La Justicia puso bajo la lupa una polémica licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y el caso amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno de Javier Milei.
El expediente, que involucra directamente a Karina Milei, ya comenzó a ser analizado por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió al Ejecutivo toda la documentación vinculada al proceso.
La contratación cuestionada corresponde al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Antes de definir si avanza formalmente con una investigación penal, el fiscal solicitó acceder al expediente completo para conocer el estado actual de la licitación y determinar si existieron irregularidades.
Según trascendió, el principal foco de sospecha apunta a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. De acuerdo con un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas empresas integrarían un mismo grupo económico, situación que podría haber generado una competencia ficticia dentro del proceso licitatorio.
“El procedimiento podría haber sido simulado para aparentar una compulsa entre oferentes”, sostienen los cuestionamientos incorporados al expediente judicial, una situación que abre interrogantes sobre la transparencia de la contratación promovida desde el área que conduce la hermana del Presidente.
La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza hoy enfrentada políticamente con el oficialismo. En la presentación judicial se mencionan posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.
La licitación pública N° 23-0005-LPU26 quedó así en el centro de una investigación que vuelve a colocar a Karina Milei en una situación incómoda y suma un nuevo capítulo de tensión política para la Casa Rosada.