Así lo afirmó Silvana Jarmoluk cuando presentó en Moscú siete proyectos multilaterales concretos para fortalecer la cooperación entre Rusia y la región. Además propuso crear una mesa permanente de empresarios latinoamericanos en el SPIEF.

Por Bautista Rolón/ La presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, participó el 18 de mayo de 2026 en la conferencia «Sinergizar los esfuerzos de la comunidad, los círculos empresariales y las universidades para ampliar la cooperación entre Rusia y los países latinoamericanos», realizada en la Cámara Cívica de la Federación de Rusia.

En su exposición “Universidades, cultura y compatriotas rusos como eslabón real de la diplomacia”, Jarmoluk sostuvo que el principal problema de la relación ruso latinoamericana son dos asimetrías de desconocimiento. Señaló que los latinoamericanos conocen poco la historia y la cultura de Rusia, mientras que Rusia tiende a percibir a América Latina como un bloque homogéneo, sin distinguir las particularidades de países como Argentina, México, Brasil y Cuba. Por eso, afirmó, muchos proyectos bilaterales y multilaterales terminan siendo frágiles y poco adaptados a las realidades locales.

La conferencia reunió a empresarios, diplomáticos, representantes de ONG y académicos de Rusia y de varios países de nuestro continente. Entre los participantes estuvieron Alexéi Kapustin, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia; Nonna Kagramanián, de Delovaya Rossiya; Serguéi Brílev, presidente de la asociación Energía Global; y Dmitri Rozental, director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. También asistieron delegaciones de Argentina, Venezuela, Brasil, México, Perú, Cuba, Uruguay y Colombia.

Jarmoluk agradeció la invitación de Tatiana Mashkova, directora del Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países de América Latina, y de Nikita Anisimov, miembro de la Cámara Cívica de Rusia, por ofrecer una plataforma que realmente da voz a los compatriotas rusos en el extranjero.

En lugar de limitarse a declaraciones generales, presentó seis iniciativas concretas con participación de Rusia y varios países latinoamericanos, cada una con objetivos y plazos definidos. Entre ellas incluyó un consorcio agroalimentario con Argentina, Uruguay, Brasil y Perú para desarrollar biotecnología y doctorados conjuntos, y un consejo de observación energética BRICS+ con Argentina, Venezuela, Brasil y México para avanzar en la transición hacia pagos en monedas nacionales.

También propuso un programa de movilidad académica “Mijaíl Lomonósov” que vincule universidades rusas con casas de estudio de Argentina, Brasil, Perú, México, Colombia y Cuba, con la meta de alcanzar más de 100 publicaciones conjuntas en cinco años.

En ese sentido, la especialista argentina completó su propuesta con un proyecto gastronómico “Atlántic Gourmet” para crear una red de restaurantes de fusión entre Rusia, Argentina, México y Perú; una iniciativa “Raíces Comunes” con Argentina, Bolivia, México y Perú para el reconocimiento de los pueblos originarios bajo el auspicio de la UNESCO; y el programa “Cine sin fronteras”, que contempla un fondo de coproducción y un ciclo de festivales con Argentina, Brasil, México y Cuba.

Jarmoluk advirtió que la comunidad rusa en América Latina está infravalorada y que la rusofobia sigue en aumento, mientras que muchos foros internacionales solo producen declaraciones sin derivar en proyectos tangibles. Luego, señaló al Foro Económico Internacional de San Petersburgo como la excepción, por ser un espacio donde realmente se firman acuerdos. En ese marco propuso crear una Mesa Permanente de Empresarios Latinoamericanos en el SPIEF, con asesoramiento sobre logística y pagos en monedas locales, y convocar una Cumbre de Sinergia Rusia – América Latina en la edición 2026 del foro.

“La conferencia confirmó lo fundamental: las universidades pueden ser el cerebro colectivo, los compatriotas un eslabón real de la diplomacia popular, y los negocios el motor de los vínculos sostenibles”, expresó.

Para cerrar, Jarmoluk expresó: “La diversidad de América Latina no es un obstáculo, sino nuestra ventaja. Invito a cada uno a elegir uno de los seis proyectos y comenzar a construirlo hoy mismo. De las iniciativas individuales a la política colectiva”.

Docentes e investigadores de la prestigiosa universidad privada difundieron un duro comunicado contra el ajuste del Gobierno y defendieron el financiamiento de las universidades públicas tras la visita del Presidente.

A menos de 24 horas de la exposición de Javier Milei en la Universidad de San Andrés, un amplio grupo de docentes e investigadores de la institución salió a cuestionar al mandatario con un contundente comunicado en defensa de las universidades públicas y contra el ajuste educativo impulsado por el Gobierno nacional.

El pronunciamiento, firmado por decenas de integrantes del cuerpo académico de la UdeSA, fue interpretado como una fuerte toma de distancia de la visita presidencial y un respaldo explícito al reclamo por el financiamiento universitario, en medio del conflicto abierto entre el Ejecutivo y las casas de estudio de todo el país.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino. Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país”, expresaron los docentes en el texto difundido este martes.

Además, reclamaron “el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso”, en un contexto atravesado por los recortes presupuestarios, la pérdida salarial y las protestas universitarias en distintos puntos del país.

La declaración tomó especial relevancia porque llegó pocas horas después de la charla que Milei brindó en la cátedra de Federico Sturzenegger, donde volvió a defender el ajuste del gasto público y cuestionó el rol del Estado.

Lejos de alinearse con el discurso presidencial, el colectivo académico defendió el sistema universitario público y remarcó la necesidad de garantizar recursos para sostenerlo.

“El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas puedan cumplir su misión”, señalaron.

Entre las firmas aparecen reconocidos investigadores y especialistas de distintas áreas, como Diego Golombek, Axel Rivas y Walter Sosa Escudero, entre otros integrantes del cuerpo docente de la institución privada.

José Luis Michelena, concejal de La Libertad Avanza en Ezeiza, protagonizó un explosivo momento en la última sesión del cuerpo al descargar su furia contra el vocero presidencial Manuel Adorni y las políticas económicas del Gobierno nacional. “Nos están cagando a todos”, lanzó sin filtros, y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: “Está entregando todo”. La intervención descolocó a su propio bloque y cosechó los aplausos de los concejales peronistas. Como consecuencia, Michelena fue expulsado de LLA.

El edil justificó su postura con su propia experiencia como comerciante. “Yo tenía seis negocios en la costa y los cerré a casi todos”, reveló, antes de disparar contra la dinámica interna del bloque libertario: “¿Es un bloque? ¿Los estoy descolocando? Porque me caliento cuando no estoy de acuerdo con algo y me dicen que tengo que estar”. La declaración expuso las tensiones que, según el concejal, atraviesan a quienes disienten dentro del espacio.

Lejos de bajar el tono, Michelena profundizó su cuestionamiento: “Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable”. Sus palabras resonaron con especial fuerza en un recinto donde sus propios correligionarios miraban en silencio.

Para cerrar, el concejal trazó una polémica comparación con la situación judicial de Cristina Kirchner: “Le ponen una pulsera a la ex presidenta con razón o sin razón, desconozco porque no estoy en la Justicia, pero este tipo se lava las manos”. Y concluyó con una frase que sintetizó su ruptura con el oficialismo: “Algunos quieren defender lo indefendible”.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, se registró el cierre de más de 24.000 empresas en Argentina, pasando de 512.357 unidades productivas registradas a 488.177. Este fenómeno ubica a la gestión actual como el período de mayor destrucción neta de unidades productivas en sus primeros 26 meses de mandato, superando los registros de cualquier administración desde que se cuenta con series comparables. Es gracioso: en un acto en el MALBA, el mandatario destacó a los empresarios y dijo que por fin “el Estado les sacó el pie de la cabeza”. ¿Si es así por qué cierran empresas todos los días?

El impacto recayó de manera desproporcionada sobre las pequeñas y medianas empresas: el 99,6% de los empleadores que desaparecieron durante los primeros 22 meses de gestión tenían hasta 500 trabajadores, lo que implica la salida del mercado de más de 20.000 pymes, frente a apenas 81 empresas de mayor tamaño que dejaron de operar. Entre las grandes firmas que cerraron operaciones o retiraron filiales del país se encuentran Bimbo, PepsiCo, Danone, Puma, Bridgestone, HSBC, Clorox, Mercedes-Benz, Exxon Mobil y Procter & Gamble, entre otras.

Los sectores más golpeados en cantidad de empresas cerradas fueron transporte y almacenamiento (5.239 empleadores menos), comercio mayorista y minorista (4.593), servicios inmobiliarios (3.101), industria manufacturera (2.436) y servicios profesionales (2.315). En el caso de la industria, la utilización de la capacidad instalada promedió el 57,9% en 2025, el nivel más bajo de los últimos diez años exceptuando la pandemia, y la producción acumuló una caída del 7,9% en el bienio 2024-2025, posicionando a Argentina como el segundo país con mayor retroceso industrial en una muestra de 56 naciones.

Según un informe de la consultora Fundar, la caída en la cantidad de empresas es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia, y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003. El correlato laboral es directo: desde la asunción de Milei se perdieron más de 236.000 empleos formales, y cada cierre de empresa equivale, en promedio, a 15 puestos de trabajo menos. Las causas estructurales señaladas por especialistas incluyen la apertura comercial, el tipo de cambio bajo, la retracción del mercado interno y fuertes subidas de costos en servicios, financiamiento y alquileres.

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo judicial y amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el Gobierno nacional. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán y a cargo del juez federal Sebastián Casanello, apunta a determinar si el patrimonio del legislador libertario tuvo un crecimiento injustificado desde su desembarco en cargos públicos nacionales, adonde llegó de la mano de su hermano.

El expediente se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso bajo sospecha la evolución patrimonial de Francisco Adorni y cuestionó la velocidad con la que canceló un crédito millonario otorgado por el Banco Provincia. Según la legisladora, los ingresos declarados por el diputado libertario no alcanzarían para justificar el incremento de bienes registrado entre 2024 y 2025.

Desde Comodoro Py ya comenzaron a analizar los movimientos salariales y administrativos del dirigente libertario durante su paso por el Ministerio de Defensa y por el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF), donde ocupó cargos estratégicos tras la llegada de Javier Milei al poder.

La Justicia sospecha de un “presunto incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni pasó a integrar la estructura nacional bajo la órbita política de su hermano Manuel, uno de los hombres más cercanos al Presidente.

En sus declaraciones juradas, el diputado informó un salto patrimonial de más de $40 millones en apenas un año. Entre los movimientos observados aparecen la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación acelerada de un crédito de $60 millones, operaciones que despertaron dudas en la fiscalía.

Pero el caso no termina ahí. La investigación también incluirá informes de ARCA, ARBA, AGIP, Migraciones, Banco Central, UIF y registros de propiedades, con el objetivo de reconstruir toda la trama financiera y patrimonial del legislador libertario. Incluso se cruzarán datos con la causa que ya investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio del creciente escándalo, Francisco Adorni intentó despegarse de las críticas lanzando un polémico sorteo de becas financiadas con fondos públicos para estudiantes secundarios de La Plata. La movida, difundida en redes sociales, fue interpretada por opositores y usuarios como un intento desesperado por mejorar la imagen del apellido Adorni justo cuando la presión judicial comenzaba a crecer.

La estrategia generó aún más controversia: mientras el oficialismo sostiene un discurso contra “la casta” y el gasto estatal, las críticas apuntaron a que el legislador utilizó recursos públicos para realizar una campaña de posicionamiento personal.

El avance de la causa golpea además las aspiraciones políticas de Francisco Adorni, que ya se perfilaba como posible candidato libertario para disputar la intendencia de La Plata en 2027. Ahora, el apellido Adorni quedó definitivamente bajo la lupa judicial y política.

La cadena Farmacity reportó pérdidas operativas millonarias y y admitio que la rentabilidad de su negocio “continúa siendo acotada”, en un escenario que se suma al reciente colapso de la cadena farmacéutica Doctor Ahorro.

Según el balance trimestral presentado por la compañía, Farmacity cerró el primer trimestre de 2026 con una pérdida operativa de $12.297 millones, afectada por la caída del poder adquisitivo, el freno del consumo y la persistencia de la inflación.

Aunque el resultado neto final mostró una ganancia de $4.961 millones, la mejora no provino de la actividad comercial sino del resultado financiero derivado de la revaluación del peso y del efecto de la inflación sobre su posición monetaria. El negocio operativo, en cambio, mostró señales de fuerte estancamiento.

Entre enero y marzo de este año, la empresa facturó $501.705 millones, apenas un 0,4% más que en igual período de 2025, reflejando una virtual parálisis del mercado de consumo masivo.

En su informe, Farmacity reconoció que el contexto económico continúa golpeando de lleno al comercio minorista. “El consumo, el comercio y la industria continuaron rezagados, afectando directamente el desempeño del consumo masivo”, señaló la empresa.

La cadena también advirtió sobre el cambio de comportamiento de los consumidores, que comenzaron a priorizar productos esenciales, buscar precios más bajos y reemplazar marcas tradicionales por segundas marcas. Ese fenómeno impactó especialmente en categorías clave para el grupo, como perfumería, cosmética y cuidado personal.

La presión sobre los márgenes quedó reflejada en el fuerte incremento de costos operativos. El costo de mercaderías vendidas alcanzó los $346.710 millones, mientras que los gastos de comercialización y administración sumaron más de $149.000 millones, absorbiendo buena parte de la rentabilidad generada por la operación.

Pese a haber reducido el rojo operativo frente al primer trimestre de 2025 —cuando había perdido $18.532 millones—, la compañía reconoció que todavía no logra recuperar niveles consistentes de rentabilidad y que el escenario macroeconómico sigue siendo “exigente”.

Dentro del grupo, el negocio de farmacias continuó sosteniendo la mayor parte de los ingresos, con ventas por $463.114 millones. Sin embargo, otras unidades como Get The Look continuaron arrojando pérdidas operativas, mientras que Simplicity mostró una desaceleración en sus resultados.

La situación de Farmacity se produce apenas meses después de la quiebra de Doctor Ahorro, que expuso la fragilidad financiera de muchas cadenas farmacéuticas frente a la caída del consumo y el aumento de costos. En el sector ya advierten que, si la economía no muestra señales de recuperación, podrían profundizarse los cierres, ajustes y reestructuraciones en una actividad históricamente considerada defensiva frente a las crisis.

Según los últimos relevamientos del sector, el consumo cayó un 6,8% interanual y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, reflejando el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo sobre los hábitos cotidianos de millones de familias.

La carne vacuna, históricamente vinculada a la identidad cultural y alimentaria del país, se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis de consumo. El aumento sostenido de los precios obligó a muchos hogares a reducir las compras de cortes tradicionales, optar por cantidades menores o reemplazar directamente la carne vacuna por alternativas más económicas como pollo, cerdo o productos elaborados.

El cambio se percibe tanto en supermercados como en carnicerías barriales. Comerciantes aseguran que las ventas continúan en caída y que cada vez más clientes buscan promociones, cortes baratos, carne picada o menudencias para sostener el consumo. En algunos casos, incluso el asado dejó de formar parte de las reuniones familiares habituales debido al costo que implica.

Desde cámaras frigoríficas y entidades agropecuarias advirtieron que el consumo per cápita anual se encuentra en mínimos históricos para un país tradicionalmente ganadero. Durante décadas, Argentina se ubicó entre las naciones con mayor consumo de carne vacuna del mundo, pero la combinación entre inflación, salarios rezagados y aumento de costos comenzó a modificar esa realidad.

A la caída del poder de compra se suma el incremento de los costos de producción. Productores señalan que el precio del alimento para el ganado, los combustibles, la logística y los servicios impacta directamente sobre el valor final que pagan los consumidores. El resultado es un mercado interno debilitado, donde las familias priorizan gastos esenciales y restringen consumos considerados históricos dentro de la dieta argentina.

El retroceso también preocupa a la industria frigorífica, que observa una desaceleración en la actividad y una menor demanda local, tradicionalmente uno de los pilares del sector. Frente a este escenario, muchas empresas apuestan a las exportaciones como vía para sostener la producción y amortiguar la caída del mercado interno.

Economistas coinciden en que la baja del consumo de carne vacuna funciona como un termómetro social y económico. En un país donde el asado simboliza parte de la vida cotidiana y cultural, la reducción en las compras no sólo refleja un cambio alimentario, sino también el alcance de una crisis que impacta de lleno sobre la capacidad de consumo de los hogares.

Aunque algunos sectores mantienen expectativas de recuperación si mejora el poder adquisitivo, reconocen que el escenario sigue siendo incierto y que muchos hábitos podrían transformarse de manera permanente incluso en un contexto económico más favorable.

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un explosivo pedido de informes al Gobierno de Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia, en medio de las denuncias por represión estatal y creciente conflictividad social en ese país.

La oposición advierte que podría tratarse de un nuevo episodio de asistencia encubierta a fuerzas represivas, reeditando el antecedente del envío de armamento durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019.

La iniciativa, encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por referentes como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, exige conocer qué tipo de carga transportaban las aeronaves militares, quién autorizó la operación y cuáles son los acuerdos vigentes entre la Argentina, Bolivia y el programa “Escudo de las Américas”, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las sospechas crecieron luego de que el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco denunciara públicamente que los Hércules argentinos no estarían trasladando ayuda humanitaria sino materiales destinados a reforzar la represión contra las protestas sociales que reclaman la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.

“Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión”, afirmó Marino, quien advirtió que “la sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”.

El reclamo opositor pone nuevamente bajo la lupa el rol de la Argentina en la crisis boliviana y revive el escándalo internacional por el envío de armas y municiones antidisturbios al régimen de facto de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado de 2019, una causa judicial que todavía continúa abierta.

Además del pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social y contra “toda forma de represión estatal e injerencia externa” en Bolivia. Allí cuestionó el alineamiento del gobierno de Milei con los comunicados del Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar que omiten las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“La Argentina no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez”, sostuvo el legislador, quien insistió en que “ningún recurso del Estado argentino puede ser utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano”.

La Justicia puso bajo la lupa una polémica licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y el caso amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno de Javier Milei.

El expediente, que involucra directamente a Karina Milei, ya comenzó a ser analizado por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió al Ejecutivo toda la documentación vinculada al proceso.

La contratación cuestionada corresponde al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Antes de definir si avanza formalmente con una investigación penal, el fiscal solicitó acceder al expediente completo para conocer el estado actual de la licitación y determinar si existieron irregularidades.

Según trascendió, el principal foco de sospecha apunta a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. De acuerdo con un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas empresas integrarían un mismo grupo económico, situación que podría haber generado una competencia ficticia dentro del proceso licitatorio.

“El procedimiento podría haber sido simulado para aparentar una compulsa entre oferentes”, sostienen los cuestionamientos incorporados al expediente judicial, una situación que abre interrogantes sobre la transparencia de la contratación promovida desde el área que conduce la hermana del Presidente.

La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza hoy enfrentada políticamente con el oficialismo. En la presentación judicial se mencionan posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.

La licitación pública N° 23-0005-LPU26 quedó así en el centro de una investigación que vuelve a colocar a Karina Milei en una situación incómoda y suma un nuevo capítulo de tensión política para la Casa Rosada.