es la posición histórica de los ingleses que Argentina rechaza desde siempre. ¿El presidente no lo sabe? ¿No podría ser acusado de traición a la Patria?

Desde siempre, Argentina ha planteado en organismos internacionales que no considera el deseo de los kelpers como un argumento legítimo dado que se trata de una población implantada luego de una ocupación ilegal por parte del Reino Unido.  

La escalada inflacionaria del rubro alimentos en noviembre tuvo su epicentro en la carne. Un estudio reciente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reveló que el mes pasado los precios de los distintos cortes subieron un 8,3% en promedio. El gobierno de Javier Milei decidió sacar retenciones la exportación con su impacto sobre el precio local.

Según datos del organismo, durante el último año la suba de precios en este segmento sufrió un aumento del 72,8%, muy por encima de la inflación medida por el Indec. Milei lo hizo: la carne se volvió un bien de lujo en el país de las vacas.

El informe que abarca un relevamiento de más de 30.000 precios por semana en el AMBA, Córdoba y Rosario reveló que en algunos puntos del conurbano, los incrementos superaron la barrera de los dos dígitos y que esa impacto de siente con más fuerza en las carnicerias de barrio.